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El 30% de la economía de la provincia de Albacete es dinero negro

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/Marta López/

“La economía sumergida comprende todas aquellas actividades económicas que se realizan por un determinado precio eludiendo el pago de los impuestos correspondientes”, así defiende este fenómeno el Portavoz de la Plataforma por la Legalidad de la Federación de Empresarios de Albacete (FEDA), César Yagüe. Además, confiesa que se trata de “un problema que afecta a todos los sectores de la economía”, desde “clases particulares, actividades de fontanería y albañilería, talleres de automóviles, peluquerías y esteticistas… hasta la agricultura”.

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Trabajos que se realizan sin facturar que suponen una “auténtica lacra social” y a la que desde la Plataforma por la Legalidad plantan cara. “Cuando una empresa está pagando sus impuestos religiosamente, cumpliendo con sus obligaciones se encuentra con una competencia a la que no es capaz de hacer frente y contra la que es muy difícil luchar”, explica César Yagüe sobre la problemática que supone a empresarios, emprendedores y autónomos la lucha contra la economía sumergida en Albacete. Al respecto añade que “supone una diferencia de costes con la que es imposible competir, es decir, si alguien te hace un servicio y no te cobra el 21% del IVA, no tiene el Impuesto de la Renta y no tiene cotizaciones sociales, el empresario que lo hace correctamente se ve en la tesitura de tener menos ingresos y probablemente deberá prescindir de trabajadores”.

A nivel nacional se estima “entre el 20% y el 25% del Producto Interior Bruto el volumen de economía sumergida”. Así, especifica que “aunque estos estudios son muy difíciles de extrapolar por la propia naturaleza clandestina de la economía sumergida, afectaría a cerca del 30% del PIB de la provincia de Albacete”, una cifra que considera “muy elevada”.

“Con la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus es muy probable que este porcentaje se dispare”, advierte a El Digital de Albacete César Yagüe. De este modo manifiesta que “lo que hemos visto durante el Estado de Alarma es que aquellas personas que estaban trabajando en estas condiciones de economía sumergida se han visto bastante desamparadas porque no han tenido una protección social puesto que no estaban realizando una activad de manera reglada”.

Señala el portavoz de la Plataforma por la Legalidad que “a partir de ahora, además de continuar inmersos en una crisis sanitaria, la tasa de desempleo va a aumentar considerablemente y es muy probable que la tentación de la ciudadanía de acudir a esta economía sumergida sea mayor”. Explica que la situación es como “una pescadilla que se muerde la cola” porque “cuando una persona no tiene ingresos trata de ahorrar en lo que pueda”. Sin embargo, pone de manifiesto “un planteamiento que se debería hacer el ciudadano a la hora de acudir a este tipo de servicios”, y es que “si estás recibiendo un subsidio por desempleo es porque has estado cotizando anteriormente”.

Plataforma por la Legalidad FEDA

La Plataforma por la Legalidad se constituyó en el año 2011 en el seno de la Federación de Empresarios de Albacete (FEDA). La integran un total de 19 asociaciones sectoriales integradas en FEDA.

Esta Plataforma tiene como objetivo principal concienciar y sensibilizar de los daños que se hace a la economía albaceteña cuando se contratan servicios y/o se compran productos en lugares que están al margen de la legalidad. De este modo pretenden buscar el apoyo, participación y visibilidad de las entidades públicas locales y provinciales mediante la creación de un convenio de colaboración con el compromiso y seguimiento institucional a través de campañas de difusión y calendario de actividades entre Plataforma y entidades públicas.

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Así, matiza que desde la Plataforma “estamos buscando constantemente soluciones al problema que supone la economía sumergida siempre en colaboración con la Administración”. Por este motivo, “en cuanto se tiene conocimiento de que se está haciendo una actividad ilegal se pone en conocimiento de las administraciones para que se trate de investigar, averiguar y, en su caso, sancionar”, sostiene.

Desde la Plataforma, “también emprendemos acciones de concienciación ciudadana”. Es decir, pretenden hacer ver al ciudadano que “si se rechazan estos servicios al final dejarán de ofrecerse”. Así recuerda que si el ciudadano quiere un Estado de Bienestar “con mejores hospitales, buenas carreteras, seguridad ciudadana o escuelas hay que pagarlo con la contribución de todos”.

El contacto constante con las administraciones es fundamental para frenar el crecimiento de la economía sumergida pero “es el propio ciudadano el que tiene que empezar a rechazar este tipo de servicios como ocurre en otros países de Europa donde si alguien ofrece un trabajo sin factura poco menos que se echan las manos a la cabeza”, reconoce César Yagüe. De este modo hace un llamamiento a los albaceteños para que “se planteen y conciencien de que entre todos tenemos que ser capaces de erradicar esto para tener un Estado de Bienestar más sólido y que nos pueda proteger mejor especialmente en situaciones como la que que atravesamos a causa del COVID-19”.

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