Los partidos independentistas catalanes del Congreso han presentado un recurso contra la decisión de la Mesa del Congreso de rechazar la tramitación de su proposición de ley para amnistiar a todos los procesados y condenados por la consulta soberanista de 2014 y el proceso independentista del referéndum del 1 de octubre de 2017.
Mientras que el órgano de gobierno de la Cámara, apoyándose en el informe de los letrados, inadmitió la iniciativa por inconstitucional, los representantes de ERC, Junts, PDeCAT y la CUP esgrimen que impedir el debate de su ley supone una vulneración del derecho a la libertad de expresión.
Esta ley, que los independentistas habían prometido presentar en el Congreso antes de las elecciones catalanas, pretende amnistiar “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera el resultado”, desde el 1 de enero de 2013.
SUPONDRÍA UN INDULTO GENERALIZADO
Pero los letrados del Congreso desaconsejaron tramitar la iniciativa en la medida que, al suponer un indulto generalizado, “entraría en una contradicción palmaria y evidente” con lo establecido en el artículo 62 de la Constitución, que impide autorizar indultos generales.
La última amnistía se aprobó en 1977, precisamente como paso previo a las Cortes Constituyentes. Siguiendo ese criterio, la Mesa del Congreso rechazó que la iniciativa siguiera su curso. Eso sí, la decisión no fue unánime: la tramitación de la iniciativa fue rechazada por el PSOE, el PP y Vox, mientras que los tres miembros de Unidas Podemos apoyaron dejarla pasar.
El recurso de reconsideración busca que la Mesa rectifique ese veto y obligará a pronunciarse a los demás grupos parlamentarios en una próxima reunión de la Junta de Portavoces. Otros socios del Gobierno, como el PNV, Bildu o Compromís, ya habían anunciado su apoyo a la proposición de ley.
AGRAVIO COMPARATIVO
En concreto, en su escrito de reconsideración, recogido por Europa Press, las fuerzas independentistas comienzan contradiciendo el criterio de los servicios jurídicos del Congreso distinguiendo entre amnistía, una potestad que otorgan las Cortes Generales, e indulto, que depende del Gobierno y sólo puede ser individual.
Y, a renglón seguido, destacan que no sólo no se ha planteado “nunca” que la Ley de Amnistía de 1988 pudiera ser contraria a los principios constitucionales, sino que, además, el propio Tribunal Supremo ha puesto de relieve que trata de un texto normativo “plenamente vigente”.
De hecho, los firmantes de este recurso recuerdan que la Mesa del Congreso ya ha avalado esta tesis del Supremo “en dos ocasiones” permitiendo debates sobre la Ley de Amnistía a petición del Bloque Nacionalista Galego (BNG) y de Izquierda Unida (IU).
Por tanto, “alegar ahora que la institución de la amnistía es inconstitucional supondría una situación de agravio comparativo”, denuncian los independentistas, quienes creen que la decisión de impedir el debate de su iniciativa supone “una vulneración del derecho a la libertad de expresión y de discriminación ideológica de los y las diputadas de la Cámara”.
/El Digital de Albacete/
