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El Defensor del Pueblo pide a Hacienda ampliar plazos tributarios a mayo y la Campaña de la Renta a septiembre

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/Redacción/

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, solicita a Hacienda que flexibilice los plazos a mayo para facilitar que pymes y autónomos cumplan sus obligaciones tributarias y que amplíe los plazos para la Campaña de la Renta y Patrimonio 2019 hasta el 30 de septiembre.

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Estas son algunas de las propuestas económicas trasladadas por el Defensor del Pueblo, que se ha dirigido a los ministros de Sanidad, Hacienda, Interior, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para hacerles llegar los problemas que los ciudadanos y ciudadanas plantean en el millar de quejas recibidas hasta el momento, relacionadas con la crisis sanitaria del Covid-19.

Asimismo, también ha mantenido contactos con diferentes administraciones autonómicas y locales para supervisar su actuación y para hacer propuestas que contribuyan a sobrellevar la actual situación.

La institución ha trasladado al Ministerio de Hacienda la preocupación de muchos autónomos y pymes que se han dirigido al Defensor manifestando problemas para afrontar sus obligaciones tributarias a lo largo del mes de abril. Las principales asociaciones de asesores fiscales y profesionales tributarios también han reclamado la ampliación de plazos.

En una carta remitida a la ministra de Hacienda, el Defensor manifiesta que sería conveniente flexibilizar los plazos de cumplimiento de las obligaciones tributarias que ambos colectivos deben afrontar en las próximas tres semanas.

En las quejas recibidas por la institución, los ciudadanos explican que muchos de los profesionales encargados de presentar las declaraciones trimestrales (asesores, gestores o abogados) han cerrado sus despachos como medida de protección de la salud y aseguran que ello limita o impide el traslado de las facturas y documentos necesarios para la confección de las declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones.

En la misiva, el Defensor recuerda que, según datos del Colegio de Gestores Administrativos de España, el 80% de las declaraciones trimestrales exigibles se realiza por profesionales y empresas externas a los obligados tributarios. Además, señala que el cierre de las dependencias de la Agencia Tributaria ha agravado esta situación, ya que muchos autónomos o pymes “carecen de la posibilidad de aclarar sus dudas o confeccionar por si mismas estos documentos”.

A ello se añade que la actualización tecnológica que permitiría la presentación telemática de todas las obligaciones alcanza aproximadamente al 50% de pymes y autónomos y que sigue siendo frecuente el pago de las liquidaciones en ventanillas físicas de entidades bancarias.

APLAZAR OBLIGACIONES A MAYO

Por ello, el Defensor del Pueblo considera que todas estas situaciones pueden ser mejoradas con la flexibilización de los plazos de cumplimiento de estas obligaciones formales y propone varias alternativas. Así, apunta que se podría diferir su presentación, de manera que en el ejercicio 2020 se realicen de manera semestral, o prolongar los plazos hasta los veinte días posteriores a la finalización de las medidas de confinamiento.

De esta forma, la carga de estas obligaciones tributarias resultaría compatible con la situación de amplia limitación de movimientos que se ha acordado. Para el Defensor, otra posibilidad sería un traslado del plazo de las obligaciones citadas al mes de mayo, para que la presentación se haga cuando es previsible que el descenso de contagios e ingresados por coronavirus ofrezca cierta esperanza económica para los obligados tributarios.

AMPLIAR CAMPAÑA DE LA RENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE

De igual forma, ha pedido al Ministerio de Hacienda que amplíe los plazos para la campaña de Renta y Patrimonio 2019, ya que, aunque muchas familias podrán obtener sus devoluciones del impuesto, aquellos que hayan perdido a un familiar o que esté ingresado o aislado y tengan que presentar la renta del ejercicio 2019 en nombre de esas personas “pueden experimentar dificultades inéditas para acceder a la documentación y datos necesarios para realizar la presentación”.

Con este problema, añade, se pueden encontrar también las personas que estén desplazadas y los sanitarios, que en estos momentos dedican todos sus esfuerzos y su tiempo a combatir la pandemia.

Por ello, aboga por ampliar los plazos para la presentación de la declaración, bien habilitando una prórroga general por un tiempo igual al que se mantengan las limitaciones para el contacto social, o bien adoptando una medida general que prolongue hasta el 30 de septiembre el plazo para la presentación de las declaraciones.

Asimismo, la institución cree que también se podrían barajar medidas de alivio del Tesoro y ha propuesto la posibilidad de modificar la normativa para que aquellos ciudadanos que renuncien a su devolución del IRPF de la campaña 2019, puedan recibirla mediante compensación en los próximos cuatro ejercicios.

PERMISOS DE TRABAJO, VUELOS Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

Fernández Marugán ha pedido al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la concesión de autorizaciones de trabajo para ciertos colectivos de ciudadanos extranjeros que podrían incorporarse a determinados sectores (sanitario, agrícola o cuidado de personas mayores) que en esta crisis necesitan personal de manera urgente.

Aunque el Defensor es consciente de que no es el momento de abordar reformas normativas, sin embargo cree que la legislación actual permite dotar de permiso de trabajo a ciudadanos que se encuentran en situación regular en España pero que no pueden acceder al mercado laboral al no contar con autorización de trabajo.

También se han atendido quejas ciudadanas por la pérdida de vuelos y se ha actuado de oficio con el Ministerio de Fomento por las dificultades que encontraron miles de personas para retornar a la península tras la cancelación de sus vuelos en las Islas Canarias.

Por último, se están investigando diversos problemas derivados de la continuidad en el uso de alojamientos turísticos como lugares para efectuar el confinamiento, fundamentalmente relacionados con el deber por parte de las comunidades de vecinos de cumplir con las especiales exigencias de desinfección y limpieza, y con problemas relativos al deficiente registro de estos pisos por parte de las autoridades competentes.

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