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El hellinero Manuel Castell toma posesión de su cartera de Ministro con un claro reto por delante

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/Redacción/

La misión de elaborar una Ley de Universidades que modernice y dé mayor autonomía y financiación al sistema es uno de los principales retos que afronta el nuevo Ministro del ramo, Manuel Castells, nacido en Hellín (Albacete), quien también tendrá que abordar una revisión del modelo actual de becas.

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El catedrático de sociología, economista y experto en sociedad de la información llega al Ministerio de Universidades desgajado de sus anteriores competencias en Ciencia e Innovación, que también asumió su antecesor Pedro Duque, lo que no ha gustado a los rectores y a las Sociedades Científicas y Médicas de España.

Consideran que esta «partición» es una mala noticia porque implica «alejar el conocimiento de la centralidad política que se está imponiendo en Europa» y reclaman la reunificación de las tres competencias y de los recursos necesarios para gestionar el sistema de ciencia en su globalidad, incluida la investigación que se realiza en las universidades.

En medio de estas reticencias, Castells afronta el reto de sacar a la luz la Ley que impulsó Duque y que ni siquiera llegó a convertirse en borrador ante la falta de tiempo por el adelanto electoral. «Es una tarea difícil que no se había intentado acometer en los últimos 15 años», espetó el exministro al PP cuando le criticó la tardanza en ponerla en marcha.

La nueva Ley deberá garantizar la suficiencia de recursos, la capacidad de atracción y retención del talento, así como la estabilidad del profesorado reduciendo la precariedad, según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura.

«Es necesario impulsar la simplificación de los procedimientos de acreditación de nuevos títulos académicos, afianzar una nueva política de becas y, también, de tasas universitarias, y en eso tendremos que hablar, y mucho, con las comunidades autónomas», avanzó Sánchez.

La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas ha reclamado que la nueva Ley se redacte en el marco de un Gran Pacto de Estado y cuente con amplio consenso parlamentario y participación activa de todos los agentes implicados.

Para los Consejos la necesidad de modificar la obsoleta legislación de universidades es una «auténtica urgencia nacional» y sugieren que para «el imprescindible fortalecimiento de la universidad española» se mire a las «reformas estructurales exitosas» acometidas en un buen número de países de la Unión europea.

El Gobierno tiene también el propósito de revisar el sistema de becas para «considerarlas como un derecho subjetivo según la situación de las rentas familiares», como anunció Pedro Sánchez al manifestar que deberán de «dejar de ser una dádiva y pasar a ser un derecho de las personas que cumplan con ciertos requisitos sociales y académicos».

El nuevo ministro tendrá también que trabajar para facilitar la movilidad y la residencia del alumnado del medio rural en el acceso a los estudios universitarios, si cumple las pretensiones del presidente del Gobierno de que «nadie sufra discriminación o dificultad añadida porque proceda del medio rural».

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup) ha expresado su esperanza de que se aborden los asuntos urgentes del sistema universitario.

Entre ellos, la garantía de un acceso equitativo a la Universidad, lo que depende de la política de becas y requiere coordinación con el Ministerio de Educación, la implementación del aprendizaje centrado en el estudiante o una mayor financiación.

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