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Las fotos de un desahucio en Castilla-La Mancha podrían llevarle a la cárcel

TOyota

/El Digital de Albacete/

La Fiscalía de Guadalajara ha solicitado una pena de cuatro años y medio de prisión para un activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que, en marzo de 2019, fotografió a los miembros de la comisión judicial que estaban ejecutando un desahucio, en el Barrio del Alamín, de una pareja con un bebé.

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Según ha informado la PAH en una nota de prensa, los funcionarios desalojaron a una pareja de 17 y 19 años y a su bebé recién nacido, cuando el imputado, vecino de ese barrio, protestó junto a otras personas desde los balcones y difundió las imágenes del lanzamiento.

La PAH ha convocado una rueda de prensa este martes para denunciar «un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información».

El auto de procesamiento señala al activista, con la única acusación de la fiscalía, como autor de un posible delito de injurias con publicidad, un delito contra la intimidad y otro de desobediencia, por el que se solicita una pena de cuatro años y medio de prisión.

En su escrito de acusación, el fiscal refiere que cuando los agentes judiciales habían realizado todas las diligencias correspondientes y se encontraban esperando en la vía pública, el acusado comenzó junto a otras personas no identificadas a fotografiar a los miembros de la comisión judicial y luego publicó las fotografías en redes sociales desde la página de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

El fiscal se acoge al «derecho a la intimidad» de los funcionarios judiciales para formular esta acusación, «a pesar de que estaban practicando una actuación en la vía pública, mediante un procedimiento judicial que no era secreto y con un despliegue policial que llamaba la atención de cualquiera», ha afirmado la PAH.

La plataforma ha señalado que «en España las actuaciones judiciales son públicas, siempre y cuando las mismas no estén bajo secreto, que no era el caso», pero a pesar de eso la imputación la han enmarcado en los llamados «delitos de revelación de secretos».

A su juicio, «este procesamiento y esta actuación de la fiscalía pone en grave peligro el derecho a la información», además, la PAH ha considerado que el lanzamiento supuso «una vulneración grave de derechos humanos básicos, y en especial los de la infancia, pero por alguna razón alguien no quiere que se sepa que en España, y en Guadalajara, se desahucia a bebés, y es más, quiere aún encima que quienes lo ejecutan permanezcan en el anonimato».

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