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El Ministerio Fiscal ha pedido una pena de dos años y medio de prisión para un acusado de un delito de falsedad documental continuado, cuyo juicio acogerá la Audiencia provincial de Toledo el próximo día 9.
En su escrito, el fiscal acusa al administrador único y representante legal de una explotación ganadera, que ya había sido condenado por sentencia firme del Juzgado número 2 de lo Social de Toledo, a readmitir a una trabajadora que había despedido de manera improcedente o a pagarle una indemnización de 5.700 euros más los salarios dejados de percibir hasta la sentencia (6.435 euros).
La trabajadora instó a la ejecución de la sentencia por vía de apremio, pero el acusado se opuso al requerimiento de pago alegando que ya había realizado el abono de manera fraccionada, en concreto en cuatro pagos de 1.429,37 euros cada uno de ellos en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012.
Para demostrarlo, presentó cuatro documentos de pago apócrifos en los que la trabajadora manifestaba haber recibido la citada cantidad en concepto de pagos fraccionados de la indemnización.
Según el fiscal, se trataba de documentos de «recibí» en los que el acusado imitó o encargó a un tercero que imitara la firma de la trabajadora para dotarlos de una apariencia de plena credibilidad y eficacia en el seno del procedimiento al que iban destinados.
No obstante, el procesado no logró su ilícito propósito de evitar el pago de la indemnización a la que había sido condenado dado que finalmente el Juzgado de lo Social desatendió su pretensión a la vista de las pruebas aportadas y procedió al embargo de sus bienes.
