/El Digital de Albacete/
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha realizado más de 850 actuaciones inspectoras en residencias de mayores de la región durante el año 2020, en el marco del Plan Excepcional de Inspección en centros de personas mayores puesto en marcha por la Consejería de Bienestar Social.
Este es uno de los datos que ha aportado la titular de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, durante su comparecencia este viernes en la reunión telemática de la Comisión de Bienestar Social de las Cortes regionales para informar sobre la situación actual, incidencia, actuaciones realizadas y previsión de medidas extraordinarias a implementar en relación con la evolución y tercera ola de la covid-19.
Sánchez ha enmarcado el Plan Excepcional de Inspección, que contempla medidas como la supervisión de planes de contingencia de estos centros, el cumplimiento de las normativas y actuaciones de orientación, apoyo y supervisión, en la segunda fase del plan de respuesta social frente a la covid-19 en centros residenciales que activó la Consejería para las 343 residencias de la región que atienden a 26.000 usuarios.
La segunda fase, centrada en el control, ha sido posterior a una primera fase de prevención en la cual, ha explicado Sánchez, se han tomado medidas tendentes a la reserva estratégica de material, a la formación del personal, a la elaboración y actualización de planes de contingencia, al establecimiento de canales de comunicación con los centros residenciales y a la puesta en marcha del Teléfono Social 900 40 40 30.
Asimismo, la tercera fase ha estado dirigida a la Atención Especializada en centros residenciales y, para ello, el Gobierno activó un plan de comunicación entre residentes y familiares cuando tuvieron que ser suspendidas las visitas, un protocolo específico de visitas, un plan de acompañamiento en los últimos días y un mecanismo de soporte psicológico para profesionales y familias.
Además, en coordinación con la Consejería de Sanidad, se ha llevado a cabo un protocolo de pruebas diagnósticas para profesionales, y se ha creado una Bolsa Social de Trabajo para cubrir bajas laborales en residencias y dar «una respuesta rápida a cualquier hora del día», ha remarcado Sánchez, al tiempo que ha resaltado que desde el inicio de la pandemia se han incorporado 2.265 trabajadores a las residencias públicas de la región con contrato de sustitución y refuerzo.
Y la cuarta fase del Plan de respuesta social frente al coronavirus, ha agregado, está constituida por la intervención urgente e incluye medidas como el cierre de residencias en casos de extrema gravedad, desinfecciones integrales, reasignación de profesionales, disponibilidad de espacios o centros residenciales especializados para atención temporal de personas afectadas por la covid-19 y, sobre todo, la vacunación de residentes y profesionales.
En este sentido, Sánchez ha dicho que la primera dosis de la vacuna contra el virus está administrada con carácter general en las residencias, salvo en las que hay casos positivos de covid-19, y que la segunda dosis se está poniendo «con toda la celeridad» teniendo en cuenta la disponibilidad de las vacunas, que ha confiado en que sea más regular.
Con todo, ha considerado que hay «notables diferencias» en la afección del virus entre la primera y segunda ola y entre la segunda y tercera, de modo que, ha aseverado, afecta de manera desigual desde el punto de vista territorial y que hay una «menor gravedad» en la incidencia y en la mortalidad.
Pese a todo, ha cifrado en un 38,7 % los fallecimientos en residencias de mayores con respecto a los 4.836 en total que se han producido en Castilla-La Mancha.
Por otro lado, Sánchez ha señalado que la situación a la que ha dado lugar la pandemia ha llevado a su departamento a adaptar y reforzar muchos de los servicios y programas de atención a personas mayores en su entorno como la ayuda a domicilio y la teleasistencia.
En ayuda a domicilio, ha indicado que se ha prestado el servicio a más de 35.000 personas y se han superado los 4,5 millones de horas de trabajo en colaboración con los 690 ayuntamientos que tienen este servicio, además de que más de 500 auxiliares han participado en el plan de formación.
Respecto al servicio de teleasistencia, se ha puesto en funcionamiento un plan de seguimiento telefónico intensivo con la finalidad de llegar a las 55.000 personas que son el 100 % de los usuarios y, sobre todo, a las 26.700 de ellas que viven solas, ha apuntado.
Igualmente, un plan excepcional de teleasistencia para municipios y una guía de recomendaciones, además de iniciar los trámites para modificar la normativa de teleasistencia y hacerla universal, gratuita y automática para todos los mayores de 70 años.
También se han adaptado las actividades de envejecimiento activo, ha añadido, y se ha desarrollado un plan de respuesta de servicios sociales ante la emergencia social generada por la covid-19 con 150 equipos profesionales y una primera convocatoria de ayudas, dotada de 15 millones de euros.
A ello ha sumado el ingreso mínimo vital (IMV), que ya se ha implantado en 6.679 familias de la región, y el ingreso mínimo de solidaridad (IMS), que reciben 2.752 personas.
Ha incidido, asimismo, en que los hogares de menores han intensificado las medidas de protección durante la pandemia, han incorporado las nuevas tecnologías y han contratado 67 profesionales, así como que la Consejería ha mantenido, entre otras, la financiación de la red de atención a personas con discapacidad y ha atendido a 18.000 personas con discapacidad auditiva a través de 5.700 servicios de mediación y 2.700 de lenguaje de signos.
Por parte de los grupos parlamentarios, la diputada regional de Ciudadanos (Cs) Úrsula López ha advertido de que en las residencias de mayores hay más casos sospechosos de muerte por covid-19 y ha elevado al 70 % los fallecimientos en residencias con respecto al total de la región durante la pandemia, así como ha acusado al Gobierno regional de «falta de transparencia» con respecto a los datos del coronavirus.
El diputado regional del PP Vicente Aroca ha coincidido en esta visión de las residencias y ha afirmado que «algo está fallando y da la sensación de que no hemos aprendido nada o muy poco» pese a los más de diez meses de pandemia, y ha expresado la preocupación de los ‘populares’ por el posible parón en la vacunación que puede producirse en próximas fechas.
A su vez, el parlamentario socialista Pablo Camacho ha valorado las decisiones que ha adoptado el Gobierno regional para controlar, a través de inspecciones, la situación de las residencias, si bien ha subrayado que la Consejería de Bienestar Social no ha paralizado el trabajo previsto a pesar de la covid-19.
