La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) advierte de que “el restablecimiento de las comunicaciones entre los internos y las visitas, permitidas desde el 6 de julio, en la cárcel de Albacete y los otros 5 centros penitenciarios de Castilla-La Mancha sin los protocolos de prevención adecuados ponen en riesgo su salud y la de las plantillas ante posibles rebrotes”.
Desde CSIF se reclama a Instituciones Penitenciarias que “se reduzca el número de familiares que se comunican con los internos y el número de cabinas de comunicación, además de que se reanuden las cuarentenas preventivas en módulos específicos para los nuevos ingresos o para quienes vuelvan a los centros tras los permisos, una medida que dejó de ser obligatoria desde el pasado 25 de junio y que es fundamental para reforzar la seguridad”.
En concreto y según CSIF, “no se está garantizando la separación obligatoria en los locutorios, no se guarda la distancia mínima de seguridad en las salas de espera de comunicaciones, por lo que se llegan a congregar en espacios reducidos hasta 100 visitantes. Tampoco se desinfectan paquetes del exterior ni se han instalado tomas de temperatura en todas las cárceles, entre otras actuaciones esenciales”.
CSIF también argumenta que “estas medidas para la nueva normalidad ante la pandemia son insuficientes”, por lo que el sindicato estudia acciones legales “en defensa del derecho a la protección de la salud de los trabajadores de Prisiones”. De momento, CSIF ya ha presentado “un recurso de reposición contra las medidas de desescalada en las cárceles (apertura de régimen de visitas, locutorios, permisos…) porque no se ajustan a derecho ni garantizan la seguridad e higiene en un momento tan complicado”.
CSIF subraya que “la desescalada en los centros penitenciarios se ha abordado de manera precipitada, como si no hubiera sucedido nada en estos meses de pandemia, y el personal afronta la situación con mucha incertidumbre ante posibles focos de contagios”.
No hay que olvidar que en las cárceles dependientes de Interior hay unos 50.000 reclusos y 25.000 trabajadores “cuya salud depende ahora de unas actuaciones preventivas insuficientes”, concluyen desde CSIF.
