UGT Castilla-La Mancha y CSIF han denunciado que el personal de residencias de mayores, residencias infantiles, centros de menores protegidos y centros de personas con discapacidad de la región «se queden una vez más fuera» de los planes del Gobierno autonómico para la realización de test.
En concreto, esta vez desde el sindicato UGT han lamentado que «no se contempla realizar los test rápidos de anticuerpos de COVID-19 anunciados en las últimas horas tanto por el consejero de Sanidad como por la portavoz del Gobierno regional y recogidos ya en una instrucción del Sescam».
Luis Manuel Monforte, responsable del sector Autonómico y Sociosanitario de FeSP UGT, detalla que dichos test de seroprevalencia son fundamentales para conocer cuál es realmente el alcance del virus entre los profesionales, ya que determinando la situación de los trabajadores asintomáticos se podrá medir el número de trabajadores afectados y tomar las medidas de protección necesarias para acabar con los contagios entre profesionales y entre estos, los residentes a los que cuidan y sus familias, según ha informado el sindicato en nota de prensa.
«Este Gobierno nos demuestra una vez más su falta de interés, preocupación y responsabilidad en el ámbito más damnificado por la epidemia, que cuenta ya más de 700 fallecidos en residencias de mayores», ha denunciado Monforte, insistiendo en que este es un sector que sigue sin contar con suficientes EPIs para los trabajadores ni con un protocolo o plan de actuación claro, «como ha pedido UGT por numerosas vías y como ha sido anunciado por el Gobierno regional otras tantas».
Monforte ha afirmado no entender este «olvido» y ha apuntado a lo pedido por el Comité Técnico Nacional de Seguimiento del COVID-19, «que las comunidades autónomas realicen test a todos los profesionales reconociendo que el crecimiento constante de los contagios entre sanitarios y sociosanitarios se debe a la falta de protección necesaria».
UGT ha reiterado la necesidad de llevar estos test anunciados a centros sociosanitarios, dado el «alto nivel de riesgo y exposición» al COVID-19 y «la vulnerabilidad de las personas residentes en ellos». «El Gobierno regional debería cumplir con sus declaraciones y no dejar a nadie atrás, sin diferenciar entre trabajadores afectados. Exigimos que al menos cumplan con este compromiso y rectifiquen por el bien de todos», ha concluido Monforte.
CSIF
De su lado, CSIF ha lamentado que esta investigación no se extienda al personal sociosanitario de los centros asistenciales de la Junta de Comunidades, cuya gestión ha pasado de la Consejería de Bienestar Social a la de Sanidad con motivo de la epidemia de coronavirus, según ha informado la central sindical en nota de prensa.
Para CSIF, los más de 3.500 trabajadores de centros asistenciales de la región se encuentran expuestos al contagio de la misma forma que lo están los profesionales de centros sanitarios y hospitalarios. En este sentido, los 4.068 residentes con positivo y las 832 personas que han fallecido en las residencias asistenciales «muestran la exposición a la que se enfrentan los trabajadores en esta labor esencial».
«De hecho, CSIF sigue esperando a que el Gobierno regional comunique el número de sociosanitarios que se ha contagiado desde el inicio de la crisis y el que permanece en cuarentena», han incidido desde el sindicato.
Así, han insistido en que la realización de estos test serológicos también debe llevarse a cabo en los centros asistenciales. El presidente del Sector de Administración General de la Junta de Comunidades de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, ha subrayado que «el personal sociosanitario es el gran olvidado de esta crisis». «Solo pedimos que nos traten igual, siempre nos dejan los últimos», ha apostillado.
Más allá de la realización de pruebas diagnósticas, Sánchez ha sostenido que los trabajadores del sector también fueron «los últimos en recibir equipos de protección individual». «Trabajamos con los colectivos más vulnerables como residentes de centros de mayores y centros de discapacitados y se debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, no sólo por ellos sino para evitar el contagio entre los propios usuarios», ha añadido.
CSIF Castilla-La Mancha recuerda que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha incoado las oportunas diligencias de investigación penal en base a la denuncia presentada por el sindicato por la exposición sufrida por los empleados públicos de la Junta de Comunidades al encontrarse en contacto con pacientes afectados por coronavirus sin contar con los equipos de protección adecuados.
Con todo, CSIF considera que este estudio que va a iniciar el Sescam, encuadrado dentro de una investigación del Ministerio de Sanidad en el que participarán 6.480 personas en la región, «puede crear falsas expectativas», ya que el punto principal de acción debe ser la realización de test masivos, ya sean PCR, de antígenos o serológicos, a todos los trabajadores.
