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Caen los desahucios practicados en Castilla-La Mancha debido a la pandemia

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Los desahucios practicados en Castilla-La Mancha han descendido un 87,1 por ciento en el segundo trimestre de 2020 a causa la alerta sanitaria por COVID-19, tanto los derivados de una ejecución hipotecaria como los que provienen de un impago de alquiler.

En general, la actividad de los órganos judiciales de la región ha sufrido «un importantísimo descenso» entre abril y junio ante la pandemia, según ha reflejado este viernes en una nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), que se hace eco del informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’ hecho público por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

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Sobre los desahucios de inmuebles por impago de hipoteca o alquiler, el tribunal ha asegurado que es donde se nota «el mayor impacto” de las medidas asociadas al estado de alarma a consecuencia del COVID-19 con 64 lanzamientos practicados, un 87,1 % menos en comparación a 2019.

De los 64 lanzamientos, 45 fueron por procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), «principalmente de alquileres impagados», con un descenso del 86,2% ; 16 por ejecuciones hipotecarias resueltas, que se han reducido en un 89,5 %, y los tres restantes por otras diversas causas.

El TSJCM ha subrayado que este segundo trimestre de 2020 es «el más afectado» por la situación sanitaria causada por el COVID-19 y se ha traducido en «un importantísimo descenso» de la actividad judicial.

La suspensión de los plazos procesales como consecuencia de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo ha supuesto «la completa paralización de la actividad jurisdiccional en toda España», a excepción de los servicios esenciales, y la desescalada se ha realizado «en distintas fases, de forma paulatina y escalonada».

Otros ejemplos que el Tribunal Superior regional ha puesto de menor actividad han sido la caída de las demandas de despido, un 12,2%, y reducción de los procedimientos de ejecución hipotecaria en las cinco provincias, un 35,4%, mientras que, por contra, han aumentado un 16,1 % en la región los concursos presentados, incluyendo los de personas naturales no empresarios.

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