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La titular de una explotación ganadera ubicada en la carretera que une Bullas y Cieza, municipios ambos de la Región de Murcia, y su esposo han negado en el juicio seguido contra ellos en la Audiencia Provincial de Murcia que vendieran a un vecino de Navahermosa (Toledo) cabras destinadas a la producción lechera presuntamente enfermas y con una sola mama.
El comprador, ha asegurado en el juicio que los acusados, se aprovecharon de su inexperiencia, ya que su profesión había sido la de albañil y que al quedarse en paro se decidió a poner en marcha una explotación de cabras de la raza murciano-granadina “para sacar adelante a su familia”.
El denunciante, al declarar como testigo en la vista oral, ha revelado que cuando cerró la operación le dijo al acusado que confiaba en él, ya que no entendía de este negocio, y le pidió que no le engañara, porque para pagar los 60.000 euros que costaban los 420 ejemplares adquiridos había tenido que pedir un préstamo.
Durante su declaración como testigo, ha asegurado que escasos días después de la llegada a los animales a la finca toledana murieron varios de ellos, y seis meses después la cifra de pérdidas subió a 150.
Los acusados han negado que algunas de las cabras vendidas tuvieran defectos morfológicos, como falta de una mama o quistes mamarios, para añadir que no presentaban enfermedad alguna.
Por su parte, el veterinario que asesoraba al denunciante ha declarado que las cabras no eran aptas ni para la producción láctea ni tampoco para la cárnica al presentar no solo defectos morfológicos y estar faltas de peso, sino que tenían también patologías hepáticas y pulmonares.
Así mismo, un testigo que acompañó en una de las visitas al perjudicado a la finca del vendedor ha comentado que las cabras “eran de desecho” y que las que fueron vendidas por los acusados no eran las que él había visto cuando estuvo en la explotación.
La fiscal ha considerado que hubo engaño en la operación y que los acusados se aprovecharon de la inexperiencia del comprador, por lo que ha reclamado para cada uno de ellos, por un delito de estafa agravada, veinte meses de cárcel y el pago de una multa de 2.700 euros, además de una indemnización de 220.700 euros por los perjuicios sufridos.
