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Foto: Archivo

CORONAVIRUS | El limbo legal de los prostíbulos españoles en tiempos de COVID

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Un mes después de que el Gobierno español pidiera el cierre de los prostíbulos como medida para frenar la expansión del coronavirus, la gran mayoría permanecen abiertos amparándose en un limbo legal que les permite presentarse como hoteles u hostales, sin que les afecte las restricciones impuestas a otro tipo de establecimientos como los de ocio nocturno.

De las 17 comunidades autónomas españolas, solo cuatro (Cataluña, Castilla La Mancha, País Vasco y Murcia) han logrado echar el cerrojo de estos locales, que se calculan en unos 2.000 en todo el país, a menudo camuflados bajo distintas denominaciones.

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La prostitución, que no está ni prohibida ni permitida en España, mueve cerca de 18.000 millones de euros anuales –asegura el observatorio internacional de lucha contra la prostitución «Fundación Scelles», según el cual entre el 20 y el 40% de los hombres españoles reconoce haber pagado por sexo.

Un negocio lucrativo para mafias y proxenetas, que involucra a entre 300.000 y 500.000 mujeres en España, según las estimaciones más altas, y donde una inmensa mayoría de ellas ha sido víctima de trata.

LAS MUJERES CAMBIAN DE SITIO Y EL CONSUMO NO CESA

En medio de esta situación, el cierre aparentemente temporal de los lupanares pareciera un «parche» para el problema de fondo de este fenómeno en España, primer consumidor de Europa y tercero del mundo, por detrás de Tailandia y Puerto Rico.

Un punto de vista que defiende la cineasta social Mabel Lozano, quien recuerda además que los burdeles ya estuvieron cerrados en el confinamiento que vivió España durante 99 días en la primera ola de coronavirus entre los meses de marzo y mayo. Y a pesar de ello «los hombres salían y seguían consumiendo», señala a Efe.

Lozano tiene claro que esta medida no soluciona los problemas de las mujeres que recurren a la prostitución como vía de supervivencia y asegura que estos clubes «no son sus casas» sino «sus cárceles».

La cineasta lamenta que la deuda que las mujeres contraen con los prostíbulos, donde pagan por dormir, aumentará durante la pandemia. Y en otro casos las mujeres se verán obligadas a trabajar en la calle o «a ir a los pisos con los proxenetas y estar a su merced las 24 horas del día».

Ahora el problema seguirá rondando, según Lozano: «Se trasladará a las rotondas, a las calles, a los pisos, incluso a las fronteras digitales, a plataformas donde puedan atender a esos demandantes que nunca han dejado de demandar sexo de pago».

CLANDESTINIDAD, PRECARIEDAD Y VULNERABILIDAD

La decisión del Gobierno español de instar a las regiones a hacerse cargo del cierre de los prostíbulos ha hecho que aumente la «clandestinidad, la precariedad y la vulnerabilidad» de las mujeres, afirma a Efe Belén, prostituta en Madrid y miembro del sindicato OTRAS, paralizado legalmente desde 2018.

«Es una de las grandes consecuencias de esta medida, que no da ningún recurso a las compañeras que se quedan desprotegidas y tienes que seguir comiendo y viviendo. Vas a ir donde puedas», asegura.

El gran miedo, según Belén, es que muchas de estas mujeres accedan a trabajar en pisos clandestinos que no tienen licencia de ningún tipo y donde hay mucho menos control».

«Nos podrá gustar más o menos cómo está montado el sistema de alterne en este país pero al menos hay un cierto control en los clubes. Se da explotación laboral pero no de otro sentido. Está regulado dentro de todo y hay un cierto control, y en un piso no hay ningún control», señala.

DE NUEVO, LAS MUJERES SON LAS MÁS PERJUDICADAS

Mientras el ministerio español de Igualdad pretende frenar la expansión del virus y proteger a las mujeres que trabajan de manera forzada o voluntaria en estos lugares, los colectivos claman contra la propuesta y aseguran que, una vez más, son ellas las grandes perjudicadas.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que el 80% de las prostitutas en España son extranjeras y no residen en el país de manera legal, así como que el 90% de esas migrantes son sospechosas de ser víctimas de trata de personas para explotación sexual.

«Los empresarios cierran, se acogen a un ERTE (un expediente de regulación de empleo temporal) y ya está solucionado. Las que quedan en la indefensión son las trabajadoras», declara a Efe Concha Borrell, secretaria general de OTRAS, quien insiste en que se ha empezado «la casa por el tejado».

Para Concha Borrell los cierres de los prostíbulos tienen como consecuencia «uno de los fenómenos más repetidos en el sector». «Nos molestan las mujeres aquí, las movemos allá; molestan en esta calle, las movemos a otra (…) Como si fuéramos mobiliario urbano. Somos trabajadoras, no queremos limosna ni que nos trasladen; lo que queremos son soluciones».

Consultado por Efe, el ministerio de Igualdad declara que «el plan de contingencia plantea una serie de medidas de acompañamiento, como la alternativa habitacional u otros recursos de carácter socioasistencial que siguen funcionando a través de las comunidades autónomas».

El ministerio reconoce que «queda mucho por hacer» pero que perseguir «la industria proxeneta y acabar con la explotación sexual» es una «línea clara» dentro de su agenda.

CIERRE DEFINITIVO

Pese a ello, para movimientos como la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución (PAP), falta «voluntad política» y el cierre debería exceder a la coyuntura actual de pandemia.

«No es solo un tema de un contagio, que ya vimos con el VIH. Estos clubes tienen que estar cerrados porque son lugares donde se explota a las mujeres», zanja Beatriz Sagrado, de la comisión coordinadora de la PAP.

Los cierres de los prostíbulos, un paso hacia la abolición de la prostitución en España donde, según reclama Mabel Lozano, «no hay leyes» que «vistan a las mujeres de derechos», una realidad que mientras permanezca seguirá abocando a las mujeres a ganarse la vida como buenamente puedan.

Lozano explica que ya durante el confinamiento las mujeres «lo han pasado fatal, han pasado hambre, les han cortado la luz, el agua… En el siglo XXI, en una sociedad democrática, garantista, libre, vamos a proteger a las más vulnerables y luego por supuesto cerramos los clubes que –está claro– es una medida a la que hay que llegar», dice.

«No se pueden tener abiertas por todo lo ancho y largo de nuestro territorio esas cárceles-burdel, donde hay explotación, abuso y violencia. Hay que llegar a la abolición de un sistema que está basado en la explotación extrema de un ser humano, pero hay que empezar la casa por los cimientos. Protejamos a estas mujeres y luego todo esto, que es el camino correcto», termina.

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