El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto enviar a juicio al expresidente catalán Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrusola y sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su “posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas”, acumular un “patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”.
En el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado, de 509 páginas y que pone fin a la investigación de la pieza principal de este caso, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 considera que los hechos serían constitutivos de delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
Además de toda la familia Pujol Ferrusola, el magistrado procede también contra otras 18 personas que habrían participado o colaborado en las actividades ilegales, entre ellos la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol.
Según el auto, la investigación, que se ha alargado más de siete años, ha acreditado que parte de esas “actividades corruptas” que habría cometido la familia coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat de Cataluña que ostentó Jordi Pujol entre 1980 y 2003.
NO SE HA ACREDITADO LA EXISTENCIA DE LA HERENCIA DEL ABUELO
La procedencia del patrimonio, señala el juez, proviene de distintas fuentes que en algún caso es desconocida, si bien destaca que existen “indicios sólidos” que acreditan que no procede, como alegan desde el principio los miembros de la familia, de una herencia familiar del abuelo Florensi Pujol.
“A lo largo de la investigación, no se ha aportado elemento alguno que permita contrastar la veracidad de esta versión, ni tampoco se ha suministrado explicación alguna razonable y contrastable por ninguna de las personas investigadas de esta familia sobre este particular”, explica.
Así, considera “paradójico” que los investigados nieguen tener “conocimiento del lugar donde estuvo el legado, la entidad o entidades bancarias donde estuvo depositado o fue administrado, el momento y forma en que llegó a Andorra y la cuenta o productos financieros en que estuvo invertido (más allá de meras generalidades)”.
PAGOS MILLONARIOS POR LA INFLUENCIA DEL CLAN EN CATALUÑA
En ocasiones, continúa, el origen de los fondos está en los pagos ilícitos realizados por terceras personas, en su mayor parte vinculadas con distintas empresas, las cuales realizaban pagos millonarios a la familia, disimulados bajo distintas estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando paraísos fiscales y fórmulas contractuales.
Todos estos contratos simulados encontraban su “contraprestación” en el ejercicio de “concretas influencias” por parte de la familia Pujol Ferrusola como adjudicaciones, cambios de calificación urbanística o concesiones “a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán”.
Otras veces, apunta el magistrado, los pagos se verificaban simplemente para “congraciarse” con la familia o para “mantener la buena relación que ya tuvieran con ellos y así hacerse acreedores a futuras adjudicaciones y favores políticos y contractuales”.
“Todos estos pagos se hacían, en algunos casos, simulando supuestas operaciones contractuales de asesoramiento en los campos más variados, dotadas de la más perfecta apariencia de regularidad formal, cuya existencia real no ha quedado acreditada”, explica.
De hecho, añade que “en múltiples ocasiones ha quedado acreditado exactamente lo contrario, es decir, la inexistencia del supuesto negocio subyacente”, mientras que en otras “los contratos de intermediación o asesoramiento se engranaban en operaciones económicas reales, a las que se agregaba el coste asociado al pago irregular que se realizaba a la familia Pujol Ferrusola”.
LIDERAZGO DE PUJOL Y LA ‘MADRE SUPERIORA’
De la Mata hace una explicación pormenorizada de los roles que ejercían los miembros de la familia dentro de esa supuesta organización criminal. El liderazgo estaba “encarnado” en Jordi Pujol y Marta Ferrusola quien, según recuerda el juez, “se autodenominaba la ‘madre superiora de la congregación'”.
Debajo de los padres, “y siguiendo sus instrucciones”, se encontraba el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, denominado dentro de la familia como ‘el capellán de la parroquia’. Fue él quien “asumió la dirección de toda la estrategia y la recepción y distribución de las cantidades ilícitas entre sus padres y sus hermanos”.
Según el magistrado, Pujol Ferrusola “ha admitido que todas las operaciones que se llevaron a cabo en las cuentas de Andorra, todos los movimientos que se realizaron en las mismas y buena parte de los negocios en que invirtió durante años estuvieron directamente relacionados con el patrimonio económico que gestionaba para sí y su familia”.
El resto de los hermanos (Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia), sin perjuicio de su participación individual en determinados negocios u operaciones, “seguían las instrucciones” del mayor, “abriendo sus propias posiciones bancarias en Andorra, gestionando los capitales que eran distribuidos” por el primogénito y “tomando decisiones a lo largo de los años para mantener oculto su patrimonio ilícito”.
Pero aunque “el rol más preeminente” era el de Pujol Ferrusola, ya que ostentaba un “carácter de responsable principal de la recepción y distribución de dinero entre los miembros de la familia”, en alguna ocasión fueron Josep, Oleguer o Pere los que realizaron las transferencias a sus hermanos.
Sobre otros investigados, De la Mata concluye que “colaboraron estrechamente con la organización, con carácter transversal, permanente y sistémico, aportando sus estructuras mercantiles y como intermediarios para asegurar la opacidad de los pagos y servir de parapeto a los auténticos beneficiarios”.
El instructor explica que se cumplen los requisitos doctrinales del delito de organización criminal con diversos niveles jerárquicos, una estructura planificada y permanencia en el tiempo desde que se abrieron las primeras cuentas corrientes en Andorra en 1992 hasta que la familia cerró sus últimas fundaciones en 2014.
CANTIDADES MULTIMILLONARIAS
Esta organización, concluye, tenía finalidad “claramente ilícita” que consistía en “obtener multimillonarias beneficios mediante actividades falsarias y corruptas”. A lo largo de su escrito, detalla todas las operaciones orquestadas por la familia durante estos años y que les reportaron “cantidades multimillonarias sin razón alguna”.
En relación con el delito de blanqueo de capitales, sostiene que “todos estos actos se realizaron con el único ánimo de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero y situarlo en el circuito económico legal, al que hacían retornar de forma encubierta, ya que esa fue precisamente la finalidad que pretendían con el sistema que crearon, pues con anterioridad el dinero se hacía llegar a la familia directamente en ‘negro’, por lo que la ejecución de dichos actos fue intencionadamente para buscar la ocultación de la ilicitud de los fondos”.
En su resolución, el juez avisa de las “pautas comunes de actuación” en la estrategia defensiva de los investigados, ya que todos ellos han negado “conocer detalles incluso sobre la propia coartada que aportan sobre el origen de los capitales que se repartieron”, de modo que considera que “la confabulación y la organización se extiende hasta el día de hoy”.
