/Llanos García/
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete ha condenado a una mujer, previa conformidad entre las partes, a una multa de 1.080 euros, a un año de suspensión de empleo o cargo público así como a indemnizar a los perjudicados por un delito de exacciones ilegales.
Los hechos probados de la sentencia señalan que la acusada trabajó desde el 3 de abril de 2000 al 31 de julio de 2014 para el Colegio de Abogados de Albacete, en las dependencias que tenía en la sede de los Juzgados de Hellín. El Colegio de Abogados de Albacete, para toda la provincia, tenía en aquel momento entre sus funciones facilitar a los solicitantes de asistencia jurídica gratuita la información necesaria en relación con el cumplimiento de los requisitos para su concesión, así como el auxilio en la redacción de las solicitudes correspondientes. La asistencia jurídica gratuita es totalmente gratuita, desde la solicitud hasta el último trámite que deba llevarse a cabo.
Entre las funciones que como empleada del Colegio de Abogados tenía encomendadas la acusada se encontraba, cita la sentencia, “la ayuda en la tramitación del beneficio de asistencia de justicia gratuita, esencialmente entregando los formularios existentes para ello y ayudando en su redacción. Formularios que eran remitidos posteriormente a la Administración para su tramitación”.
De este modo, señala la sentencia, la acusada, “aprovechando que era la única empleada en esa sede durante los años inmediatamente anteriores a su despido, a algunas de las personas que acudían a solicitar información sobre la asistencia jurídica gratuita o a recoger los formularios, le reclamaba cantidades de dinero como si fueran obligatorias. Cantidades de dinero que la acusada hacia suyas».
De esta forma, y por la ayuda prestada en la tramitación de la solicitud, le llegó a pedir dinero, concluye la sentencia, a 15 personas, “consignando 375 euros en concepto de pago de la responsabilidad civil”.
