El Gobierno de Castilla-La Mancha eleva un 65% las ayudas dirigidas a la mejora de la prevención de riesgos laborales en las empresas

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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha elevado este año la cuantía que pone a disposición de las empresas de la región para que lleven a cabo proyectos en materia de prevención de riesgos laborales. Estas ayudas, dirigidas a los centros de trabajo que acometan actuaciones destinadas a la mejora de la prevención de la siniestralidad en las empresas, alcanzan para este ejercicio los 2.207.830 euros, un 65 por ciento más que la cuantía destinada al mismo fin el año pasado; un esfuerzo que se engloba dentro de la subida del presupuesto en materia de prevención y salud laboral por parte del Ejecutivo autonómico que incluye, también, un incremento en la actividad inspectora.

La Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral se ha reunido para evaluar el trabajo de prevención e inspección realizado a lo largo de 2019 y sentar las bases del incremento del esfuerzo en materia de salud y seguridad en el trabajo para este ejercicio. Este órgano está compuesto por representantes de los agentes sociales, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Dirección General de Salud Pública, y que preside la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, Nuria Chust. La Comisión abordó la memoria de actuaciones del año 2019, el análisis de la siniestralidad laboral en ese periodo y la programación técnica a desarrollar en el año 2020.

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En el marco de la Programación Técnica ejecutada por el personal técnico de los Servicios de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería, se han realizado un total de 2.775 visitas a centros de trabajo de Castilla-La Mancha, encuadradas en los diferentes programas que integran dicha programación. De manera específica, dentro de esas visitas se han llevado a cabo 721 intervenciones en el Plan Reduce, dirigido a los centros de trabajo con los datos de siniestralidad más relevantes; 1.529 visitas a obras de construcción; y 215 visitas para la investigación de las causas de accidentes.

En línea con lo acordado en el seno de la Comisión Operativa Autonómica, la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la materia ha experimentado un aumento respecto a 2018. En particular, tal y como se dio cuenta en el seno de la Comisión, se han realizado 3.449 visitas en materia de prevención de riesgos laborales e investigado 433 accidentes de trabajo. Asimismo, se han realizado un total de 6.694 requerimientos de subsanación a centros que no se adherían a la normativa.

En cuanto al marco sancionador, se identificaron a lo largo del año pasado 833 infracciones, que han supuesto el levantamiento de actas de infracción por valor de 2.800.422 de euros; asimismo, se ha propuesto un total de 197 recargos de prestaciones por falta de medidas de seguridad.

Al respecto del Plan Operativo 2020, la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, Nuria Chust, ha subrayado el “importante incremento presupuestario” consignado por el Gobierno de Castilla-La Mancha para la prevención de riesgos laborales en el presente año en el marco del Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales de Castilla-La Mancha 2017-2021, un incremento que, como avanzó en su día la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, es del 63 por ciento, superando los 2,5 millones de euros para “ampliar, mejorar e impulsar el alcance de las actuaciones a realizar en este ámbito”, ha indicado Nuria Chust.

Dentro de este incremento, la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral ha valorado el énfasis en el apoyo a las empresas que lleven a cabo actuaciones para la mejora de la prevención de riesgos laborales, para las que el Gobierno regional va a destinar una cuantía que supera los 2,2 millones de euros, un 65 por ciento más que en el ejercicio presupuestario anterior. Además, el Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales incluye como novedad este año una línea para impulsar la formación preventiva en los trabajadores autónomos.

Precisamente, en el seno de la Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral se puso de manifiesto la obligatoriedad de la cobertura de contingencias profesionales para el colectivo de trabajadores autónomos a partir del 1 de enero de 2019, una circunstancia que ha influido de manera determinante en la evolución de la siniestralidad en la región.

En Castilla-La Mancha se declararon 26.807 accidentes de trabajo con baja a lo largo del año pasado, de los cuales 1.877 fueron in itinere y 24.930 tuvieron lugar durante la jornada de trabajo.

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