/Javier Romero/
Según la Real Academia de la Lengua Española el adjetivo valiente, dicho de una persona, significa que ésta es «capaz de acometer una empresa arriesgada a pesar del peligro y el posible temor que suscita”.
Quizá se pregunten el motivo que me ha llevado a comenzar este artículo con esta definición, pero no se me ocurre otra para describir la actuación del protagonista de esta historia, Vicente Rouco, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), con sede en Albacete, que ante las cifras que el Ministerio de Sanidad ofrecía sobre los fallecidos de COVID-19 se atrevió a arrojar luz y poner negro sobre blanco en relación a una realidad que se sospechaba pero que ninguna autoridad de peso en todo el país se atrevía a asegurar públicamente; los muertos con coronavirus son más que los que refleja la estadística oficial.
Así, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el pasado 6 de abril hacía pública una información que ya adelantamos en El Digital de Albacete y era ampliada por este órgano judicial, las licencias de enterramiento expedidas por los registros civiles de la región con motivo de la situación originada por la pandemia del COVID-19, tasando en 1.921 las firmadas con sospechas de coronavirus durante el mes de marzo con coronavirus o sospechos, un cifra superior a los 708 fallecidos oficiales registrados por la estadística ofrecida por el Ministerio de Sanidad con respecto a la Comunidad Autónoma al cierre del tercer mes del año.
A partir de ese momento se originó una auténtica cascada informativa que llevó incluso al Ministro de Justicia a recabar la información a todos los Registros Civiles de España ante algo de lo que había alertado Vicente Rouco desde Albacete.
El Digital de Albacete ha tenido la oportunidad de entrevistar en las últimas horas a Vicente Rouco, cuestionándole por esta situación, tal y como reproducimos a continuación en esta primera parte de una entrevista que publicaremos por extractos durante los próximos días:
EL DIGITAL DE ALBACETE- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha puso la voz de alarma en relación a la cifra de fallecidos por coronavirus, llegando a publicar una nota de prensa en la cual informaban de que las cifras de fallecidos por Coronavirus, a tenor de las licencias de enterramiento expedidas, no casaban con las cifras oficiales, ¿Qué fue lo que motivó al TSJCLM a hacer pública esta información, fue el primer Tribunal que puso sobre aviso al resto de España en algo que ahora mismo se reconoce hasta por parte del Gobierno?
Vicente Rouco- Lo que motivó la nota y la información fue el resultado de unas actuaciones que desarrolló la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha atenta, en la medida de mis posibilidades, a la información del funcionamiento de los órganos judiciales. Observaba lo que era patente, las informaciones que me trasladaban de los tanatorios que planteaban problemas las cifras de inhumación; de los registros civiles, que había un aluvión de licencias de enterramientos -lo veía todos los días porque estoy en comunicación con todos los jueces encargados de los registros civiles y el registro civil lo visitaban con una regularidad asombrosa los servicios funerarios, así como entraban en el edificio cuando funciona el juzgado de guardia- y en base a ello y teniendo en cuenta que una de las obligaciones mías era velar por el buen funcionamiento de los servicios esenciales, uno de ellos el registro civil y con ello las competencias de enterramiento.
Por otro lado, teniendo en cuenta la previsible incidencia en la mortalidad de la epidemia se debería de haber organizado con carácter general una labor de supervisión de esas actuaciones por parte de un cuerpo de facultativos adscrito a la Administración de Justicia, que son los médicos forenses y que obviamente su labor es apoyar desde el punto de vista técnico a dicha Administración en las labores que desarrollamos. Nuestros médicos forenses están muy preparados para hacer labores de ese tipo en la investigación criminal pero tienen otras funciones, a veces poco conocidas, que son por ejemplo las de apoyar a los registros civiles en las informaciones de tipo técnico que se refieren al proceso de inscripción de las defunciones.
Es evidente que una actuación prudente en estos momentos, desde mi punto de vista, hubiera sido poner a supervisar ese proceso a los médicos forenses, no se hizo, ignoro las razones, pero lo que sí puedo decir es que creo que hubiera ayudado mucho en este proceso, no se pueden hacer autopsias, evidentemente porque no son muertes sospechosas o violentas de criminalidad.
Lo que apuntaban esas informaciones orales se confirmó con ese tipo de informaciones recogidas, además de por muchas dificultades en el proceso de inscripción de esas defunciones derivadas de la no consignación adecuada en muchas certificaciones de defunción de los médicos, quizás por desconocimiento, la mayor parte de los casos entiendo porque no se realizan los test y entonces no existe una corroboración analítica del contagio de la enfermedad. En determinados registros civiles de nuestra comunidad sí que se hacía una supervisión reglada por el propio juez encargado de esas certificaciones de defunción y se constató algo que constataron en varios registros civiles, ese fenómeno.
Puesto de manifiesto en las informaciones que yo recabé, al constatar que era un fenómeno que podía afectar a la regularidad de la inscripción de la defunción, decidí obtener una información más sistemática de todos los registros civiles. El resultado de esa información estadística a grandes rasgos es la que traté de trasladar en la nota por el interés público evidente que tiene, la relevancia informativa era clara y me dejé regir por ese criterio de transparencia y de realidad informativa con el deseo de ayudar a que se conociera la verdad como paso previo y como medida previa para poder actuar jurídicamente en el ámbito de lo que yo entendí que eran mis competencias sobre los registros civiles.
El registro civil no es una actividad propiamente jurisdiccional, es una actividad administrativa pero que se nos encomienda a los jueces y en el ámbito del TSJ -las normas todavía vigentes confían al presidente del TSJ la inspección de los registros civiles ordinaria- yo entendí que debido a las características de esta situación era necesario introducir un proceso de seguridad jurídica en esas inscripciones de defunción evitando las deficiencias que podían adolecer algunas certificaciones de defunción reconduciéndolas a la verdadera causa de la muerte. Creo que existe un deber de seguridad jurídica para con esas personas y para con el registro civil en la medida en que creo que tiene que estar bastante asegurado ese proceso, por razones de seguridad jurídica e incluso de necesidad, de respeto a la propia memoria e identidad de las personas que están falleciendo como consecuencia de esta situación y que eso quedara asegurado. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Pues muy sencilla, creo que está al alcance desde el punto de vista legal, recomendar a los jueces encargados de los registros civiles que tienen autonomía, pero sobre los que yo puedo impartir recomendaciones de tipo inspector para que supervisen bien esas certificaciones de defunción, velen porque las causas de la muerte se expresen bien porque nos dimos cuenta de que incluso en algunos partidos judiciales no se recogían ni siquiera las causas de la muerte, se hablaba de muerte natural quizás por la confusión de los propios médicos.
Incluso me he puesto en contacto con los colegios de médicos de la comunidad y ellos han visto muy bien estas medidas, no es una manifestación de desconfianza sino una verificación de la calidad del proceso que yo creo que contribuye también a liberarles de la tensión jurídica que supone el hacer un acto con una trascendencia legal que para ellos muchas veces ofrece un proceso de cierta duda y de cierta inseguridad, el reforzarlo con los médicos forenses es muy bueno. Estas medidas han costado ponerlas en marcha, quizás teníamos que haberlas puesto en marcha desde el principio, pero quizás esto debía de haber sido una medida general que impulsara el propio Ministerio de Justicia. Yo lo he hecho en este ámbito por sentido del deber y de la responsabilidad, se que a lo mejor no es una actuación que esté generalizada en otros Tribunales Superiores de Justicia pero yo creo que debía responder de esta manera porque me lo exigía mi conciencia y mi sentido del deber, como he intentado hacerlo siempre en toda mi vida profesional y mientras pueda seguir haciéndolo pues así lo haré.
E.D.A.- Esa información que comunicaron desde el TSJCLM al final obligó al propio Ministro a recabar la misma información en todos los tribunales del país. Recorrer un camino es más fácil que abrirlo, por lo que mucha gente define a Vicente Rouco desde ese momento como un juez valiente, ¿esa valentía también le ha supuesto algún ataque por gente que no le gusta lo que usted está contando?
V.R.- Yo no soy quizás el más adecuado para valorar si es valiente o no lo que yo hago, creo que es actuar simple y llanamente como debe de hacer una persona que se toma su trabajo con sentido del deber y de la rectitud, que creo que es un sentimiento mayoritario. El único mérito que me puedo atribuir es quizás el haber intentado prestar atención y el haber ingresado en la carrera judicial en un momento en el que el juzgado al que tuve que ir destinado tenía la competencia del registro civil, además en nuestra oposición se estudiaba las competencias relativas al registro civil. Al registro civil le tengo mucho cariño y me he preocupado durante la Presidencia de velar por el buen funcionamiento de los registros civiles, de visitarlos, de estar pendiente de los jueces y funcionarios, conozco la condiciones en las que trabajan, he procurado ayudarles y desde ese punto de vista he intentado ser coherente incluso con los valores y los principios que me hicieron ser juez: servir a la Justicia e intentar actuar con rectitud y con fidelidad hacia la verdad. No considero que eso sea mérito y dejo a la opinión de los demás el valorarlo, indudablemente el contrariar o el contradecir la verdad llamémosla oficial siempre supone un lastre, pues no a todo el mundo le gusta, pero claro es que la verdad es la verdad y se quiera o no está ahí.
Yo creo que no se debe de actuar escamoteando la verdad, nuestra sociedad es una sociedad madura y es perfectamente capaz de valorar y asumir cualquier verdad, de interiorizarla y de comportarse con arreglo a ella, creo que es incluso mejor, es una forma adecuada de informar a la sociedad para que se tome en serio la situación y se de cuenta de las consecuencias que están concurriendo y para poder comportarse con arreglo a ellas.
En cuanto a las consecuencias del comportamiento, las asumo, puede ser que tenga algunas consecuencias perjudiciales, que no lo sé, pero las asumo porque después de 37 años en la carrera judicial no me voy a ir a mi casa con la cabeza gacha y con sentido de la vergüenza de no haberme comportado con arreglo a mi conciencia, eso bien pueden tenerlo seguro todos aquellos que me conocen y los que no me conocen deberían de saberlo. A lo largo de mi vida he intentado comportarme con arreglo a ese sentido y lo seguiré haciendo: me importa más mi integridad y mi conciencia que cualquier otra consideración, que me ataquen, pues qué le vamos a hacer. Están meticulosamente analizadas todas las consecuencias, la protección de datos ha sido super estudiada, se han dado datos generales de provincias, de poblaciones grandes, no se han dado los de poblaciones pequeñas para preservar los datos personales de las personas que puedan estar afectadas, el proceso de revisión de las certificaciones de defunción se está haciendo con un escrupuloso respeto a la identidad. Además cabe destacar la colaboración entusiasta de los médicos forenses, los jueces encargados de los registros y de los funcionarios que somos sensibles al dolor humano, al sufrimiento y creo que en estos momentos es especialmente necesario tratar con respeto y con empatía a las personas que están sufriendo y a las personas que pasan por este trance tan doloroso porque además creo que los síntomas de esta enfermedad no son nada agradables y afectan a personas mayores, pero también a personas menos mayores, en todo caso creo que el hecho de que sean personas mayores no les priva de ninguna dignidad, todo lo contrario, deberíamos de respetarlas más. Si hay alguna consecuencia desfavorable la asumo, no me parecería justo porque estoy hablando con la verdad, me puedo equivocar, pero estoy hablando con la verdad.
E.D.A.- También tenemos conocimiento de que a través de Fiscalía estaban comenzando investigaciones penales en algunas residencias de la región y de la provincia de Albacete, donde más fallecidos ha habido, quizás también ha habido mucha falta de opacidad y donde la Justicia puede aclarar mucho lo que ha sucedido
V.R.- Supongo que si nos viene al ámbito judicial intentaremos esclarecer los hechos, si es de nuestra competencia, y hacerlo con la mayor rectitud. Con arreglo a la Constitución y a las leyes y con absoluta independencia pues si tenemos que hacerlo, lo haremos, e intentaremos cumplir con nuestra función.
Vicente Rouco
Nacido en 1958, Vicente Manuel Rouco Rodríguez se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ingresando en la carrera judicial en 1982. Fue juez de distrito de Villarrobledo y Málaga entre 1982 y 1985, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Hellín de 1985 a 1987, año en el que ascendió a magistrado, donde desempeñó su labor en el Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona. Fue magistrado-juez de Vigilancia Penitenciaria de Albacete y Cuenca.
Entre 1987 y 1989 fue magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Albacete y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desde su constitución en 1989, cuando pasó a ser magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid hasta 1994, año en el que regresó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. En 1996 fue nombrado presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCLM.
En diciembre de 2004, el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desde 1996, Emilio Frías Ponce, fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo. Rouco, en el cargo de presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, asumió la presidencia en funciones del TSJCLM en enero de 2005. El 19 de julio de 2005 el Consejo General del Poder Judicial lo nombró presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con 14 votos del pleno frente a los 4 que recibió otro de los candidatos, Eugenio Cárdenas, tomando posesión de su cargo el 26 de julio.
En 2010 y en 2015 volvió a ser elegido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, cumpliendo de esta forma su tercer mandato consecutivo al frente del máximo órgano judicial de la comunidad autónoma.
