Vive en Tobarra y le tuvieron que amputar un dedo por culpa del Ministerio del Interior

/Redacción/

La Audiencia Nacional ha condenado a Instituciones Penitenciarias por impedir que un preso fuera operado hasta en cinco ocasiones —programadas— antes de perder el dedo meñique, que le fue amputado junto a parte de la mano izquierda en 2013 debido a la enfermedad degenerativa de Dupuytren que le fue diagnostica en 2005, señala en un artículo el diario El País.

Según reza la sentencia, que condena al Ministerio del Interior a indemnizar con 10.000 euros al ex recluso, “los medios sanitarios para paliar la referida enfermedad sufrieron un notorio retraso, por lo que su efectividad quedó enervada por la demora en su aplicación (…) La amputación no puede entenderse como una consecuencia directa de la enfermedad, sino de la demora en la adopción de la medida quirúrgica que, en principio, hubiera evitado la amputación”, señalan en El País. 

Además detalla la misma información que “para mí las manos lo son todo siendo artesano. Después de que un cirujano pidiera que me operaran, estuve siete meses de pruebas y solo 15 días antes de la operación me trasladaron desde la prisión de Valdemoro. Mi problema es que protesté por torturas encubiertas a través de las enfermedades e hice huelgas de hambre”, denuncia Honorio Gómez desde Tobarra (Albacete), donde vive ahora, empleado como ceramista después de cumplir 25 años de condena por robos y atentado a la autoridad, entre otros delitos.

Y es que matizan además en el artículo según el fallo de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional “no se discute la procedencia de la amputación, cuya operación era necesaria dado el estado avanzado de la enfermedad, sino la falta de diligencia a la hora de afrontar las operaciones indicadas por los especialistas y que fueron demorándose y frustrándose por los continuos cambios del recurrente de centros penitenciarios”. La sentencia, fechada el pasado 22 de enero, no es firme y admite recurso de casación.

Señalan en dicho artículo que Gómez “estaba clasificado como un recluso FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento), de ahí sus continuos traslados de una cárcel a otra, y escribió sin éxito cartas en busca de amparo al Congreso, al Senado y al Defensor del Pueblo. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ayudó a Gómez a denunciar su caso y este miércoles ha criticado la inacción de la Secretaría General de Interior: “Instituciones Penitenciarias adoptó medidas represoras para castigar a quien le resultaba incómodo.

Es el último ejemplo de la grave situación de extrema precariedad en la que se encuentra la atención médica dentro de prisión”, censura Francisco Fernández, del área de cárceles de APDHA”.

El Digital de Albacete

Diario digital líder en Albacete con toda la información de la capital y provincia
Botón volver arriba