La prohibición de cazar y pescar en los parques nacionales, recogida en la ley de 3 de diciembre de 2014 de Parques Nacionales (LPN), que entrará en vigor el próximo 5 de diciembre al finalizar la moratoria establecida, podría costar en torno a 320 millones de euros en indemnizaciones.
Así lo ha indicado la Fundación Artemisan en un comunicado de prensa este miércoles en el que ha explicado que la ley establece que la privación de los derechos de caza pasa “necesaria y previamente” por el intento de celebración de acuerdos voluntarios con los afectados o, en su defecto, mediante los correspondientes procedimientos de expropiación forzosa, para lo que la ley establece un plazo de seis años, que concluirá el 5 de diciembre.
Hasta la fecha no consta que se haya llevado a cabo ninguna actuación en este sentido y, como consecuencia, las administraciones competentes tendrán que indemnizar a los propietarios por las limitaciones de uso.
Según Artemisan, estas indemnizaciones se cifran en unos 320 millones de euros, cantidad a la que se sumaría el coste del necesario control de poblaciones.
Y es que las administraciones competentes tendrán que hacer frente a los gastos derivados de los controles poblaciones de diversas especies que habrá que realizar, ya que de no hacerlo, ha dicho, “se podría producir un verdadero desastre medioambiental, que incidirá directamente en la flora protegida y en la expansión de enfermedades como consecuencia del exceso de poblaciones”.
Hasta ahora, estos controles se realizan por cazadores, sin que la Administración tenga que invertir en ello, y con la entrada en vigor de la prohibición, previo pago, si tendrá que contratar cuadrillas de controladores poblaciones.
Para la Fundación Artemisan “es un sinsentido que el país tenga que afrontar este importante coste económico en indemnizaciones, especialmente en la situación de crisis debido al coronavirus que atravesamos y, por ello, ha iniciado una ronda de reuniones con diferentes representantes políticos y de las administraciones”.
Con estos encuentros, la fundación pretende hacer visible la “complicada situación” que se va a generar el próximo 5 de diciembre, al tiempo que propone diferentes soluciones para evitarla, como una modificación de la LPN, que autorice una nueva moratoria de caza y pesca, o permita la caza y la pesca en aquellos parques nacionales donde estas actividades hayan constituido una actividad tradicional generadora de empleo y riqueza y no sea incompatible con la propia figura del parque nacional.
