El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha indicado que el gobierno de la Comunidad de Madrid fue el “responsable” de que en esta comunidad “no se produjera el traslado” de ancianos de las residencias a los hospitales, aunque ha precisado que no por ello va a acusarles de “asesinar a nadie”.
Así lo ha indicado Pablo Iglesias, este jueves 28 de mayo durante su comparecencia en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica en el Congreso de los Diputados, en respuesta a la intervención de la diputada del Grupo Parlamentario Vox María Ruiz Solás, que ha criticado que el Gobierno “no sea capaz de decir cuántos mayores han muerto en residencias” y que haya “dejado morir a miles de mayores sin recibir atención”.
La diputada de Vox ha desvinculado la muerte de los ancianos en residencias de los recortes y ha afirmado que se han producido porque “no se les ha llevado a los hospitales, porque les encerraron en las residencias”.
Pablo Iglesias ha criticado la “desfachatez” de la diputada de Vox por decir que la responsabilidad es del Gobierno cuando, según ha asegurado, los partidos que gobiernan en la Comunidad de Madrid fueron “los responsables de que no se produjera el traslado de los ancianos”.
“El gobierno que ustedes sostienen, el de la Comunidad de Madrid, según un documento del Hospital Infanta Sofía, demuestra que había órdenes de rechazar el traslado de ancianos con síntomas de coronavirus de las residencias de mayores a los centros sanitarios cuando se produjo el pico de la pandemia”, ha precisado Iglesias, recordando que desde el Gobierno reforzaron las competencias de las CCAA, con 300 millones de euros.
“A pesar de que esto es responsabilidad de quien es, yo no le voy a decir que ustedes han asesinado a nadie, que ustedes han asesinado a muchos de nuestros ancianos, como su grupo ha dicho de nosotros, pero reconozcan que la privatizaciones, que poner las residencias en manos de fondos buitres, que lo que hizo el PP, del que son ustedes una escisión, con los recortes, ha colocado a las residencias en una situación enormemente precaria”, ha reclamado Iglesias.
En este sentido, el vicepresidente segundo ha propuesto “reconstruir” el Sistema de cuidados y atención a la dependencia para que sea “público, de calidad y con profesionales que trabajen en condiciones dignas” y ha pedido al PP que muestre su “arrepentimiento” por los “recortes de más de 5.000 millones de euros que hizo” en el sistema de atención a la dependencia y por los “recortes de más de 7.000 millones de euros en la sanidad pública”.
“No puede volver a suceder que se ataque algo tan fundamental como el bienestar de nuestros abuelos y abuelas, haciendo recortes, privatizando y condenando a los profesionales de cuidados a la más absoluta e indigna precariedad”, ha subrayado.
RECONSTRUIR EL SISTEMA FISCAL
Por otro lado, el ministro de Derechos Sociales también ha apostado por “reconstruir” el sistema fiscal y “dejar atrás las aministías fiscales y los privilegios fiscales” para “luchar contra la desigualdad”. “Si queremos luchar contra la desigualdad, necesitamos un sistema fiscal más redistributivo”, ha subrayado.
El ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha precisado que “a nadie le parece sensato que el 10% más rico de la población concentre más riqueza que el 90% restante”, algo que tiene que ver con que “la mayor carga fiscal recae en la clase trabajadora, en los autónomos, la pequeña y mediana empresa, mientras que los que más tienen disponen de todos los instrumentos de ingeniería fiscal” para “aportar mucho menos”.
En el turno de los grupos parlamentarios, la diputada socialista María Luisa Carcedo ha defendido que “recomponer y reconstruir” los sistemas prestacionales “es una de las primeras tareas, la atención a la dependencia incluida”. “Esta epidemia ha venido a agudizar que nuestro Estado de Bienestar estaba inacabado”, ha lamentado.
Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Mario Garcés, se ha preguntado “¿quién va a pagar esta fiesta y cómo la va a pagar?” porque, a su juicio, “no vale el discurso Robin Hood” y “no salen las cuentas”. En este punto, ha reprochado a Iglesias que “prefiere una sociedad sin ricos antes que una sociedad sin pobres”. “Sin pobres no podría justificar su discurso”, ha sentenciado.
Mientras, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, la diputada Sofía Fernández Castañón, ha apostado por que el derecho de todas las personas a ser cuidadas “forme parte” del modelo productivo y del Producto Interior Bruto español.
Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Sara Giménez también se ha referido al “fracaso” en la protección a las personas mayores, ya que un 70 por ciento de los fallecidos en la pandemia han sido mayores “que vivían en su mayoría en residencias”. Además, ha criticado la “reducción” del presupuesto del IRPF para las entidades del Tercer Sector y ha pedido al vicepresidente segundo que “reconsidere la reducción de fondos”.
En respuesta a la diputada de Ciudadanos, Iglesias ha negado que se vaya a “recortar el presupuesto” de las organizaciones del Tercer Sector, que según ha dicho, van a recibir “más dinero” y ha defendido la “novedad” de incluir a las ecologistas y organizaciones de cooperación en el reparto del 0,7% del Impuesto de Sociedades. “Claro que van a estar”, ha subrayado.
GESTIÓN AUTONÓMICA DEL INGRESO MÍNIMO VITAL
Sobre el Ingreso Mínimo Vital, el diputado de Compromís Joan Baldoví ha preguntado por qué el País Vasco y Navarra “van a gestionar” la nueva renta “y no todos los demás”. “¿Por qué no se ha convocado un Consejo Territorial de las comunidades autónomas para que pudiéramos aportar y decidir?”, ha dicho.
Además, el diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego ha subrayado que el Ingreso Mínimo Vital “debe ser compatible temporalmente con trabajo retribuido para incentivar la búsqueda de empleo” y ha añadido que, para no provocar un “nuevo proceso de centralización”, la “solución estaría en la gestión autonómica”.
Por último, el diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) José María Mazón ha resaltado el “error” de la Renta Mínima Vital porque “puede promocionar la economía sumergida”; y la diputada de Coalición Canaria Ana María Oramas ha criticado que el Gobierno no cumpla con la Ley de Dependencia que “implicaba que pagara el 50 por ciento y sólo paga el 23 por ciento”.
Sobre el ingreso mínimo vital, Pablo Iglesias ha comentado que no será incompatible con “ayudas complementarias” de las CCAA. “Es más –ha añadido–, esto seguramente será necesario porque no es lo mismo tener 600 euros en Madrid que en otros lugares donde el coste de la vida es diferente”. Además, ha indicado que este jueves tiene una reunión con el minsitro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para ultimar los detalles de esta medida que se aprobará este viernes en un Consejo de Ministros Extraordinario.
