El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) y Comisiones Obreras (CCOO) han anunciado este viernes que no firmarán el acuerdo de reactivación de la Administración de Justicia, al entender que ofrece un cronograma “absurdo” y trata al personal como ciudadanos de segunda, “que no tienen derecho a la misma protección de su salud que el resto”.
En este sentido, el STAJ ha señalado que no suscribe el plan de reactivación de la Justicia presentado por el Ministerio de Justicia y que recoge el Real decreto-ley de medidas procesales y organizativas, al entender que se ha dado una falta de previsión por parte del departamento del ministro Juan Carlos Campo que ha llevado a presentar un documento “absurdo” que “llega tarde y mal”.
“Las medidas que establece dicho acuerdo no contribuyen en modo alguno a paliar los efectos de la paralización de la actividad judicial, ya que no podrán incorporarse a las oficinas judiciales el 100 por cien de los funcionarios ante las deficiencias estructurales que presentan la mayoría de las sedes judiciales y la falta de previsión del ministerio”, lamentan desde el STAJ en un comunicado.
Además, acusan a Justicia de haber perdido el tiempo durante meses sin tomar ninguna medida realista y útil para evitar el colapso de la Justicia ocasionado por la suspensión de la actividad judicial, “colapso que se suma al que ya sufre históricamente esta Administración por la dejadez de los distintos gobiernos”.
A juicio de este sindicato, lo único que ha hecho Campo es echar un pulso al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “para ver quién tenía más mando en la gestión de este servicio público”. Y al hilo, señalan que el órgano de gobierno de los jueces tampoco ha propuesto ninguna medida real para paliar los efectos de esta paralización judicial.
“Se ha limitado a exigir, como única alternativa para la continuación de la actividad, la presencia de los funcionarios en las sedes judiciales, con un absoluto desprecio hacia las personas que prestan servicio en la Administración de Justicia, sabedores de que no contaban con las medidas de seguridad que garantizase y preservase la salud de los trabajadores”, añaden.
Apuntan que el colapso se podría haber evitado con el teletrabajo y con la continuidad de “la actividad sin riesgo” para la salud de los funcionarios. En cambio, indican que se han limitado a cerrar sedes, lo que ha provocado que se pierdan dos meses absolutamente.
Desde el STAJ opinan que ahora el ministerio quiere reanudar la actividad en Justicia “volcando toda la responsabilidad sobre las espaldas de los funcionarios”, quienes han mantenido los servicios esenciales “pese a la falta de medidas de protección frente al contagio del Covid-19 al que han estado expuestos”. En este sentido, lamentan que se busque reiniciar esa actividad sin acondicionar previamente las sedes, y denuncian que hay hacinamiento en muchas oficinas.
LA MEDIDA ABSURDA DE LOS JUICIOS POR LAS TARDES
Además, desde el STAJ califican de absurda la idea de celebrar juicios por las tardes durante la desescalada, y recuerdan que dado que para evitar aglomeraciones las partes citadas deberán esperar fuera del edificio, “es descabellado” imaginar a las personas pendientes de entrar a la vista oral en la calle, “a las cinco de la tarde, en pleno verano en ciudades como Sevilla o Córdoba”.
Tampoco entienden que en la desescalada y en el sistema de turnos no se haya tenido en cuenta la conciliación de la vida familiar y laboral, máxime cuando se mantienen cerrados los colegios y los establecimientos de acogida de personas mayores.
Por último, añaden que, ya solo con la medida que propone Justicia de que sean los secretarios judiciales los que decidan si se aumenta la plantilla, hubiera bastado para no firmar el plan propuesto. “La LOPJ no reconoce competencias a estos Cuerpos de la Administración de Justicia en materia de personal, por lo que no puede dejarse al arbitrio de los mismos la dotación de la plantilla. De mantenerse esta medida, STAJ tomará las acciones legales que correspondan”, advierten.
LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA: CIUDADANOS DE SEGUNDA
Por su parte, desde CCOO también rechazan el plan de Justicia, que entrará en vigor a partir del 12 de mayo “porque las medidas que contiene impiden, entre otras cuestiones esenciales para la salud del personal, la paralización temporal de la actividad cuando hay riesgo cierto de contagio”.
Al hilo, acusan al ministerio de no querer cumplir lo que establece la Autoridad Sanitaria en cada ámbito territorial, y explican que no es aceptable que algunas localidades o territorios vayan a seguir en la fase 0 de la desescalada mientras sus servicios de Justicia pasan a la fase 1. “Como si el personal de Justicia y quien tenga que acudir a las sedes judiciales fueran ciudadanía de segunda, que no tienen derecho a la misma protección de su salud que el resto”, denuncian.
Afean además que el departamento dirigido por Campo diera este jueves “unilateralmente por terminadas las negociaciones para la desescalada a sabiendas de que no había posibilidad de acuerdo con las organizaciones sindicales”.
Recuerdan desde el sindicato que Justicia ha acordado ya con el CGPJ, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Consejo General de la Abogacía la decisión de levantar la suspensión de los plazos procesales en los próximos días a pesar de que el país permanezca en estado de alarma. Según CCOO, desde el ministerio alegan que ese acuerdo es el motivo por el que “no pueden aceptar que la desescalada sea asimétrica por territorios como se va a hacer para el conjunto de la ciudadanía dependiendo de la incidencia del virus en las distintas zonas”.
SERVICIOS NO ESENCIALES POR ENCIMA DE LA SALUD
“Una vez más han antepuesto la prestación de servicios no esenciales durante el estado de alarma a la protección de la salud de los trabajadores y las trabajadoras como ya están haciendo desde que aceptaron la presentación de escritos y la práctica de diligencias no esenciales, incluyendo la práctica de actos de comunicación y ejecución no telemáticos que se niegan a prohibir como CCOO ha propuesto insistentemente”, inciden.
A esta queja suman que las medidas de prevención de contagio en la sedes son “vagas y poco concisas” y se reducen a guardar la distancia de seguridad. Recuerdan que desde CCOO han exigido el uso obligatorio de mascarillas y mamparas, y que donde no se cumplan las medidas “se paralice temporalmente la actividad hasta que se subsanen las deficiencias”.
AUMENTAR PLAZAS DE APARCAMIENTO PARA BICICLETAS
Entre las medidas que desde CCOO denuncian que han sido desoídas por el ministerio está la de que no haya señalamientos en los que se exija la presencia del cuerpo de Auxilio si no hay en ese turno, la realización de test a todo el personal, un sistema de aislamiento con megafonía en las salas de vistas para los Auxilios Judiciales, o la instalación de terminales de teléfono individuales.
Desde el sindicato también proponían que no se pudieran usar puestos dónde no se garantice la suficiente ventilación, la dotación de ‘sprays’ para la limpieza y desinfección de teclados, ratones y otros utensilios de difícil limpieza, o el cierre inmediato de los centros de trabajo con personas contagiadas hasta su total desinfección.
A esto sumaban que no se permitiera la entrada de personas que presentaran síntomas, la inscripción telemática de los nacimientos desde el hospital, o incorporar zonas de estacionamiento, especialmente de bicicletas, para reducir los traslados en transporte colectivo.
