La Guardia Civil asegura que la Delegación del Gobierno de Madrid sabía del riesgo del covid-19 “desde mediados de febrero”

/Redacción/

La Guardia Civil asegura en un segundo informe entregado a la juez que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la manifestación del 8 de marzo, que los máximos responsables de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación tenían conocimiento de “los riesgos relacionados con el covid-19” desde “mediados de febrero”.

Esto contrasta con el argumento de la defensa del delegado del Gobierno, representado por la Abogacía del Estado, que defiende que no tuvo conocimiento de advertencias sobre el riesgo de contagio del coronavirus hasta que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo.

El citado informe, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha sido entregado a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, señala que los máximos responsables del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales se reunieron para “tratar temas relacionados con el covid-19, en la que se trató de manera expresa aspectos como el distanciamiento social como medida a implementar a mediados del mes de febrero, las medidas de higiene e incluso la posible utilización de EPI”.

Para los investigadores, esto no hace más que “acreditar el conocimiento, por parte de los máximos responsables de la Delegación del Gobierno, de los riesgos relacionados con el covid-19, hasta tal punto de tomar medidas concretas para evitar o minimizar sus efectos entre el personal de la Delegación del Gobierno”.

REUNIONES PARA HABLAR DEL COVID-19

La Guardia Civil llega a esta conclusión tras tomar declaración como testigo a trabajadores del Departamento de Seguridad Ciudadana y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno, destacando la del jefe de este último departamento que expone la “celebración de reuniones en el seno de la Delegación”, citando expresamente la que se desarrolló “a mediados de febrero”.

En este sentido, el testigo relata que participó en una “videoconferencia desde la ‘Unidad de Coordinación’ en la que se trataban temas relacionados con el covid-19, que incluían medidas de higiene y de distanciamiento social de 1 a 2 metros a implementar a mediados del mes de febrero”.

Otra trabajadora también dice que, aunque ella no ha participado, sabe de encuentros que hubo entre el delegado del Gobierno y el secretario para tratar “temas relativos a la crisis sanitaria del covid-19”, algo que llama la atención a los investigadores porque el ‘número dos’ de la Delegación del Gobierno remitió el pasado 13 de mayo a la Guardia Civil la agenda de Franco, en la que no se refleja “ningún acto/reunión que se enmarque dentro de la crisis sanitaria”.

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CORREOS ELECTRÓNICOS DEL PREVENCIÓN DE RIESGOS

De las declaraciones de los testigos en sede policial se desprende que “la concienciación social del personal de la Delegación del Gobierno en relación con la crisis sanitaria del coronavirus parece existir a la vista de la existencia de correos electrónicos emitidos por el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales”.

Según exponen los agentes del Instituto Armado se trataría del protocolo elaborado el pasado 28 de febrero, en el que se incluyeron las medidas de prevención y que se distribuyó entre el personal de la Delegación el 2 de marzo.

El jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales precisó en su declaración que el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera, revisó el mencionado protocolo y que éste se lo remitió a la directora de Sanidad para “su revisión y conocimiento”.

La juez ha citado al delegado del Gobierno en Madrid el próximo 10 de junio para que declare como investigado por el presunto delito de prevaricación administrativa por permitir concentraciones multitudinarias, entre ellas la marcha feminista del 8 de marzo. Ese mismo día declarará como testigo Talavera.

La ronda de testigos continuará un día más tarde para escuchar, entre otros, a los trabajadores de la Delegación del Gobierno que comparecieron ante la Guardia Civil.

CARTA DE FRANCO

Por otro lado, el Instituto Armado señala que entre los correos electrónicos remitidos al personal de la Delegación se encuentra una carta firmada por Franco, con fecha del 13 de marzo –cinco días después del 8M y uno antes de que se declarara el estado de alarma–, en la que “hace ver la preocupación por la situación, diferentes reuniones con organismo externos a la Delegación del Gobierno como en el seno de la misma, y la implementación de medidas tendentes a garantizar la seguridad de todos”.

Para los investigadores, esta misiva “evidencia el conocimiento que tiene, y había tenido con anterioridad, la Delegación del Gobierno sobre la evolución y medidas adoptadas en la crisis sanitaria del covid-19”.

Según indica el informe, el delegado del Gobierno afirmó en su escrito que ante “la especial situación en la que estamos inmersos a nivel global y que afecta a toda la población”, el Gobierno “está tomando medidas de las que esta Delegación está absolutamente implicada desde el primer momento”.

Unas medidas que, según indica la carta, “se están adoptando con la absoluta prioridad de garantizar, ante todo, la protección de la salud de la población y en la que todo el servicio público está implicado”. “En la seguridad de que siempre, pero especialmente ahora, la ejemplaridad como servidores públicos va a ser evidente”, añade.

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