/Marta López/
La Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Albacete dictaminaba favorable la aprobación de imposición de penalidades al contratista del contrato del servicio de redacción de los proyectos técnicos, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud para la posterior de la obra de nueva planta del Centro Socio Cultural para el Barrio Cañicas-Imaginalia.
En concreto daban luz verde a trasladar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Albacete la penalidad a la empresa adjudicataria del servicio de un importe cercano a los 800 euros por un retraso de más de 70 días.
El Informe emitido por el Ayuntamiento con fecha 24 de febrero de 2021 recoge que examinado el expediente de referencia se comprueba que en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se contiene la siguiente disposición relativa a las penalidades por el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la ejecución del contrato:
Examinado el expediente de referencia se comprueba que en el pliego de cláusulas administrativas particulares se contiene la siguiente disposición relativa a las penalidades por el incumplimiento o cumplimiento defectuoso en la ejecución del contrato: “Por demora (artículo 193.3): Penalidad diaria, en proporción a 0,60 euros por cada 1000 euros del precio del contrato (IVA excluido)”.
De este modo especificaban que el contrato del servicio de redacción de los proyectos técnicos, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud para la posterior de la obra de nueva planta del Centro Socio Cultural para el Barrio Cañicas-Imaginalia se encuentra sujeto a las disposiciones de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público.
Así, matizan que consta un Informe del Servicio de Arquitectura, Instalaciones y Edificios del Ayuntamiento de Albacete fechada en octubre de 2020 recoge el incumplimiento de la ejecución del contrato por la mercantil adjudicataria proponiendo la imposición de una penalidad de 74 días de retraso. Del mismo modo recoge el informe que la empresa adjudicataria presentaba las oportunas alegaciones, según las cuales entiende que se han producido cambios de criterio que justifican el retraso y que no les han sido notificados a través de la sede electrónica, entendiendo que en cualquier caso el retraso máximo que se les podría imputar asciende a 17 días, en lugar de 74.
Finalmente la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Interior, Patrimonio, Contratación y Buen Gobierno determinaba que la penalidad a imponer asciende a 799 euros correspondientes a 71 días de retraso. Tras ello la propuesta de penalidad deberá ser aprobada por el órgano de contratación que es la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Albacete.
