Avanzan sanciones contra la temporalidad en la Administración española y limitar el encadenamiento de contratos

/El Digital de Albacete/

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha comprometido que la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público desarrollará medidas para prevenir y sancionar el abuso y el fraude de la temporalidad para que este tipo de contratos sean excepcionales y se delimite una duración máxima.

En su estreno en la Comisión del ramo en el Congreso, a la que ha acudido para exponer las líneas generales de la política de su departamento, ha hecho referencia a situaciones en las que trabajadores públicos llevan más de 15 años y hasta 20 años sin contrato fijo: “No puede ser, la ley lo ha de prohibir”, ha incidido el ministro.

Por otro lado, el ministro ha asegurado que aprobará nuevos procesos de estabilización del empleo, regulando la ampliación de los mismos, y que en ellos deberán promoverse la estabilización con carácter fijo de personal interino que desarrolla de forma permanente funciones de tipo estructural.

“Si una persona está en una Administración haciendo una labor que es permanente, lo normal es que lo desarrolle desde un contrato fijo”, ha afirmado Iceta, que también ha defendido “una internalización de servicios” que ahora están subcontratados. “Hay servicios que cuando se externalizan acaban costando más que si se desarrollan desde la Administración”, ha explicado.

REPENSAR LAS OPOSICIONES Y FIGURA DEL DIRECTIVO PÚBLICO

Además de la temporalidad, el titular de Función Pública ha mencionado el envejecimiento como otro de los retos de la Administración, y ha defendido “repensar los mecanismos de selección y modernizar los perfiles profesionales en el empleo público”, y que en las pruebas de acceso se “tenga más en cuenta la capacidad y aptitud y menos la habilidad memorística” de los opositores.

Por otro lado, Iceta ha informado de que la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público desarrollará la figura del directivo público profesional, y ha avanzado un proyecto de ley de evaluación de las políticas públicas, una reforma de la normativa básica en materia de incompatibilidades y que se acelerará la creación del registro obligatorio de ‘lobbys’ o grupos de interés.

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