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CORONAVIRUS | Los ERTE en concesionarios afectarán a 4.500 trabajadores en Castilla-La Mancha

TOyota

/Redacción/

La solicitud masiva de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) afectará a 4.500 trabajadores de los 104 concesionarios que hay en Castilla-La Mancha, según estimaciones de la patronal de asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas automovilísticas y de maquinaria agrícola, Faconauto.

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En una nota de prensa, Faconauto ha indicado este martes que los concesionarios de automoción se están acogiendo mayoritariamente a ERTE “por causa de fuerza mayor”, como recoge el decreto de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus, ya que consideran que les permitirá proteger el empleo y dar continuidad a sus empresas, una vez se recupere la normalidad.

Asimismo, ha explicado que en conjunto del país, los ERTE afectarán a alrededor de 151.000 trabajadores, mientras que otros 10.000 se mantendrán operativos en todo el territorio nacional para atender las peticiones de servicios urgentes de los sectores estratégicos para la gestión de la crisis provocada por la pandemia.

Faconauto ha apuntado que la actividad de los concesionarios “cesó totalmente desde que se declarara el estado de alarma”, tanto en su parte comercial como en su parte de posventa, salvo los servicios de urgencia que establecieron, lo que ha provocado una caída en sus ventas de vehículos nuevos del 85 %, mientras que los trabajos en los talleres han caído un 99%.

La patronal cuantifica en cerca de 2.500 millones de euros el impacto del periodo de estado de alerta sobre la facturación de las redes de concesionarios

Y ha hecho hincapié en que la aprobación de los ERTE, que los concesionarios ya están presentando, “es esencial para que el sector pare el primer golpe provocado por la crisis y que son la base sobre la que cimentar la recuperación, ya que permitirán conservar el empleo”, lo que considera prioritario.

Por ello, ha pedido celeridad, en la medida de lo posible, para su tramitación administrativa “y que haya uniformidad de criterios en las comunidades autónomas a la hora de resolverlos”.

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