/Redacción/
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la mesa del Ministerio del Interior, ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por la dotación insuficiente de mascarillas en las cárceles españolas, entre ellas los seis centros penitenciarios de Castilla-La Mancha.
Coincidiendo con la entrada en vigor de la obligatoriedad del uso de este material de protección, CSIF advierte de que en las prisiones se entrega a los trabajadores una sola mascarilla de tipo quirúrgico para todo el turno, que puede alcanzar las 40 horas de servicio.
CSIF entiende que Instituciones Penitenciarias incumple su deber de proteger la salud de la plantilla y estudia acciones jurídicas para que los funcionarios, a título individual, puedan acudir a los tribunales en defensa de su derecho a la protección de la salud.
Por otra parte, CSIF ha presentado un recurso de reposición contra las medidas de desescalada planteadas en prisiones (apertura del régimen de visitas, locutorios, permisos) al entender que no se ajustan a derecho ni se garantizan las medidas de seguridad e higiene (no se han instalado tomas de temperatura en todos los centros, no se garantiza la separación obligatoria en locutorios, ni se desinfectan los paquetes que llegan del exterior, entre otros).
USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS
El uso obligatorio de mascarillas confirma una exigencia de CSIF desde el minuto uno de la crisis, pero es una medida insuficiente y que llega tarde.
El sindicato ha venido reclamando desde el pasado febrero dotación de mascarillas y de equipos de protección individual para todas las personas trabajadoras, que deben complementarse con actuaciones clave, como la los test masivos y un refuerzo en la Atención Primaria para realizar una vigilancia epidemiológica correcta.
El personal de las empresas privadas y de las Administraciones Públicas (Sanidad, Prisiones, Justicia, Educación, etc.) afronta la desescalada con incertidumbre y teme que se produzca un nuevo foco de contagios por la falta de previsión en este ámbito.
CSIF recuerda que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha elevaba el pasado 29 de abril a la Fiscalía del Tribunal Supremo la denuncia presentada por la falta de protección de los empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para evitar el contagio de coronavirus.
Por último, para CSIF es fundamental que el Gobierno publique cuanto antes una Guía de distribuidoras y marcas de mascarillas que reúnan las condiciones de seguridad necesarias, ante las informaciones contradictorias que recibe la ciudadanía y la incertidumbre generada al respecto.
