El Gobierno regional presentó hace semanas el anteproyecto de la Ley de Medidas Integrales para la protección del patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas.

Una iniciativa que ya anunció el presidente del Ejecutivo castellanomanchego, Emiliano García-Page, que adelantaba que Castilla La Mancha iba a presentar una norma “muy contundente” en este sentido.

El consejero de Fomento, el albaceteño Nacho Hernando,  explicó que
“es un texto que persigue terminar, de una vez con todas, con una tremenda injusticia que se está produciendo en España y que en los últimos años, cada vez más, tiene un crecimiento exponencial. Una injusticia donde los agresores tienen mayor respaldo jurídico que las víctimas; es la ocupación ilegal de lo que estamos hablando y lo que queremos atajar”.

Hernando afirmaba que la ocupación ilegal “es un problema y acto delictivo perpetrado por determinadas personas y no se asemeja en nada al drama que vivió este país en forma de desahucios de familias que habían pagado su hipoteca hasta que perdieron su trabajo por culpa de los recortes o de la crisis económica”, sino que “lo que se está llevando a cabo, a través de la ocupación ilegal, es una acción premeditada con finalidad lucrativa que aprovecha la situación de vulnerabilidad de muchas familias para disfrazar acciones delictivas”.

Endurecimiento de penas, persecución de ‘mafias de ocupación’ y protección a la ciudadanía

Nacho Hernando detalló que entre los cambios que registra esta ley se encuentra la transformación para considerar esta situación un “delito grave” proponiendo un endurecimiento de las penas hasta tres años -en caso de uso de la violencia o intimidación- y multa de hasta doce meses -en caso de ocupación pacífica no consentida-, así como el aumento del tiempo de prescripción del delito de uno a cinco años, ya que el actual plazo de un año acarrea en múltiples ocasiones que el delito quede sin castigo, por haber prescrito.

Asimismo, recoge la tramitación por juicio rápido de las ocupaciones, la facultad de la policía para poder denunciar ante el Juzgado con el atestado de la ocupación y el ‘desalojo exprés’, con un plazo de 48 horas para que los juzgados deban acordar el desalojo del ocupa.

La iniciativa legislativa contempla un aumento de los agravantes con sanciones para la utilización de las viviendas ocupadas para la comisión de otro tipos de delitos graves, como puedan ser la explotación laboral y sexual de personas; actos de prostitución y de explotación sexual y corrupción de menores; la elaboración, distribución y venta de sustancias estupefacientes; la ocultación de material robado o su receptación; el uso de fuerza en las cosas; o la reincidencia del autor o autores de la ocupación ilegal.

La ley introduce dos atenuantes: por una parte, el abandono de la vivienda en el plazo de tres días, y por otro, delatar a quienes bajo coacción, amenaza o violencia le han llevado a estar en la situación de ocupación ilegal, “sin eximir del delito”, ha destacado Hernando.

Además, con este proyecto legislativo se fortalecen el catálogo de diligencias y medidas cautelares que permita a los tribunales disponer el desalojo inmediato y la recuperación provisional del bien ilícitamente usurpado, en tanto en cuanto se continua la investigación judicial para calificar jurídicamente los hechos y pretende residenciar el delito en el ámbito del juicio rápido por la vía penal, en vez de en el ámbito de juicio con jurado.

De igual manera, recoge el fortalecimiento tanto del papel de los ayuntamientos como de las comunidades de vecinos para hacer frente a la ocupación ilegal y propone que ambos queden legitimados para poder denunciar ocupaciones.  Por tanto, contempla ampliar la legitimación para actuar, sobre todo en aquellos casos en los que, requiriéndose una respuesta rápida ante la ocupación reciente o en ciernes de un inmueble, el propietario se desentienda o ni tan siquiera tenga conocimiento de la ocupación. Además, se abre la posibilidad de que se sancionen con pérdida de ayudas para adquirir o alquilar vivienda durante el periodo que establezca cada administración.

Hernando ha destacado que “entendemos que en la ocupación ilegal hay más víctimas que el propietario, ya que hay una bolsa con aquellas personas que están en listas de espera para acceder a una vivienda pública y, en estas circunstancias, el primer perjudicado es esa persona”, ha hecho hincapié el consejero.

Asimismo, se propone modificar las reglas del padrón municipal para impedir la inscripción de los ocupas, garantizando en todo momento la protección del menor en prestaciones tan esenciales como la atención sanitaria y educativa, “ya que, el padrón municipal no puede albergar situaciones tan injustas a través de una conducta contraria al ordenamiento jurídico, y en su caso delictiva, como lo es la usurpación del uso de un inmueble ajeno”.

El consejero de Fomento ha explicado que “el padrón tiene que hacer real y efectivo el derecho a la vivienda digna y adecuada y no podemos admitir en un padrón a quienes están viviendo en condiciones de infravivienda como cuevas o chabolas”, además ha continuado “consideramos razonable exigir un título de propiedad o contrato a la hora de empadronar”.

Hernando augura unanimidad para la ley antiokupación del PSOE y desvela contactos a nivel estatal para abrirle camino

El consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha ha augurado que la Proposición de Ley presentada por el Grupo Socialista en las Cortes regionales para atajar el problema de la okupación ilegal de viviendas recibirá el respaldo unánime de todos los grupos con representación parlamentaria, más allá de que el Partido Popular haya presentado de forma paralela una iniciativa similar.

En una entrevista con Europa Press, Hernando ha hecho referencia a la propuesta alternativa de los ‘populares’, grupo que además ha presentado 67 enmiendas parciales a la iniciativa socialista sobre el mismo tema. Así, ha considerado que la intención del partido presidido por Paco Núñez no es otra que la de «presentar» la ley «por detrás» para así «poder decir que la ha presentado», ya que resta credibilidad a su estrategia toda vez que ni siquiera se la adelantaron a él mismo como consejero de Fomento.

Mientras que la propuesta de ley socialista recibió el visto bueno del Consejo de Gobierno para arrancar su andadura parlamentaria, la proposición del PP, presentada en la misma semana, sigue esperando la no oposición del Ejecutivo, si bien ya queda bloqueada hasta al menos el próximo periodo de sesiones y siempre y cuando no saliera adelante la ley del PSOE, por lo que virtualmente se trata de un texto ya caducado. «La ley del PP ya no se puede tramitar».

Ahora, ha dicho, toca ver si el Partido Popular mantiene un «planteamiento poco sincero de diálogo» como el que, a su juicio, ha demostrado hasta ahora sobre este tema.

Aún así, ha reconocido que hay algunas propuestas del PP en la materia que «pueden ser útiles y se pueden aceptar», por lo que tanto el Gobierno como el PSOE leerán sus enmiendas, del mismo modo que lo harán si Ciudadanos decide hacer aportaciones.

Con todo, asegura tener la intuición de que la ley recabará la unanimidad de los tres grupos parlamentarios, si bien la luz verde de la Cámara regional será sólo el punto de partida para un nuevo periplo, esta vez a nivel estatal y en el Congreso de los Diputados si el Consejo de Ministros da el visto bueno, ya que se trata de una legislación que afecta a varias normativas de régimen estatal.

Cuando salga el texto del Convento de San Gil, la forma «más leal» de avanzar en su tramitación definitiva es plantearla al Gobierno de Pedro Sánchez, con el que hay «un buen diálogo al respecto».

Incluso, ha desvelado, ya ha habido algún contacto para abrir camino, y en ese primer acercamiento «no ha recibido un no». «Podría parecer una ley que iba a recibir un ‘no’ en esa primera ronda, pero no ha sido así», ha zanjado.

MÁS LEYES DE SU CARTERA

Hernando también ha hecho alusión a la Ley SUMA, en plena tramitación, como otro de los textos legislativos impulsados por su departamento, una norma que, tal y como ha vaticinado, también saldrá adelante por unanimidad, ya que para los grupos de la oposición «sería muy difícil explicar hasta qué punto va a ser trascendental».

Se trata de una ley que «viene a resolver cuellos de botella que en 15 años han dificultado la instalación de empresas en muchos municipios», extremo que ahora esta norma viene a resolver.

«Es la mayor baza y oportunidad que tendrán los pequeños municipios en todo lo que llevamos de siglo XXI, y es algo que están diciendo todos los sectores económicos y los pequeños ayuntamientos», ha aseverado, añadiendo además que la ley servirá de base para abordar la próxima reforma de la LOTAU «con tranquilidad».

Al respecto de la Ley del Paisaje, ha recordado que se encuentra en trámite de consulta pública, y vendrá a dotar a las entidades locales de «herramientas que les permitan, a través de procesos de participación, definirse a sí mismos y cómo quieren ser desde el punto de vista paisajístico».

Por último, preguntado por la Ley de Vivienda surgida en la pasada legislatura a instancias de Podemos, ha dado carpetazo al texto, asegurando que recogía extremos que «no eran aceptables». Además, ha dicho en este punto que hay que esperar a una ley de ámbito nacional antes de entrar en más detalle desde la Administración autonómica.