/Javier Romero/
La crisis sanitaria que atraviesa España por el coronavirus COVID-19 afecta a todas las actividades, incluida la Justicia, que intenta adaptarse a esta nueva realidad con las dificultades añadidas de arrastrar una importante falta de medios desde hace años y que pueden quedar aún más en evidencia ante un más que probable aumento de la litigiosidad una vez se recupere el pulso diario de la sociedad.
Para conocer la situación que atraviesa la Justicia, hemos cuestionado sobre este aspecto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), Vicente Rouco, que detalla la realidad de los juzgados de Albacete y del resto de la región.
EL DIGITAL DE ALBACETE- ¿Cómo están los órganos judiciales en Castilla-La Mancha en estos tiempos de pandemia?
VICENTE ROUCO- Tras unos momentos, como ha sucedido en todos los ciudadanos, de falta de información -incluso se nos decía que esto era algo que no tenía importancia, que era una especie de gripe- empezamos a tener conocimiento en la primera semana de marzo de la grave trascendencia que podía ir teniendo, de hecho se manifestaba en el temor de los operadores jurídicos y de los ciudadanos a acudir a las sedes judiciales a pesar de lo cual teníamos que seguir desarrollando la actuación procesal correspondiente. Posteriormente, el Consejo nos pidió información sobre qué es lo que debíamos hacer y le propusimos una suspensión de las actuaciones procesales más ordinarias con el fin de no sólo proteger la salud de los jueces y magistrados sino también de los ciudadanos y de los profesionales que acuden a las sedes judiciales.
Cuando se produce la declaración del estado de alarma nosotros hemos organizado los servicios judiciales en coherencia con ese marco jurídico para proteger a la ciudadanía, a los profesionales y a los propios jueces, magistrados y funcionarios. Creo que, salvo en las primeras semanas donde se produjeron contagios entre el propio personal, hubo un cierto desconcierto en algunos puntos concretos pero no llegó a interrumpirse nunca el servicio. La regularidad de la prestación del servicio ha sido la nota dominante en lo que se refiere a las actuaciones consideradas esenciales por el decreto del estado de alarma. Los órganos judiciales en los servicios fundamentales han funcionado con regularidad de manera modélica y nos hemos ido progresivamente adaptando a modos y maneras de trabajo diferentes, por ejemplo hemos puesto en marcha medidas que se habían desarrollado de manera incipiente como el expediente judicial electrónico, las hemos potenciado, y eso ha permitido que la mayoría de jueces, magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia hayan podido trabajar incluso en las actividades ordinarias haciendo uso del teletrabajo. Al principio existían dudas de legalidad pero todo el mundo ha sido consciente de que esas dudas debían desaparecer porque es la forma de trabajar en un entorno seguro y de poder seguir funcionando. Quiero en este sentido resaltar que el engranaje tanto desde el Ministerio de Justicia como desde los propios operadores judiciales ha sido muy bueno, ha funcionado muy bien y se han hecho experiencias bastante útiles celebrando actuaciones procesales en servicios esenciales: asuntos de violencia de género, actuaciones penales de guardia… por videoconferencia. Se ha desarrollado una experiencia muy interesante que se va consolidando y que ahora con las medidas que se han puesto en marcha en un Decreto Ley van a tener un recorrido más amplio. Se va poniendo de manifiesto que en nuestros cometidos, la actividad de tramitación procesal, de inserción de resoluciones, de desarrollo de procedimientos etc. se puede hacer perfectamente desde la propia casa con los instrumentos tecnológicos de los que disponemos y con la seguridad necesaria. Se van a potenciar estos instrumentos de teletrabajo a nivel de personal, puesto que se están poniendo en marcha plataformas para poder hacerlo y confiamos nos permita una ayuda fundamental en esta primera fase.
Este tipo de actuaciones realizadas por videoconferencia en juicios, vistas, serán medios habituales de relacionarnos con los justiciables y profesionales, las deliberaciones de las decisiones judiciales en los órganos colegiados se están llevando a cabo de esta manera y ahora eso se va a trasladar a un régimen legal ordinario, tenemos que adaptarnos y dar una respuesta porque la Justicia no puede estar parada. Es necesario que se reactive la Justicia porque es una pieza fundamental del Estado de Derecho y tenemos que trabajar y ofrecer una garantía a los ciudadanos, aún dentro del agobio que va a producir un indudable y previsible aumento de la litigiosidad, que se va a unir a la ya situación complicada de muchos órganos judiciales que tenían las agendas cargadas y muchísimo trabajo en curso que se ha visto alterado sobre todo en los juicios, en las actividades judiciales de celebración de vistas y sentencias como consecuencia de la suspensión de los plazos procesales.
Es una situación inusual, excepcional, que requiere de unas medidas de actuación excepcionales pero yo creo que los jueces y el personal de Justicia somos conscientes de la necesidad, lo único que necesitamos es la confianza que todos los ciudadanos necesitan cuando hacen su actividad en una empresa, es decir que se garanticen unas condiciones mínimas de salud. Se pone de manifiesto los medios de protección que no han tenido los sanitarios, nosotros tampoco hemos alzado la voz para pedirlos y hemos tenido en muy escasa medida medios de protección individuales; en cuanto a medios de protección colectivos, por ejemplo la limpieza y desinfección de las sedes judiciales se ha hecho muy bien. Necesitamos lo que necesitan todos los ciudadanos que son los test para averiguar si tenemos o no la enfermedad y poder adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar los contagios entre nosotros y a las personas que acuden a los tribunales. Están muy bien las medidas de seguridad, de protección, las distancias pero lo que de verdad estaría mejor sería la disponibilidad de test, creo que ya hay un tiempo suficiente como para que se puedan arbitrar las medidas necesarias para disponer de ellos.
E.D.A.- Comenta que se prevé un aluvión de casos que puedan llegar a los juzgados, además de los que ya estaban esperando para ser vistos. En la presentación de la Memoria Judicial usted siempre ha destacado la falta de personal en algunas sedes judiciales y si unimos esto último se puede formar un cóctel en cual la dilación de los procesos pueda llevar a que infracciones o casos para juzgar en el día de hoy no sean vistos hasta dentro de años si no se atajan medidas serias por parte del Gobierno
V.R.- La reflexión que se hacía en la Memoria Judicial sigue vigente, la necesidad de nuevos órganos judiciales, de nuevos jueces a tenor de los datos de la litigiosidad que ya teníamos constatados el año pasado, están ahí, no se pueden omitir ni se pueden desconocer las agendas de determinados órganos judiciales que estaban sobrecargadas y dilatadas; y los efectivos con los que vamos a contar son los mismos con los que contábamos incluso con el dato añadido de esa inquietud que suscita la preocupación por la salud de todos aquellos que trabajamos y la necesidad además de adoptar medidas de protección personales, no solo por nosotros sino por los ciudadanos y por los operadores jurídicos que acuden a los tribunales. Somos conscientes de que tenemos que dotar de una serie de medidas organizativas, de autoprotección y de protección cuando tengamos que reactivarnos, si a eso se suma la situación derivada de la crisis patente que se adivina como consecuencia de la paralización de la actividad ordinaria de la sociedad y de la economía y las previsibles consecuencias litigiosas. Primero, en el orden social, si las empresas tienen que acudir a mecanismos de regulación temporal y hay cuestiones o conflictos van a acudir a los tribunales; si hay despidos como consecuencia de ERTEs habrá trabajadores que a lo mejor estén de acuerdo y otros que no y acudan a los tribunales, eso indudablemente va a suponer un aumento de litigios respecto de la cifra ya existente que ya era muy elevada. La mayoría de los juzgados estaban con agendas señalando a meses vista incluso en algunos casos años, que vamos a necesitar refuerzos es indudable. Hay otras jurisdicciones, la civil, especialmente en el ámbito mercantil si las empresas no pueden salir adelante no podemos desconocer la realidad, van a tener que acudir a las situaciones concursales. Nosotros somos los que somos y por mucha buena voluntad que pongamos y por muchas medidas de flexibilización de las normas procesales… Lo que está claro es que la solución no es habilitar el mes de agosto exclusivamente. Habilitar el mes de agosto no es una solución para evitar el colapso de la Justicia, es una medida más bien de tipo estético. La gente que esté haciendo juicios en el mes de agosto tendrá que tomarse vacaciones en septiembre, o en octubre, ¿o no?, entonces en octubre harán menos juicios, esto no es la solución de todos los males de la Justicia, la solución de los males es aumentar los recursos, simplificar los procedimientos, dotarnos de medios y con carácter preventivo evitar los juicios, es decir tomar las medidas económicas y empresariales necesarias para evitar que la gente no tenga que acudir a los tribunales, igual en el ámbito mercantil o concursal. Mientras tanto haremos lo que podamos, naturalmente pediremos refuerzos, intentaremos organizarnos de la mejor manera posible y sobre todo dar respuestas judiciales con sentido común, de calidad, potenciar los medios que tenemos, organizarnos de la mejor manera posible, si no nos interfieren con medias contrarias al sentido común y sobre todo si las consultan con nosotros, que algunas veces parece que los que las diseñan es que no entienden nada.
E.D.A.- ¿Echa de menos que se consulten a los Tribunales Superiores, en este caso a usted, antes de tomar una medida por parte del Ejecutivo?
V.R.- Si. Sería deseable que para organizar un plan de actuación en el ámbito judicial se contara con los sectores concernidos, es decir, por ejemplo la medida de la habilitación del mes de agosto, estamos todos en contra de ella. Más vale que nos hubieran dicho váyanse todos de vacaciones en el mes de agosto, porque las vacaciones son un derecho constitucional y legal, y estén ustedes trabajando desde el día 1 de septiembre, eso hubiera sido mucho más práctico que no decir lo de la habilitación en el mes de agosto, que está muy bien, si se hace se hace. Es conveniente consultar cuando se actúa en un ámbito determinado, porque si se toman medidas de espaldas a la realidad al final la realidad conduce al fracaso de las mismas.
D.A.- Por último, y entrando en un aspecto más personal, usted tiene el honor de haber sido el último pregonero de la Feria de Albacete, ¿se imagina un Albacete sin Feria?
V.R.- Es difícil, pero fíjese en Sevilla, sin la Feria de Abril; en Valencia, sin las Fallas. Trasladando los ecos poéticos de la oda que yo hice a Albacete con motivo de su Feria creo que los albaceteños sabrán encontrar en el corazón alguna forma de tener su Feria, aunque no sea con el sentido lúdico, festivo, multitudinario de todos los años. Todavía queda un tiempo, hasta el mes de septiembre, y quizás Dios nos de un respiro. Yo rezo todos los días, recemos a Dios y recemos a la Virgen de Los Llanos, no ya por la Feria, o los toros o porque nos permita divertirnos, sino porque nos permita recuperar el marco de convivencia de paz y de salud que tan necesario es para poder ser felices y tener una vida. Mientras tanto, quizás estos acontecimientos nos hagan, yo me lo planteo así, que reflexionemos sobre las cosas que son de verdad importantes, como: la familia, las cosas pequeñas, el día a día, la salud… Todo ese tipo de cosas quizás deberían de ser motivo de reflexión para que no se nos olvide y aprender de estas situaciones encontrando en ellas no sólo un motivo de desesperación sino un motivo para mejorar y para hacernos mejores personas y mejor sociedad.
