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Este terrorista podría estar más tiempo en la cárcel, a pesar de la decisión de un juez en Castilla-La Mancha

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El fiscal jefe de Ciudad Real, Luis Huete, ha solicitado revisar la fecha exacta en la que se revocó la libertad provisional en los noventa de Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de los abogados de Atocha en 1977, después de que la representación de las víctimas apreciara un posible fallo. De comprobarse cierto, se recalcularía la liquidación de condena y se retrasaría un año y medio su salida de prisión, prevista para este 19 de noviembre.

En el escrito adelantado por El País y al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal se opone a la nulidad de la liquidación provisional de condena que pedía la representación de las víctimas, pero apunta que respecto a la impugnación de la liquidación “es preciso acreditar alguno de los extremos reseñados por los recurrentes” por lo que insta a acordar diligencias para que se certifique desde el Juzgado de Vigilancia de Valladolid la fecha en la que se revocó a García Juliá la libertad condicional a mediados de los noventa.

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En concreto, en el escrito se explica que si bien se le concedió la libertad provisional en septiembre de 1991, no consta en la ejecutoria el auto en el que se revoca la misma. La Sala y el Ministerio Fiscal ubicaron en agosto de 1996 la revocación, pero las víctimas en su escrito apuntaban que la fecha real fue enero de 1995, según auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid.

“Este dato debe ser corroborado (…) puede ser determinante para que se modifique la liquidación de condena practicada por cuanto hay año y medio de diferencia entre una fecha y otra!, señala el fiscal en el escrito. Así, la situación está pendiente de resolución por parte de la Audiencia Provincial de Ciudad Real con un dictamen de la Fiscalía tras un informe del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid.

El pasado mes de mayo la Fiscalía Provincial de Ciudad Real no recurrió la salida de prisión del terrorista después de estudiar la liquidación provisional de pena realizada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, ya que consideraba que el cálculo era correcto a pesar de que a García Juliá todavía le quedaban por cumplir 3.845 días, esto es, diez años de condena.

García Juliá, preso en la cárcel madrileña de Soto del Real, fue entregado a España por las autoridades brasileñas a principios del pasado mes de febrero después de que estuviera más de 20 años en búsqueda y captura. Tras ser condenado por la matanza de Atocha a 193 años y cumplir varios años de cárcel, se fugó cuando disfrutaba de un permiso a principios de los noventa.

Después de que el abogado del terrorista se dirigiera a la Audiencia Provincial de Ciudad Real solicitando la práctica de una nueva liquidación de condena –por ser éste el último tribunal que emitió una sentencia en su contra por una causa distinta a la de la matanza de Atocha–, los magistrados le aplicaron 787 días de liquidación por redención extraordinaria y 429 días por la estancia en prisión en Brasil después de que fuera arrestado en diciembre de 2018.

NULIDAD DE LO ACTUADO

A finales de junio, la defensa de las víctimas de la matanza de Atocha impugnó ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real la liquidación provisional de condena. Además, esa misma asociación ha solicitado a la Audiencia Nacional la nulidad de todas las actuaciones relacionadas con el condenado desde su entrega a nuestro país.

Según el escrito del fiscal, no tiene cabida la nulidad de las actuaciones que también se solicita ante la Audiencia Provincial puesto que “no se aprecia en la tramitación de la ejecutoria y en el expediente de acumulación de penas algún tipo de vulneración de derechos de las víctimas del proceso seguido ante la Audiencia Nacional”. Y añade que no existe precepto alguno que autorice a las víctimas a intervenir en un incidente de acumulación de pena, tampoco en el actual Estatuto de la Víctima.

A esto suma que la Audiencia Provincial de Ciudad Real es competente para dictar el auto de acumulación de penas puesto que fue este tribunal el último que dictó sentencia sobre García Juliá.

5 ASESINATOS CONSUMADOS EN 1977

García Juliá (1955) fue condenado el día 29 de febrero de 1980 por la Sección Primera de la Sala de lo Penal a 193 años de prisión como autor material de cinco delitos de asesinatos consumados y cuatro frustrados en la noche del 24 de enero de 1977.

Ese día, García Juliá y otras dos personas irrumpieron en un despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras, situado en el número 55 de la calle Atocha de Madrid, abriendo fuego contra los presentes con pistolas de calibre 9 mm parabellum.

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