/Llanos Esmeralda García/
El Ayuntamiento de Albacete ha desestimado una reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por una mujer al Consistorio albaceteño reclamando daños materiales en su vehículo por las inundaciones producidas en la carretera de Valencia los días 9 y 10 de septiembre de 2018.
Así, la mujer cita en el informe del expediente que “reclama a este Ayuntamiento la cuantía de 600 euros por los daños causados a mi vehículo”, el cual se encontraba en la mencionada vía “y que debido a las fuertes lluvias y al mal drenaje de la misma, mi coche se inundó y ha tenido que ser cambiada la centralita eléctrica del mismo”.
La reclamación de responsabilidad patrimonial fue admitida a trámite y se ordenó la instrucción del procedimiento para determinar si existía responsabilidad patrimonial por parte del Ayuntamiento en relación a dichos hechos. En el expediente se hace constar informe de la Policia Local que hace referencia a la existencia de incidencia en esos días por inundación.
El informe del Servicio de Infraestructuras de 14 de mayo de 2019 indica que el problema existente en la zona donde “se produjo el supuesto daño no es debido al mal drenaje existente en la calle Carretera de Valencia”, y es que se argumenta que debido a las obras de la A-30 y del nuevo acceso ferroviario de AVE ejecutadas por el Ministerio de Fomento y ADIF, «se modificaron los cauces naturales al generar nuevas barreras y con ello alterar el anterior recorrido de las aguas de lluvia, provocando que se acumularan en la zona donde se produjo el daño”. Dicha zona se encuentra actualmente en estudio por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar para solucionar los problemas de inundabilidad, “no siendo responsabilidad del Ayuntamiento de Albacete los daños producidos por las inundaciones”.
Por ello, señala el expediente que corresponde a la Confederación Hidrográfica del Júcar el estudio topográfico del terreno, para “buscar una solución técnica al problema existente de avenidas de agua cuando se producen fuertes tormentas en la zona, motivado principalmente por la modificación de las condiciones naturales del terreno y por las infraestructuras construidas”.
En este sentido, y en base al dictamen de la Comisión Informativa de Economía, la Junta de Gobierno Local desestima la reclamación presentada por la solicitante al “no quedar probado» la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño producido; es por ello que incide en que la Confederación Hidrográfica del Júcar es el organismo competente para el estudio topográfico del terreno y “dar una solución al problema de inundabilidad de la zona”.


