El PP de Albacete solicitará instar al gobierno de España la paralización de la “Ley Celaá” e iniciar su tramitación consensuada con la comunidad educativa y las fuerzas políticas constitucionales

/El Digital de Albacete/

La concejal responsable del área de educación en el Grupo municipal del Partido Popular, Joaqui Alarcón, ha informado en la mañana de hoy sobre la moción que su grupo presentará en el próximo pleno municipal, donde se solicita instar al Gobierno de España a que paralice la tramitación de la LOMLOE, más conocida como Ley Celaá, para contar con una Ley educativa que salga del consenso de toda la comunidad educativa (docentes, padres y profesionales) y de las fuerzas políticas constitucionalistas.

Joaqui Alarcón ha señalado que una de las finalidades de esta moción es defender la libertad y la calidad como eje fundamental e irrenunciable de nuestro sistema educativo, apoyar a la red pública pero también a la concertada como redes totalmente complementarias que son garantes de la libertad de elección de los padres. 

Del mismo modo, ha continuado la edil, “es imprescindible defender y apoyar los centros de Educación Especial y el derecho de las familias a elegirlos como propuesta educativa para sus hijos como modelo de educación totalmente inclusiva”.

Otra de las pretensiones fundamentales de esta moción es la defensa para que la lengua vehicular ordinaria de la enseñanza en todo el territorio español sea el castellano y, en aquellas comunidades autónomas en las que existan lenguas cooficiales, éstas también podrán ser previstas como lenguas vehiculares”.

Desde el Partido Popular aseguran que la educación es la clave del éxito de un país, por eso es imprescindible que el sistema educativo esté libre de ideologías y sectarismos y así mismo, su diseño ha de ser fruto del diálogo con la comunidad educativa y el acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. De hecho, nuestra Constitución de 1978 recoge la necesidad, tal y como reza el artículo 27.5, de que los poderes públicos garanticen el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza con la participación efectiva de todos los sectores afectados.

Precisamente eso es de lo que ha carecido la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) que apenas ha contado con la participación de los sectores implicados y por ello ha soliviantado a gran parte de la comunidad educativa porque pretende cercenar uno de los derechos fundamentales, la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos, pero claro nace de la premisa de que los hijos no son de los padres sino del Estado. Tampoco la opinión de los docentes ha contado mucho en la tramitación de esta Ley que no prima el esfuerzo y permite ir pasando de curso acumulando suspensos, lo que supondría un golpe mortal a la calidad del ya maltrecho sistema educativo en nuestro país, rebajando su calidad y exigencia y destruyendo así la motivación de alumnos y docentes. 

Joaqui Alarcón ha informado que son muchos los colectivos educativos los que han pedido y están promoviendo la paralización de la reforma educativa que está impulsando el Gobierno de PSOE y Podemos y que además recoge cesiones intolerables a los nacionalistas para excluir al castellano como lengua vehicular en determinadas comunidades autónomas, lo que supone de hecho privar a los padres de las herramientas necesarias para poder elegir libremente la enseñanza de sus hijos en la lengua oficial de España y poder exigir su cumplimiento efectivo. “Defendemos que la lengua vehicular ordinaria de la enseñanza en todo el territorio español sea el castellano, y, en aquellas comunidades autónomas en las que existan lenguas cooficiales, éstas podrán también ser previstas como lenguas vehiculares”. No se trata de excluir y privar a los alumnos catalanes o de cualquier otra comunidad de la enseñanza en la lengua oficial del Estado, una lengua que hablan casi 500 millones de personas en el mundo, sino de incluir y apostar por bilingüismos e incluso trilingüismos para hacer de nuestros hijos e hijas más competitivos en un mundo que es global. 

La edil ha destacado que esta no es la única medida intolerable que recoge la LOMLOE, conocida como Ley Celaá, que refleja además el desmantelamiento de los centros de educación especial en España, unos centros que cuentan con recursos y medios necesarios para poder atender a aquellos niños con necesidades especiales. No segregan como pretende hacer creer la señora ministra, sino que todo lo contrario, permite la inclusión de un colectivo que sin estos centros tendría mucho más difícil poder llevar una vida lo más normalizada posible y privan a muchos padres de la libertad de elegir si quieren esa educación para sus hijos. 

Tampoco nos podemos olvidar de los ataques a la educación concertada que pretende erradicar de nuestro sistema educativo privando vez más a los padres de elegir libremente la educación de sus hijos porque colegios concertados hay muchos y muy variados, desde los que forman cooperativas de docentes, hasta los que gestionan fundaciones religiosas. Por todo esto, “debemos defender la libertad y la calidad como ejes fundamentales e irrenunciables de nuestro sistema educativo” porque las familias tienen el derecho de elegir libremente qué educación quieren para sus hijos, por eso apoyamos a la red pública, a la concertada y a la privada como redes que son totalmente complementarias y nunca excluyentes. Ha añadido.

Ello hace necesario que el Gobierno de España paralice la tramitación de la LOMLOE para que la comunidad educativa pueda participar en el diseño de un proyecto de Ley Orgánica a través de comparecencias de expertos educativos y sectores implicados, pero que cuente también con la opinión de las familias, de los profesionales o del consejo escolar. Porque la Ley tal y como está ahora planteada está lejos de todo consenso social, fractura la vertebración de una enseñanza común para todos los españoles, se margina al castellano como lengua vehicular en algunas comunidades y se limita la libertad de elección. 

Por último, Joaqui Alarcón ha señalado que en España hace falta de una vez por todas un gran Pacto de Estado por la Educación que cuente con una amplia participación de la toda la comunidad educativa. “Nuestros hijos tienen derecho a una educación de la máxima calidad adaptada a un mundo cada vez más competitivo, por eso apoyamos la realización de pruebas académicas de carácter nacional que evalúen las competencias y conocimientos”. 

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