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La Fiscalía ha reforzado el equipo de fiscales que investigan al Rey emérito Juan Carlos I en relación con posibles comisiones cobradas en la adjudicación del AVE a la Meca a empresas españolas. A los cuatro fiscales del Supremo especialistas en delitos económicos bajo la dirección del fiscal de Sala Juan Ignacio Campos se suma ahora el personal de Rosa Ana Morán, que dirige la Unidad Especializada en Cooperación Penal Internacional de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La FGE ha recordado este viernes mediante un comunicado que las diligencias de investigación iniciadas por Anticorrución, relativas a la Fase II del denominado AVE del desierto, fueron asumidas hace unas semanas por la Fiscalía del Tribunal Supremo y encomendadas a Campos, fiscal delegado de la especialidad de delitos económicos en el alto tribunal. Bajo su dirección, colaboran también en la investigación un equipo de tres especialistas: Paloma Iglesias, José Antonio del Cerro y Juan Carlos López Coig.
Este equipo cuenta, por el momento, con parte de la investigación remitida por las autoridades suizas por posibles delitos relacionados con un depósito de 100 millones de dólares ingresados en la cuenta de la fundación panameña Lucum, vinculada al Rey emérito.
Se trata de documentos relativos a las declaraciones ante la Fiscalía del país helvético del gestor de cuentas Arturo Fasana, del abogado Dante Canónica y de la que fuera amiga íntima del monarca Corinna Larsen, a la que Juan Carlos I acabó donando gran parte de dicha cantidad.
La documentación responde a la comisión rogatoria emitida desde España hace ya varios meses solicitando información sobre este asunto, aunque no ha llegado todo lo reclamado.
Por el momento se ha encargado la traducción de estos documentos, que están en francés, y se espera una segunda remesa de papeles cuyo análisis es necesario, según fuentes fiscales, para decidir si el asunto se pone finalmente en manos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
En todo caso, lo que se investigan son posibles conductas cometidas después de la abdicación de Don Juan Carlos, en junio de 2014, relacionadas con el movimiento del dinero y que podrían constituir delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. El Ministerio Público también debe valorar el alcance que sobre estos hechos tiene la inviolavilidad de la que disfrutó Juan Carlos I como jefe del Estado.
Las finanzas del Rey Juan Carlos llevan años bajo sospecha, si bien a mediados del pasado mes de marzo, apenas decretado el estado de alarma por la pandemia, este asunto volvió a primera línea informativa tras diversas informaciones publicadas en la prensa suiza y británica, provocando que la Casa Real anunciara que Felipe VI renuncia a la herencia que podría percibir de su padre y suspendiendo su asignación anual.
De la cuenta vinculada a la fundación Lucum salieron los casi 65 millones de euros transferidos a otra cuenta de Bahamas a nombre de Corinna Larsen y que ella en su declaración ante la Fiscalía suiza enmarca en una donación, en un “regalo no solicitado” para ella y su hijo por el “cariño” que les tenía.
