/Marta López/
La nueva Ley de Aguas de Castilla-La Mancha no deja indiferente a ningún usuario. Por el momento, se ha publicado el segundo borrador del anteproyecto de ley que estará en fase de exposición desde el 1 de agosto hasta el 15 de septiembre.
El presidente de la Junta Central de Regantes y Usuarios Mancha Oriental, Herminio Molina, exponía a El Digital de Albacete que “el objetivo de la ley según se recoge en su primer artículo es el establecimiento del marco normativo que rija la política de abastecimiento de agua, de saneamiento y de depuración de las aguas residuales en Castilla-La Mancha, así como la ordenación de las infraestructuras correspondientes en cuanto a su planificación, ejecución, gestión y financiación”. Así, en base a este primer objetivo “trata de dar continuidad y ampliar la ley que ya tenemos y la novedad es la creación de un canon medioambiental”. Por el momento los cánones que se regulan “son el de abastecimiento y de depuración”, explicaba.
El artículo 43 de este anteproyecto de ley recoge la creación del canon medioambiental del agua como tributo propio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha con naturaleza de impuesto de carácter real e indirecto y de finalidad extrafiscal. Este canon grava el uso y consumo del agua en el territorio de la Comunidad Autónoma, a causa de la afección al medio que su utilización produce”. La normativa establece “cómo se regula este canon, cuál es su aplicación y quién lo tiene que pagar”, recuerda Herminio Molina.
De este modo, pone de manifiesto que el art.46 recoge la no sujeción o exención del pago de este nuevo canon medioambiental, y “concretamente a los regantes nos deja exentos de este pago, algo que nos preocupa”. Así, manifiesta que “que nos declare exentos pero no nos declare no sujetos significa que hoy te pueden dejar exento del pago pero mañana puede ser que tengas que pagar”.
Sin embargo, en el caso de los abastecimientos concretamente de los usos agroindustriales y recreativos “los considera directamente pagadores de este impuesto”, apuntaba Molina. Además, especificaba al respecto que “lo que vemos es que las cuantías que establece esta ley son muy elevadas y muy importantes”. Establece “una cuota fija, por ejemplo, de dos euros mensuales por familia, es decir por contador, por contador mensuales más a parte un costo del canon por metro cúbico consumido que según los tramos puede variar de 0,1 a 0,6 euros el metro cúbico de consumo”, subrayaba. El objetivo de esta medida es que “evitar el despilfarro del agua un concepto que nos parece adecuado”, reconocía Herminio Molina.
Este nuevo canon medioambiental supondría “un encarecimiento del uso del agua que entendemos que los Ayuntamientos tendrán que considerar si ven oportunos o no para el establecimiento del canon”, manifestaba el presidente de la Junta Central de Regantes. Desde la organización recordaba Herminio Molina que “también tenemos que amparar y velar por los intereses de los abastecimientos por lo que tendremos que alegar a este principio”.
La cuota fija se establece en función del diámetro del contador, por lo que para una industria agroalimentaria que cuente con “un contador de 125 milímetros de diámetro la ley contempla el pago de 800 euros mensuales de cuota fija más cerca de 0,4 euros por litro de agua que se utilice”, apuntaba. Además consideraba que “se trata de un canon que va más allá de los costos energéticos que pueda tener cualquier tipo de agroindustria de este tipo para el uso del agua”.
Sostenía Herminio Molina que este canon “no se ha estudiado correctamente y alegaremos porque son cánones que pueden suponer serias dificultades económicas a muchas industrias”. Así, como usuarios, creen que “este tipo de canon y en este momento que no procede proceda desde una comunidad autónoma cuando este tipo de decisiones corresponden a políticas estatales que son las que están trasladando qué es lo que quiere Europa respecto al uso del agua”.
“Estábamos esperando y entendíamos que era en el seno de los Planes Hidrológicos y de una legislación nacional donde se tendrá que establecer un criterio similar para todo el territorio nacional y con el debate preceptivo que esto requiere para llegar a acuerdos muy amplios entre tantos sectores”, manifestaba. Así, subrayaba que “no podemos hablar de cánones que vengan a gravar más las actividades económicas y productivas de España en el momento crítico que estamos”.
Considera que el nuevo canon que recoge el anteproyecto de ley “viene a elevar el costo del agua en una consideración muy importante y habría que discutirlo y mucho”. De este modo añade que de llevarse a cabo “supondría la ruina para muchas explotaciones y sería la muerte del sector del regadío en la comunidad autónoma”.
“Entendemos que en este planteamiento lo que tiene que haber es un debate político que establezca que líneas se quiere seguir en las políticas de agua de la región”, destacaba Molina. Así, matizaba que “no entendemos que se esté hablando de un Pacto regional del agua y a la vez se esté trajinado un proyecto de ley que contempla un canon específico que va a elevar el costo del agua y que este aspecto no entre a formar parte de este debate”, algo que nos deja “descolocados y muy preocupados”, concluye.
