/El Digital de Albacete/
El Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid ha puesto fin a la instrucción sobre el presunto origen ilícito del patrimonio del ex ministro de Economía Rodrigo Rato, al que atribuye presuntos delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y fiscales por, presuntamente, haber repatriado a España casi ocho millones de euros desde paraísos fiscales mediante un entramado societario.
Después casi seis años de pesquisas que han pasado por distintos juzgados, finalmente el juez Antonio Serrano-Arnal ha acordado, en un auto del 23 de febrero conocido este lunes, transformar las diligencias previas de la instrucción en procedimiento abreviado, dando traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado para que en 20 días presenten escrito de acusación.
El juez ha propuesto procesar a Rato, a Miguel Ángel Montero –administrador de varias empresas del ex vicepresidente del Gobierno– y al abogado Domingo Plazas Ruiz y su despacho, Plazas Abogados, por esos tres delitos.
Además, por corrupción en los negocios ha señalado a la que fuera secretaria de Presidencia en Caja Madrid y directora de coordinación de la Presidencia en Bankia, María Teresa Arellano; a Alberto Portuondo, uno de los ‘hombres’ de Montero; a las empresas Publicis Comunicación y Zenith Media y a siete personas relacionadas con ellas.
En cuanto al blanqueo de capitales, ha apuntado también a Santiago Alarcó, al que identifica como el dueño de la estructura KRADONARA-VIVAWAY, por la que habría transcurrido el dinero investigado, mientras que también ha achacado el delito fiscal a Ramiro Sánchez de Lerín, quien fuera secretario general y del Consejo de Administración de Telefónica.
Sin embargo, la decisión del juzgado madrileño aún no es firme, ya que las partes pueden presentar recursos de reforma ante el mismo juez en un plazo de tres días o de apelación ante la Audiencia Provincial en cinco días.
