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La asociación Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) –antes denominados secretarios judiciales– ha reclamado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que incorpore algún representante de este colectivo en la comisión de expertos que elaborará el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para poder aportar su “experiencia práctica” y evitar “regulaciones que no se ajustan a la realidad”.
La asociación ha enviado una carta al ministro para realizar esta petición tras conocer la composición de este grupo que llevará a cabo el texto de la reforma de esta norma de 1882 con el objetivo de que sean los fiscales quienes instruyan las causas penales, en vez de los jueces.
La comisión estará formada por cinco fiscales, tres magistrados y dos profesores de Derecho Procesal, pero no se ha contado con ningún letrado de la Administración de Justicia, lamenta la asociación, que considera que es necesario formar parte del grupo de trabajo debido a su “intervención decisiva en el proceso penal en todas sus fases”.
La UPSJ celebra en un comunicado la reforma de esta ley porque ha quedado “desfasada” en muchos aspectos, pero cree que la “experiencia práctica” de los secretarios judiciales es de “gran valor” a la hora de regular las cuestiones de las que se encargan. Así, se evitarán “regulaciones que no se ajusten a la realidad”, asegura.
Por ello, pide a Campo el nombramiento de uno o varios letrados de la Administración de Justicia en la comisión de expertos o, por lo menos, para la subcomisión técnica que la asista.
RESPONSABLES DEL EXPEDIENTE JUDICIAL
Para justificar su presencia, recuerda que, según la propuesta de reforma de la LECrim que se hizo en 2011, con el anterior Gobierno socialista, y que entiende que será un “antecedente importante”, el secretario judicial a cargo del servicio común de ordenación del procedimiento se responsabilizará del expediente judicial y, por lo tanto, del acceso al mismo.
En este sentido, afirma que se deber “regular adecuadamente el acceso no solo de las partes sino de terceros, con pleno respeto de los derechos de nueva generación, como la protección de datos, pero también la transparencia de las actuaciones de los poderes públicos, de forma clara y garantista”.
En cuanto a la modificación más importante que se quiere acometer con la reforma de la ley, la investigación penal realizada por el Ministerio Fiscal, la UPSJ asevera que “implica igualmente la adopción de mecanismos como el del incidente de aseguramiento de pruebas, en el que la intervención del Letrado de la Administración de Justicia también es imprescindible”.
“Lo mismo se puede decir en el marco de las medidas cautelares reales y en los comisos, en el que no se puede desconocer la experiencia práctica de este cuerpo superior jurídico en la traba de bienes, siendo a su vez la regulación actual poco eficaz”, advierte.
OTRAS PROPUESTAS
Asimismo, destaca la existencia de contradicciones entre la LECrim y la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre la transcripción de las actuaciones orales y vistas y la entrada en funcionamiento del expediente digital.
Por otro lado, subraya que en las diligencias que afectan derechos fundamentales interviene habitualmente el secretario judicial y propone que se dé paso a otras formas de documentación de entradas y registros, como puede ser la grabación con firma digital en sustitución del acta manuscrita, tal y como ya se hace con las vistas.
Por último, reclama que en la nueva ley se refleje la “realidad” de las sucesivas competencias que se han otorgado a los letrados de la Administración de Justicia en materia de información a las víctimas.
