El Gobierno de Castilla-La Mancha afirma que está actuando “desde todos los ámbitos” para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez la cantidad adeudada a la región por el IVA de 2017

/Redacción/

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha subrayado hoy que el Gobierno de Castilla-La Mancha está actuando desde todos los ámbitos para reclamar al Estado los 135 millones de euros que adeudada a la región en la liquidación de los recursos del sistema de financiación autonómica de 2017 y que son consecuencia de la modificación del reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Ruiz Molina así lo ha puesto de manifiesto durante el pleno celebrado hoy en las Cortes regionales, en el que ha explicado que, en primer lugar, se está actuando en el ámbito político, ya que no se ha agotado la negociación con el Gobierno de España.

En segundo término, se está trabajando en el ámbito jurídico, de tal forma que de manera coordinada la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y el Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades, está analizando “desde el punto de vista técnico cuál es la estrategia más adecuada para reclamar ese dinero al Gobierno de la Nación”.

En este sentido, Ruiz Molina ha recordado que el pasado día 4 de febrero el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha autorizó al Gabinete Jurídico a adoptar las medidas administrativas y, en su caso, las acciones judiciales que proceda para reclamar al Estado la cantidad adeudada a la comunidad autónoma por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de 2017, que asciende a 135 millones de euros.

Finalmente, tal como ha señalado Ruiz Molina, también se está abordando esta cuestión “en el ámbito académico”, porque en coordinación con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) “se está redactando un informe que avale las pretensiones del Gobierno regional en relación con la deuda que el Gobierno de la Nación mantiene con esta comunidad autónoma”.

Durante su intervención el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha recordado que la cuestión del IVA de 2017 tiene su origen en el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que no tuvo en cuenta los dos principios fundamentales que rigen la financiación autonómica y que son el principio de autonomía financiera y el principio de lealtad institucional.

El titular de Hacienda y Administraciones Públicas también ha informado a las Cortes regionales sobre la postura que defendió el Ejecutivo de Emiliano García-Page en relación con este asunto en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró hace tres semanas.

Así, Ruiz Molina ha indicado que, en representación del Gobierno de Castilla-La Mancha, mostró su disconformidad con la propuesta hecha por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en relación con las cantidades adeudadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de 2017.

Por lo tanto, Ruiz Molina ha resaltado que el Gobierno de Castilla-La Mancha “tiene el mismo mensaje gobierne quien gobierne, con independencia del color político a nivel nacional, porque lo que defiende son los intereses de los castellano-manchegos”.

Además, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas durante el CPFF ofreció tres “posibilidades de solución” sobre el IVA de 2017, tal como se recogerá en el acta de la reunión.

En este sentido, Ruiz Molina ha querido agradecer la generosidad de la ministra de Hacienda al haber dado el uso de la palabra a los representantes de las diferentes comunidades autónomas para que manifestaran su opinión sobre la propuesta que había planteado sobre el IVA de 2017, una cuestión que no formaba parte del orden del día de este encuentro y que, por lo tanto, no se votó.

Lo que sí que se votó en esta última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera fueron los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que propuso el Ministerio de Hacienda para el conjunto de las comunidades autónomas en el ejercicio 2020 y para el periodo 2021-2023

Una nueva senda de objetivos de déficit para los próximos años a la que el Gobierno regional votó favorablemente porque “va a permitir a las Comunidades Autónomas tener una mayor capacidad de gasto para invertir, fundamentalmente, en el Estado de bienestar y, desde luego, para tener un aterrizaje más suave hacia el equilibrio presupuestario.

 

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