/El Digital de Albacete/
Un joven informático con residencia en la localidad alicantina de Orihuela fue parado el mes de enero en un control rutinario de alcoholemia de la Guardia Civil en Albacete, y según apuntan desde ‘Confilegal’ “fue inmediatamente detenido”.
Así, sostenía la publicación que al cotejar la documentación de este joven con la información aportada por la base de datos de la Benemérita “saltó la existencia de una requisitoria de búsqueda y captura e ingreso inmediato en la prisión de Albacete”.
Al parecer el origen de la detención era una condena de un año de prisión por un presunto delito de estafa que “la magistrada titular del Juzgado de lo Penal 2 de Almería le había impuesto en sentencia de 17 de enero de 2020”. En concreto, según apuntaba esta misma información, la supuesta estafa habría consistido en “irse sin pagar de un establecimiento hotelero de Almería, donde pasó cuatro días en 2017 por motivos de trabajo”.
Una estancia hotelera con la que el detenido “habría generado una deuda de 856,05 euros”, apuntaba su abogado, Juan Gonzalo Ospina a ‘Confilegal’. Así, la publicación recogía que fue detenido en 2018 en su domicilio de Orihuela y trasladado a Almería donde en un primer interrogatorio judicial reconoció haber pasado esos días en el hotel pero también indicó que su empresa lo había pagado con la tarjeta de crédito con la que le habían hecho la reserva previamente, pero al parecer esto no había sido así.
Semanas después de su estancia el hotel se puso en contacto con el ahora detenido con el objetivo de informarle de que habían interpuesto una denuncia en los Juzgados por este hecho. Así, el acusado solicitó a la cadena hotelera una factura para reclamar el pago a su empresa, de donde “fue despedido un mes después del viaje”. Tras el interrogatorio fue puesto en libertad.
Sin embargo, tras su detención el pasado mes de enero conoció que había tenido lugar un juicio contra su persona y que había sido condenado. Así, su abogado sostenía que “a mi cliente jamás le notificaron la acusación formulada contra su persona ni tampoco sobre la apertura de juicio oral”, y añadía que “ni mucho menos se le citó a juicio personalmente”.
Continuaba manifestando que “tampoco se le notificó el resultado para que pudiera recurrir en apelación”. Por todo ello consideraba el abogado que “hubo una vulneración clara y evidente del artículo 24.1 de la Constitución”. Tal y como señalaba la publicación “según consta, el Juzgado de lo Penal 2 de Almería envió un exhorto al Juzgado Decano de Orihuela en 2018 para que le entregaran el escrito de calificación del Ministerio Fiscal y el auto de apertura de juicio oral”. Además, en octubre del mismo año el citado Juzgado almeriense dictó una providencia señalando que el exhorto a Orihuela había sudo devuelto “sin que se le hubiera podido notificar nada al joven”, acordando pues continuar con la tramitación de la causa, habiendo sido designada una procurado y un abogado de oficio.
“¿Alguien puede creerse que un joven informático, con empleo y una vida estable, iba a arriesgarse a que le sucediera lo que le ha sucedido? De haber sido informado, con toda probabilidad la sentencia no habría sido condenatoria. O en el caso de haberlo sido, al no tener antecedentes, tras abonar dicha cantidad, no habría entrado en la cárcel. Lo que ha habido aquí es un evidente error judicial”, afirmaba el abogado. Igualmente sostenía que “si la Policía Nacional supo donde vivía, ¿cómo la Justicia no pudo localizarlo?”.
Del mismo modo, destacaba la publicación que “en los casos de delitos castigados a menos de dos años de cárcel el acusado puede optar por no acudir”. Sin embargo subrayaban que “el tribunal tiene que asegurarse que ha sido citado de forma personal o en su domicilio”, tal y como establece la ley. «Y eso nunca se produjo», aseguraba el abogado.
Pese a esta supuesta irregularidad, el Juzgado de lo Penal 2 de Almería decretó “la firmeza de la sentencia condenatoria e incoó el expediente de ejecutoria consiguiente”. Un hecho que supuso su detención y el ingreso en prisión en Albacete el pasado mes de enero.
Por todo ello su abogado solicitaba desde el pasado 4 de febrero la puesta en libertad de su cliente. El letrado incluso ha presentado “una denuncia ante el fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Almería contra la letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo Penal, por los supuestos delitos de prevaricación judicial, del artículo 446 del Código Penal, contra la libertad individual del artículo 530 del mismo Código, y de retardo malicioso de la Administración de Justicia, del artículo 49.
Consideraba el abogado que “lo que está sucediendo con este caso es altamente irregular”. Además añadía que “es una aberración jurídica y procesal”. Por tanto consideraba que “están privando a una persona de su libertad, a sabiendas de que no tendría que estar en la cárcel argumentando una supuesta falta de legitimación de su abogado, que soy yo”.
Concluía que este caso solo tiene una posible solución “que pongan en libertad a mi cliente ya porque cada minuto que pasa en la cárcel aumenta una injusticia que jamás debió haberse producido”.
