Juzgan a los miembros de un grupo criminal afincado en Castilla-La Mancha y liderado por un matrimonio hispano-paraguayo

TOyota

/Redacción/

La Audiencia Provincial de Ciudad Real acogerá a partir del próximo lunes el juicio contra once personas, acusadas de pertenecer a un grupo criminal y del delito de blanqueo de capitales derivados del tráfico de droga.

Para ellos, la fiscalía ha pedido penas que van desde los seis a los cinco años y medio de prisión, según el escrito de acusación consultado por Efe.

Según la fiscalía, el grupo estaba liderado por un matrimonio hispano-paraguayo que, entre los años 2012 y 2016, se dedicaba a la venta ilícita de sustancias estupefacientes (cocaína y marihuana) a terceros a cambio de dinero u otros efectos como móviles.

El matrimonio lideraba en España un grupo de personas que se dedicaban a la adquisición, preparación, venta y distribución de la droga procedente de Paraguay en la localidad de Puertollano (Ciudad Real).

Esta actividad, según la fiscalía, constituía el medio de vida para todos ellos, relacionados por lazos familiares.

La jefa y una de las principales acusadas, dada su conexión con Paraguay, su país de origen, era la máxima responsable dentro del grupo y se encargaba de todas las gestiones de comunicación internacional con dos hermanos quienes, desde Paraguay, proporcionaban la cocaína y gestionaban la documentación necesaria para enviarla a España a través de terceras personas que ingerían las cápsulas de cocaína o bien la transportan oculta en maletas y otras pertenencias.

Una vez que la droga llegaba a España, su marido, en su condición de jefe del grupo, se encargaba de la preparación de la droga recibida con sustancias de “corte” y la distribuía entre varios de los acusados, quienes se encargaban de su venta directa en la localidad de Puertollano.

Alguno de ellos colaboraba en la preparación de la droga y en el menudeo de parte de la misma entre sus clientes.

Otros miembros de la familia, por su parte, colaboraban en la ocultación de la droga y en dar apoyo a aquellas personas que transportaban a España la droga, quienes se alojaban en el domicilio de los acusados hasta que expulsaban las cápsulas ingeridas en su cuerpo o hasta que regresaran de nuevo a su país de origen.

Otra integrante del grupo, colaboraba en la captación de personas en Paraguay para el transporte de la droga hasta España, mientas que un matrimonio hispano-paraguayo también participó en realizar gestiones para la recepción de la droga y su venta en España.

Los acusados, para repartir los beneficios obtenidos de su venta y para financiar la compra de más droga, realizaban envíos de dinero a Paraguay, a través de las oficinas de correos u otras compañías, a la localidad de Presidente Franco, con la voluntad de reintegrarlo al ciclo económico legal, y cuyo importe total durante los años 2012 a 2016 alcanza los 333.439,76 euros.

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