El PSOE y Unidas Podemos han acordado en su programa de Gobierno de coalición derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP de 2012, garantizar la revalorización de las pensiones conforme al IPC y subir el Salario Mínimo hasta el 60% del salario medio en España, así como una subida de impuestos a las rentas más altas.
Así figura en el documento de 50 páginas titulado ‘Coalición progresista, un nuevo acuerdo para España’, que presentarán esta tarde los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en el Congreso de los Diputados, antes de la investidura de Sánchez como presidente de dicho Ejecutivo de coalición.
Ambas formaciones se comprometen a recuperar los derechos laborales «arrebatados» por la reforma laboral de 2012 y derogar con carácter «urgente» aspectos como la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad y las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.
También prometen derogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales y modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, entre otros.
CONTRATACIÓN
Como ya anunció el propio Gobierno, se elaborará un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, previo diálogo con agentes sociales. En materia de contratación, planean limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.
El documento recoge el objetivo de simplificar y reordenar el menú de contratos de trabajo, reforzando el principio de causalidad en la contratación temporal y las sanciones aplicables a su uso fraudulento de forma que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo; y revisar la normativa sobre trabajo a tiempo parcial para prevenir su uso fraudulento.
Igualmente, se explorarán las opciones posibles para reducir la dualidad, favoreciendo el uso del contrato fijo discontinuo para actividades cíclicas y estacionales, y se revisarán las causas del despido. También se revisarán los contratos formativos y se aprobará y desarrollará el Estatuto del Becario, limitando el encadenamiento de periodos de prácticas y estableciendo un porcentaje máximo de becarios en empresas.
Estas medidas se acometerán el paralelo a un impulso de la lucha contra el fraude laboral y a la mejora de la efectividad y la eficiencia de las políticas activas de empleo y la simplificación del sistema de protección por desempleo.
SMI Y PENSIONES
Igualmente, se comprometen a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España, tal y como recomienda la Carta Social Europea, lo que previsiblemente elevaría el SMI hasta los 1.200 euros al final de la legislatura.
De esta forma, se convocará la mesa del dialogo social al objeto de promover un acuerdo que será la base para la propuesta del Gobierno y se creará una Comisión asesora del Ministerio de Trabajo y a disposición del diálogo social, compuesta por expertos, sindicatos y empresarios, que estudiará la evolución del SMI. Se tendrá en cuenta el IPC, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica.
Sobre las pensiones, se garantiza su actualización conforme al IPC real mediante ley de forma permanente y el aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas y, para ello, eliminarán el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones.
REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL E INGRESO MÍNIMO VITAL
De igual forma, está prevista la reforma del sistema de la Seguridad Social, en el marco del diálogo social y del Pacto de Toledo, para garantizar sus sostenibilidad a medio y largo plazo, con medidas para asegurar el aumento de los ingresos, descargando a la Seguridad Social de gastos «impropios» y revisan las bonificaciones a la contratación con el objetivo de reducirlas.
La reorganización de la Seguridad Social para dotar de mayor eficacia a la gestión con menores costes es otro de los puntos fijados en el documento, en el que también se incluye el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital como prestación de la Seguridad Social.
La idea es comenzar en un primer momento por el aumento decidido de la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos. También se subirá el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), la referencia para la asignación de ayudas.
AUTÓNOMOS
Para los autónomos se proyecta una mejor cobertura y la gradual equiparación de los derechos de este colectivo con los de los trabajadores por cuenta ajena. En detalle, se establecerá un sistema de cotización por ingresos reales, sobre la base de la información fiscal, que les comportará mayor protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación.
También se evaluará el actual régimen especial del criterio de caja en el IVA para proceder, en su caso, a su revisión para, dentro de los límites de la directiva armonizada, hacerlo «atractivo» para autónomos y pequeñas empresas, y se constituirá el Consejo del Trabajo Autónomo.
SUBIDA DE IMPUESTOS A RENTAS ALTAS
Respecto al ámbito fiscal, PSOE y Unidos Podemos mantienen en gran parte las medidas recogidas en el fallido proyecto de Presupuestos de 2019, con algunas pequeñas variaciones. Así, en Sociedades fijarán una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. En cambio, las pymes que facturen menos de un millón de euros pasarán de tributar de un tipo del 25% al 23%.
Se limitarán las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades, reduciendo en un 5% las referidas exenciones, en concepto de gastos no deducibles en el impuesto, de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial.
En IRPF, se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en cuatro puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros. Además, «se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo».
También se mantiene la aprobación del impuesto sobre determinados servicios digitales (‘Tasa Google‘) y a las transacciones financieras (‘Tasa Tobin‘), así como nueva fiscalidad verde sin que recaiga sobre clases medias, autónomos y pymes.
Se promoverá a nivel europeo el establecimiento de un mecanismo de compensación del CO2 en frontera para las importaciones y en el IVA se reducirá el tipo de gravamen de IVA de los servicios veterinarios y de los productos de higiene femenina.
Otro aspecto es la revisión del régimen fiscal de cooperativas y sociedades laborales y la reforma del régimen jurídico y fiscal de las ‘socimis’, aplicando un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos.
Sánchez e Iglesias pactan sustituir la ‘ley mordaza’ y auditar los bienes expoliados por el franquismo
El PSOE y Unidas Podemos han acordado sustituir la Ley de Seguridad Ciudadana, a la que se refieren como ‘ley mordaza’, por una nueva norma que «garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica», y auditar los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus titulares.
Estas son dos de las medidas incluidas en el pacto para un Ejecutivo de coalición «progresista» que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han presentado este lunes en el Congreso de los Diputados.
En el apartado ‘Nuevos derechos y memoria democrática’, el PSOE y Unidas Podemos se comprometen a aprobar «a la mayor brevedad» una nueva ley de seguridad ciudadana que sustituya a actual y que se basará en «una concepción progresista de la seguridad ciudadana» y «priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía».
En particular, la nueva norma regulará el derecho de reunión, la identificación y registro corporal y la identificación de los agentes policiales, según precisan. Además, derogará el artículo 315.3 del Código Penal, que prevé multas o penas de prisión de hasta tres años para quienes, de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga.
RECUPERACIÓN DEL PAZO DE MEIRÁS
En el mismo apartado se incluye un punto titulado ‘Recuperación de nuestra memoria democrática’, en el que ambas formaciones políticas acuerdan «auditar los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares».
Aquí mencionan específicamente la «recuperación inmediata» del Pazo de Meirás para el patrimonio público. Este pazo señorial, situado en Sada (A Coruña), fue la residencia estival del dictador Francisco Franco hasta su muerte y sus herederos lo han mantenido como parte de su patrimonio.
Asimismo, los socialistas y el partido morado han pactado implementar un programa de exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes y declarar nulas las condenas y sanciones de tribunales, jurados y otros órganos penales, administrativos o militares dictadas durante la Guerra Civil o la dictadura por motivos políticos.
También en relación con este tema, acuerdan desarrollar «actuaciones de reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura» –el 31 de octubre se declarará como día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo y el 8 de mayo como el día de reconocimiento a las víctimas del exilio–, retirar la simbología franquista de los lugares públicos y prohibir la exaltación y enaltecimiento del franquismo en lugares de acceso público.
En último lugar, se comprometen a «estudiar todas las vías legales» para retirar las condecoraciones concedidas a personas que protagonizaron actos criminales no juzgados durante el franquismo, así como las prestaciones asociadas.
RECUPERACIÓN DE LA JUSTICIA UNIVERSAL
En el ámbito de la justicia, el documento prevé la recuperación de la justicia universal, que fue limitada en 2014, durante el Gobierno de Mariano Rajoy. También incluye el compromiso de sustituir el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar el plazo máximo de instrucción de los procedimientos penales, establecido actualmente en seis meses prorrogables, «por ser una limitación para la lucha contra la corrupción».
Igualmente, el PSOE y Unidas Podemos promoverán un pacto de Estado para la modernización de la Administración de Justicia, con el fin de agilizar la tramitación de los expedientes judiciales, y buscarán mejorar el sistema de acceso a la carrera judicial, previendo «mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia del sexo y de la situación socioeconómica de los aspirantes».
Por otro lado, el acuerdo presentado este lunes contiene un apartado dedicado a la regeneración democrática y la transparencia. Aquí se menciona, por ejemplo, un plan nacional contra la corrupción que «estudiará la reforma del Código Penal» e incluirá la ampliación de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad destinadas a luchar contra la corrupción y los delitos económicos.
LEY INTEGRAL CONTRA LA CORRUPCIÓN
Además, impulsarán una ley integral contra la corrupción que incorporará un Estatuto del denunciante, abordarán la regulación de los ‘lobbies’ o grupos de presión y regularán «de manera más efectiva» las condiciones de incompatibilidad del desempeño profesional de actividades privadas para los servidores públicos, endureciendo las sanciones por su incumplimiento.
En este ámbito se incluye asimismo una reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, acciones para «reforzar la lucha contra los ‘cárteles’ en la contratación pública, desincentivar los fraudes, compensar el sobrecoste, resarcir los daños provocados y aumentar la transparencia», y restringir los aforamientos políticos reconocidos en la Constitución, «limitándolos al ejercicio de la función por parte del cargo público».
El acuerdo suscrito también recoge una serie de cambios en el sistema electoral, como la eliminación del voto rogado en las elecciones autonómicas, generales, y europeas y municipales y el establecimiento de listas cremallera en todos los procesos «para garantizar la presencia de mujeres en las instituciones».
Asimismo, el PSOE y Unidas Podemos prometen trabajar «para conseguir un amplio consenso que permita modificar la fórmula electoral para mejorar la proporcionalidad del sistema» y abrir, en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, el debate sobre la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio activo y pasivo a las personas jóvenes de 16 y 17 años.
ERRADICAR LOS DISCURSOS DE ODIO
Por último, el documento aboga por fortalecer un marco integral legislativo y político que «erradique los discursos y los delitos de odio» para garantizar la protección de los derechos y libertades de todas las personas, con independencia de sus circunstancias personales o sociales, y con especial atención sobre grupos de especial protección.
A continuación, apuesta por garantizar el acceso a la justicia y la reparación de los derechos de las víctimas, así como la aplicación
efectiva de la Ley del Estatuto de la Víctima, e «impulsar la formación de todos los operadores jurídicos, administrativos y sociales que intervienen en la respuesta ante estas vulneraciones de derechos humanos».
PSOE y Podemos abren la puerta a nuevos mecanismos bilaterales con las CCAA para resolver conflictos
El acuerdo para un Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos abre la puerta a la creación de «nuevos mecanismos intergubernamentales» en los que las Comunidades Autónomas puedan «intercambiar información y pareceres respecto a competencias de titularidad estatal».
Se abre así la posibilidad de poner en marcha un mecanismo diferente al ya previsto en los Estatutos de Autonomía sobre el diálogo entre el Gobierno central y el de una comunidad autónoma, que se traducía hasta la fecha en una Comisión bilateral presidida normalmente por los vicepresidentes de cada Ejecutivo.
PSOE y Unidas Podemos apuestan por profundizar en órganos de colaboración ya existentes entre el Gobierno central y las CCAA como la Conferencia de Presidentes, las Conferencias Sectoriales o los convenios de colaboración de las CCAA con el Estado, si bien se precisa que esto no impide la presencia de procedimientos y órganos bilaterales -ya sea entre el Gobierno central y una CCAA o entre Comunidades Autónomas- para «dirimir un asunto de interés específico para una o varias CCAA».
«En todo caso, esas relaciones bilaterales siempre se regirán por los principios de lealtad y colaboración entre territorios que fija la Constitución», precisa el documento, difundido minutos antes de su firma a los medios de comunicación.
El acuerdo entre el PSOE y Podemos tan sólo hace referencia al conflicto con el independentismo en Cataluña para afirmar que el Gobierno de coalición abordará «el conflicto político catalán impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual».
ERC, de cuya necesaria abstención depende que la investidura de Pedro Sánchez salga adelante, exige la creación de una mesa de diálogo bilateral ad hoc entre el Estado y Cataluña para abordar el actual «conflicto político».
TRASPASO DE COMPETENCIAS A CATALUÑA
PSOE y Podemos se comprometen asimismo a dar cumplimiento a los dictámenes del Tribunal Constitucional y a traspasar a la Generalitat aquellas competencias pendientes ya reconocidas en el Estatut de Cataluña como la gestión de becas universitarias, la formación sanitaria especializada, el salvamento marítimo o la ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional.
Los dos partidos también apuestan por mejorar y clarificar la distribución competencial entre el Gobierno central y las comunidades autónomas con el objetivo de llevar a cabo un reparto más claro y preciso que delimite qué competencias pertenecen a cada entidad y reduzca al máximo las competencias compartidas en aras de reducir la ambigüedad actual, que a menudo desemboca en litigios en los tribunales.
«En este sentido, resulta fundamental, de un lado, que las competencias del Gobierno central estén bien configuradas, de tal manera que ello permita la correcta coordinación de las políticas nacionales y el respeto a la igualdad de todos los españoles. De otro, que las comunidades autónomas dispongan de las capacidades necesarias para un autogobierno eficiente a la par que respetuoso con el interés general», expone el documento.
Para asesorar al Gobierno a este respecto, el documento avanza la creación de un comité de expertos en esta cuestión.
TRASLADO DE SEDES INSTITUCIONALES
Otra de las novedades que incorpora el acuerdo entre el PSOE y Podemos para un Gobierno de coalición tiene que ver con la voluntad del futuro Ejecutivo para trasladar total o parcialmente las sedes de diversas instituciones y organismos estatales a distintas ciudades, como una medida encaminada a hacer frente al reto demográfico. «Este proceso se hará en diálogo y consenso con las comunidades autónomas y ayuntamientos interesados», señala el texto.
El futuro Gobierno de coalición se compromete a aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica que «resuelva las carencias, asimetrías y ambigüedades del sistema actual», si bien en este punto el texto evita fijarse un horizonte temporal concreto.
«El objetivo es implantar un sistema que permita, de un lado, garantizar la lealtad y la solidaridad entre territorios y la igualdad de todos los españoles y españolas; de otro , asegurar la justa distribución de los recursos públicos y la capacidad de las comunidades autónomas para proveer los servicios y prestaciones sociales que son de su competencia», razona el documento.
PSOE y Podemos avanzan en el texto su intención de introducir criterios territoriales para reducir la desigualdad y garantizar la efectividad de los derechos de las ciudadanos, al tiempo que se comprometen a fortalecer la participación de las comunidades autónomas en las instituciones de la Unión Europea.
En concreto, hablan de revitalizar la actividad de la Conferencia para Asuntos relacionados con la UE (CARUE) y fortaleciendo la participación de las Conferencias Sectoriales en los debates europeos; potenciando las oficinas de representación de las CCAA en Bruselas siguiendo el modelo de la Coordinación de Oficinas Regionales Españolas, impulsando el poder consultivo del Comité de Regiones o mejorando la capacidad administrativa de las CCAA en la gestión de los fondos comunitarios creando equipos permanentes y unidades de apoyos, formando empleados públicos o generalizando el acceso autonómico al sistema de información comunitario CIRCA.
