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Castilla-La Mancha aprueba un Programa Temporal de Empleo para dar un impulso a los expedientes relacionados con la transición energética

TOyota

/Redacción/

El Gobierno de Castilla-La Mancha dará un “impulso significativo” a los expedientes relacionados con la transición energética y con otras tramitaciones medioambientales.

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Ello después de que el Consejo de Gobierno autorizara ayer la puesta en marcha del Programa Temporal de Empleo que incorporará a 34 profesionales para reforzar la Viceconsejería de Medio Ambiente y las direcciones generales adscritas, la Dirección General de Transición Energética y las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Se trata de expertos en Derecho, Montes, Ciencias Ambientales, Biología, Veterinaria, Técnicos Industriales y Técnicos Forestales que se encargarán de un amplio abanico de tareas, como asesoramiento jurídico, realización de informes, coordinación de propuestas desde el punto de vista forestal, sobre los efectos en flora y fauna, incidencia en la cabaña ganadera y en las industrias agroalimentarias, entre otras.

La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, Blanca Fernández, ha explicado que esta medida se enmarca “en el compromiso del Gobierno del presidente García-Page por impulsar aún más si cabe los proyectos ligados a energías limpias y renovables, y ello pasa, en parte, por agilizar los procedimientos administrativos con un equipo dedicado a ello de manera exclusiva”.

Sostenibilidad que genera riqueza, innovación y empleo

En síntesis, Fernández ha explicado que “de lo que se trata es de arbitrar medidas de simplificación administrativa que permitan atraer a Castilla-La Mancha inversiones empresariales que, cumpliendo con los objetivos de sostenibilidad económica, social, medioambiental y territorial, contribuyan a favorecer la actividad económica por su capacidad de generar riqueza, innovación y empleo, así como la cohesión territorial de nuestra región”.

Precisamente, la portavoz del Ejecutivo autonómico ha destacado la línea de trabajo que está llevando a cabo la Junta de Comunidades en la autorización de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, una circunstancia que ha permitido que Castilla-La Mancha cerrara 2019 con más de 825 megavatios (MW) de nueva potencia instalada con respecto al año anterior.

Blanca Fernández ha ofrecido más datos de esta repercusión económica positiva como consecuencia de la implantación de las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica renovable, y que ha llevado aparejada en el último año una inversión estimada cercana a los 455 millones de euros, la creación de más de 1.000 empleos y la generación de energía limpia para abastecer a 165.000 hogares aproximadamente, evitando además la emisión de 530.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

Ello sin olvidar que, en el cómputo global, “Castilla-La Mancha cuenta con una potencia total de energía eléctrica que supera los 9.000 MW, de ellos, 6.700 de origen renovable, que está tramitando numerosas propuestas de instalaciones de energías renovables que supondrán una inversión privada de 6.000 millones de euros y la creación de 8.400 puestos de trabajo directos durante la construcción, a los que hay que sumar 500 empleos para el mantenimiento y la gestión de todas estas infraestructuras”.

Precisamente, el Gobierno regional tiene ahora mismo en tramitación proyectos fotovoltaicos y eólicos que suman 3.108 MW, con la siguiente distribución provincial: Albacete, 736; Ciudad Real, 785; Cuenca, 540; Guadalajara, 310; y Toledo, 737, sin olvidar que se ha solicitado la instalación de otros 4.800 megavatios al Gobierno de España.

El 74,4 por ciento es energía de fuentes renovables

Todo ello ligado a la agenda global sostenible que lleva aparejada la transformación del modelo económico conforme al Acuerdo de París y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y que, en síntesis, establece como objetivo para los estados de la Unión Europea que la cuota de energía procedente de fuentes renovables sea de, al menos, el 32 por ciento del consumo final bruto de energía en ese año 2030, “un objetivo que en Castilla-La Mancha superamos con creces, ya que el 74,4 por ciento de toda la potencia instalada de energía eléctrica cumple con ese criterio renovable”. De hecho, ha abundado la consejera “si nos tuviéramos que abastecer de energía limpia, lo podríamos hacer al 100 por ciento” ya que, actualmente, “tres de cada 4 megavatios provienen de energías limpias”, modelo que “queremos potenciar”.

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Por lo tanto, “con esta estrategia, en Castilla-La Mancha queremos ir a más para alcanzar en 2030 una potencia instalada cercana a los 18.000 megavatios (MW); ello supondrá duplicar la cifra actual”, ha subrayado Fernández. En este sentido cabe señalar que “hemos solicitado a Red Eléctrica, y, por tanto, al Ministerio para la Transición Ecológica, la ampliación de la capacidad de evacuación de energía por el alto número proyectos renovables existentes en Castilla-La Mancha”.

Recordar por último que, con ese objetivo compartido de garantizar la protección del medio ambiente y apostar por el desarrollo económico sostenible, las Cortes Regionales aprobaron por unanimidad semanas atrás la Ley de Evaluación Ambiental.

El ATC de Villar de Cañas no cumple con el modelo energético del Gobierno regional

Al hilo de estas declaraciones, la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo autonómico se ha referido al proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas, después de que Enresa haya anunciado que renuncia al concurso para la construcción de este proyecto en la localidad conquense.

Para Blanca Fernández, la decisión de Enresa pone de manifiesto que “el basurero nuclear es una quimera en ojos de algunos que promovían esta auténtica barbaridad”. La portavoz del Gobierno regional ha celebrado que la construcción del cementerio nuclear esté “enterrada” y ha recordado que el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha estado “siempre en contra” de la construcción del ATC.

Asimismo, ha vuelto a incidir en la necesidad de realizar una auditoría sobre las cuentas del proyecto, y poder así analizar los porqués de la adjudicación de contratos públicos a ciertas empresas encargadas de materializar el cementerio de residuos nucleares en Villar de Cañas.

“Es dinero público es sagrado; el medio ambiente es sagrado y parece e que había más basura en esos presuntos negocios que la basura nuclear que se quería enterrar en el cementerio”, ha finalizado Blanca Fernández.

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