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El sindicato Anpe ha criticado que no haya habido criterios unificados entre el Ministerio de Educación y todas las comunidades autónomas en relación las oposiciones de enseñanzas medias de 2020, y que cada comunidad autónoma haya tenido que decidir si las mantienen o se suspenden.
En una nota de prensa, el sindicato de educación ha lamentado “la falta de liderazgo y coordinación del Ministerio de Educación, al no conseguir criterios unificados para todas las comunidades autónomas”, después de que la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, haya anunciado este miércoles que Castilla-La Mancha es una de las comunidades que ha decidido aplazarlas al año próximo.
Anpe de Castilla-La Mancha ha considerado “inadmisible” que el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas no hayan consensuado una posición “y en consecuencia la decisión haya recaído en cada comunidad”, de forma que Madrid, Galicia y Cataluña han decidido no aplazarlas, aunque las dos primeras han apuntado que las pospondrán si el estado de alarma se prolonga más allá del 11 de abril.
Al respecto, ha recordado que “desde Anpe hemos defendido desde un primer momento que debía ser el Gobierno nacional, en virtud de las competencias que le otorga el real decreto del estado de alarma el que decidiera, con el asesoramiento del comité técnico de la COVID-19, sobre el aplazamiento o no de las pruebas”.
Por otra parte, ha avanzado que exigirá que a la oferta de empleo público (OEP) del año que viene en enseñanzas medias, “se le sumen todas las plazas de reposición y estabilización que se generen durante este tiempo de aplazamiento”.
Asimismo, ha abogado por que este aplazamiento no afecte a la oferta de empleo público del cuerpo de maestros, inicialmente prevista para 2021, ya que según ha argumentado “una vez superada está grave crisis y garantizada la salud de todos los aspirantes, no hay excusa para no convocarlas”.
Y ha defendido que se debe de mantener “el objetivo de reducir al mínimo la tasa de interinidad en los centros educativos, para dotar de estabilidad a las plantillas docentes y garantizar así la continuidad y calidad de los proyectos educativos en beneficio de la comunidad educativa”.
