/El Digital de Albacete/
Ante las protestas que protagonizan hoy transportistas del servicio de transporte escolar, desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes el Gobierno de Castilla-La Mancha afirma que ·”queremos realizar una serie de consideraciones”.
Así pues y según indican fuentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, “en primer lugar, consideramos que estas protestas no están justificadas porque desde la administración educativa se están cumpliendo los compromisos adquiridos con el sector”.
Igualmente, desde la Junta señalan que, “tras la declaración del Estado de Alarma, desde la Consejería, en cumplimiento del artículo 34 del Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, se acordó indemnizar a todas las empresas del transporte escolar con el 50 por ciento del coste del servicio de las rutas que se habían tenido que suspender, lo que suponía el desembolso aproximado de 3.500.000 euros”.
Según indican las mismas fuentes, “hemos sido la única comunidad autónoma que procedió a adelantar por anticipado la mitad de esa indemnización (1.750.000 aproximadamente). El pago de la otra mitad restante está supeditado a que acrediten la realidad de los gastos ocasionados por la suspensión del servicio, tal como exige la Ley. Y a pesar de las diferentes prórrogas que se han concedido a estas empresas, hasta el momento no se ha producido en ningún momento esta justificación”.
La Junta manifiesta que “ante la pretensión de las concesionarias del transporte escolar de sustituir esta justificación de estos gastos por una declaración responsable, desde la Consejería de Educación queremos dejar claro que este hecho no es aceptable legalmente y prueba de ello es que ninguna comunidad autónoma ha accedido a proceder de este modo”.
Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha quieren recordar también que “desde la Consejería se han adoptado otras medidas para ayudar a este sector como permitirles el fraccionamiento de la garantía definitiva que tienen que depositar para ejecutar los contratos, o prorrogar de oficio todas las rutas, aun cuando ya no tuviesen esa posibilidad, aprovechando la oportunidad que daba el Real Decreto Ley de Estado de Alarma”.
Pagos ordinarios y medidas sanitarias
Sobre los pagos ordinarios, y según manifiesta la Junta, cabe indicar que “se están haciendo a 30 días en todas las provincias de la región exceptuando en Toledo, donde debido a unos problemas con la tramitación de las prórrogas de los contratos, que ha requerido su elevación a Consejo de Gobierno, se ha retrasado el inicio de los pagos. Solucionado ese problema, ya se han abonado a las empresas que prestan servicio en la provincia de Toledo un montante de 714.000 euros del mes de septiembre, y otros 400.000 euros ya del mes de octubre se abonarán durante el día de hoy. El resto de ese mismo mes está ya en Intervención para ser abonado en los próximos días”.
En cuanto a las críticas vertidas sobre las medidas sanitarias a cumplir en los autobuses, la Junta recuerda que “cabe indicar que no se les han impuesto obligaciones adicionales que requieran compensación económica. Limpiar los vehículos una vez al día es algo a lo que ya están obligados según sus contratos y la única exigencia adicional que se les ha hecho es que esa limpieza se produzca con un producto viricida como puede ser la lejía, tal como lo han indicado las autoridades sanitarias. En todo caso, los responsables de la administración educativa, que se han reunido en numerosas ocasiones con representantes del sector, están abiertos al diálogo y el acuerdo, siempre respetando los márgenes legales”, concluyen al respecto desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
