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Condenan al Banco Santander a devolver 50.000 euros a un cliente de Castilla-La Mancha

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/Redacción/

El Juzgado de Primera Instancia Núm. 3 de Guadalajara ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por UNIVE abogados contra Banco Popular, hoy Banco Santander, declarándose la nulidad de las obligaciones subordinadas.

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Según indica UNIVE, “en este caso, el histórico de productos bancarios contratados por los clientes eran fundamentalmente depósitos a plazo fijo, y fue el personal del Banco el que recomendó invertir a los clientes parte de sus ahorros en deuda subordinada, haciéndoles creer que se asimilaba a un depósito de ahorro, con mayor rentabilidad, y liquidez inmediata, y sin mayores riesgos. No consta que se realizase el test de conveniencia, ni que se informase debidamente de los riesgos aparejados a los que se exponía con la suscripción de este producto financiero”.

Igualemente, desde UNIVE manifiestan que “de la prueba practicada, la testigo no recordaba la contratación y tampoco la documental que pudo haber entregado a los clientes, indicando la propia sentencia que “atendidas las horas que aparecen en los distintos documentos difícilmente cabe inferir que la información fuere adecuada y suficiente”, y confirma que “no constan los test de conveniencia ni de idoneidad, ni se acreditan especiales conocimientos financieros de los clientes o un perfil inversor de riesgo”.

En definitiva y según UNIVE, “no consta que realmente comprendieran el producto financiero que se le ofertaba y suscribían, y el riesgo de pérdida que asumían” y añade que “es la entidad la que tiene la obligación de informar, siéndole exigible la diligencia de un ordenado empresario y representante leal en defensa de sus clientes, por no poderse imponer al inversionista la carga de probar un hecho negativo -la no información-.”

Según UNIVE, “esta sentencia, que aún no ha adquirido firmeza, se une al elenco de resoluciones que declaran la nulidad de este tipo de productos, en la que se condena a Banco Popular – hoy Banco Santander- al reintegro de la inversión, y al pago de las costas del procedimiento, los afectados aún están a tiempo de reclamar”.

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