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El Gobierno de Castilla-La Mancha plantea como fundamental que cualquier empresa prestadora de un servicio adjudicado por una administración pública debe ser responsable y consecuente con todas y cada una de las condiciones estipuladas en el contrato suscrito para tal fin, por corresponsabilidad no solo con la propia administración, sino también con los beneficiarios últimos de la prestación, en este caso, los usuarios del transporte sanitario, y con los trabajadores del mismo.
Así lo ha afirmado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, durante un debate sobre transporte sanitario terrestre, explicando que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, en el diseño de las estipulaciones de los concursos, siempre ha tenido en cuenta la calidad del servicio público a prestar, atendiendo a las necesidades de los pacientes, sus tiempos de respuesta, la confortabilidad y seguridad del transporte, así como la calidad y cantidad de los profesionales para atenderles, con garantía de sus derechos laborales también
Fernández Sanz ha recordado que la UTE “Servicios Socio Sanitarios Generales, S.L. y Digamar Servicios S.L.”, (SSG), resultó adjudicataria del servicio del transporte sanitario terrestre para las provincias de Guadalajara, Albacete y Ciudad Real, en el mes de julio de 2017, comenzando en su prestación de servicio en el mes de octubre del mismo año y con una vigencia de contrato hasta el 31 de septiembre de 2021.
El precio de licitación del concurso en su momento, para la prestación de este servicio, se realizó por un importe de 64,5 millones de euros anuales, 3 millones de euros más de los que se venían pagando en el contrato vigente hasta 2017. Al concurso se presentaron un total de 8 empresas, significando una alta concurrencia que pone de manifiesto las buenas condiciones recogidas en el pliego de prescripciones.
Con el objetivo de corregir deficiencias detectadas, afirmó el consejero de Sanidad, tanto desde los Servicios Centrales del Servicio de Salud como desde la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, se procede a realizar apercibimientos, que al no surtir efecto derivaron en múltiples expedientes sancionadores.
Así, afirmó Fernández Sanz, “la evolución de las reclamaciones nos permitió detectar que tanto los apercibimientos como las sanciones, no estaban corrigiendo la actuación de la empresa adjudicataria del transporte sanitario de las provincias de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara”.
Actualmente en la provincia de Albacete, existen 149 expedientes informativos, 20 apercibimientos y 36 expedientes penalizadores incoados. En el caso de Ciudad Real las reclamaciones son 558, con 140 apercibimientos y 106 expedientes penalizadores incoados. Por último, en el caso de la provincia de Guadalajara, el número de reclamaciones y por lo tanto expedientes informativos iniciados es de 215, lo que había conllevado 58 apercibimientos y 38 incoaciones de expedientes penalizadores.
Llegados a este punto, afirmó el consejero de Sanidad y con la información exhaustivamente documentada, “analizamos y decidimos comenzar el procedimiento de resolución del contrato, ya que el servicio no respondía a la calidad deseada, con expedientes sancionadores de la citada Gerencia, reiterándose la inadecuada prestación, incidencias reiteradas observadas y acreditadas, y con adicionales expedientes sancionadores abiertos”.
Fernández Sanz explicó que la actuación de la UTE, “estaba afectando incluso a algo totalmente ajeno al objeto del contrato y al Servicio de Salud, como era la negociación del Convenio Colectivo de los trabajadores del transporte sanitario a nivel regional, sembrándose una incertidumbre sobre el conjunto de la Región”.
El consejero ha dado a conocer que el pasado 4 de octubre la empresa presentó alegaciones que están actualmente siendo estudiadas por parte del Servicio Jurídico del SESCAM.
Para finalizar su intervención, Fernández Sanz explicó que SSG “deberá seguir prestando el servicio al considerarse esencial, con el mismo precio adjudicado en su momento, hasta que sea sustituida por otra en el horizonte del verano del 2020, contando con que no se produzcan actuaciones judiciales subsiguientes. Estos meses que tenemos por delante son en los que podremos realizar la nueva licitación de un nuevo contrato”.
