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La acusación popular personada en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Ciudad Real contra el exalcalde de Puertollano Joaquín Hermoso Murillo, el exsecretario municipal Juan Luis Vázquez Calvo y el arquitecto técnico municipal Eugenio Ángel Manso por presunto delito de prevaricación administrativa en la construcción de la plaza de toros de la ciudad minera presentará este viernes su escrito de conclusiones en el que suprimirá la acusación de tráfico de influencias por la que pedía un año de cárcel para el alcalde y el arquitecto técnico, al no encontrar material probatorio en el transcurso del juicio.
Según han especificado a Europa Press los letrados de las acusaciones populares, que representan por separado a los grupos municipales de Izquierda Unida y Partido Popular en el Ayuntamiento de Puertollano, sí se mantendrán las acusaciones por el presunto delito continuado de falsedad en documento público u oficial cometido por autoridad o funcionario público contra los tres procesados, si bien no han especificado si se rebajará la actual petición de seis años de prisión. Mantendrán asimismo la acusación por prevaricación administrativa por la que, junto a la Fiscalía, piden para los tres encausados diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Estas conclusiones serán trasladadas por escrito a la sala este viernes, y serán expuestas, junto a los informes de las partes, en una vista señalada el próximo 10 de octubre a las 10.00 horas. Será a la conclusión de esta sesión cuando se pueda considerar el procedimiento visto para sentencia.
La cuarta sesión del juicio celebrada este jueves ha estado marcada por el interrogatorio de más testigos citados por las partes para dilucidar si hubo o no justificación técnica para el fraccionamiento en 69 expedientes de las obras entre los años 2007 y 2008 con el supuesto fin de eludir el concurso público.
Además, la acusación popular ha enfocado sus preguntas para determinar si hubo falsedad documental en la presentación ante la Fiscalía de diversa documentación que, supuestamente, podría apuntar a una simulación de ofertas por parte de Eugenio Ángel Manso para aparentar, siempre según las acusaciones, la presentación de las tres ofertas prescriptivas en los casos de contratación por procedimiento negociado sin publicidad.
Precisamente uno de los testigos citados, el arquitecto Francisco Javier García Simal, ha asegurado no reconocer su firma en la oferta por la realización del proyecto de obra presentada ante la Fiscalía por el arquitecto técnico encausado.
Según ha asegurado este testigo, el 21 de mayo de 2014, cuando se estaban practicando las diligencias por caso de la plaza de toros, Manso le pidió “como un favor” que firmase unos documentos “que debían presentarse en el juzgado”. Se trataba, según García Simal, de una oferta con una fecha “muy anterior” a las de mayo de 2014.
Simal ha añadido que, si bien en un primer momento accedió verbalmente a esta petición, rehusó plasmar su rúbrica cuando fue advertido por un abogado amigo suyo de que firmar sería “una barbaridad”. También ha relatado su sorpresa cuando fue citado por el juzgado y le fueron expuestos unos documentos con unas firmas que “no eran suyas” y con un modelo tipográfico distinto al usado en su empresa.
LOS CONCEJALES DEFIENDEN LA LEGALIDAD
El resto de los testigos, a instancias de las partes, han insistido en la legalidad de todos los procedimientos administrativos en los que formaron parte en el seno del consistorio.
Es el caso de quien fuera concejal de Obras en el momento de los hechos, Luis Pizarro, quien ha asegurado que siempre tuvo “conciencia” de que todo se hacía conforme a la ley, y que todos los expedientes y resoluciones contaban con el respaldo de los informes técnicos y jurídicos para pasar posteriormente a pleno sin objeción alguna por parte de la corporación.
“Puede ser que la obra se hiciera con premura para poder inaugurar en mayo de 2018, pero siempre desde el planteamiento que debía cumplir con la legalidad porque de lo contrario, no se haría”, ha declarado. En este sentido ha puntualizado que la obra se hizo por fases conforme se iba dotando de presupuesto, y que ni tenía formación (es historiador) ni estaba en su competencias examinar los informes técnicos. En este contexto ha matizado que, como concejal de Obras, solo se ocupaba de “obras menores”, ya que otras correspondían a Planificación Urbanística.
Por su parte, el exconcejal Rafael Sánchez ha afirmado que no tuvo relación con la sobras, ni participó en mesas de contratación relacionadas con ellas, ya que en otoño de 2007 era concejal de Juventud y Deportes. Ha aseverado asimismo que con posterioridad a la elaboración de los expedientes de la segunda fase del coso polivalente, cuando asumió competencias en materia de obras, todos los procedimientos de contratación y adjudicación se atenían a las prescripciones de la Ley de Contratos, incluido el cerramiento de la plaza acometido en una tercera fase.
En otro momento de la vista ha declarado como testigo Julio Villuendas, uno de los socios de la empresa Navarro Piquer, que resulto adjudicataria de 18 expedientes de las obras de cimentación. Villuendas ha negado su vinculación con los hechos, toda vez, ha asegurado, que no participó ni intervino en la gestión del contrato. Este testigo ha referido que la empresa contaba entonces con dos socios-gerentes, y que fue el otro, José María Navarro, quien tramitó la oferta.
También a preguntas de la acusación popular ha negado que la empresa presentara una oferta en un momento en que aún no se había redactado el proyecto de obras, sino que se limitó a presentar un “preciario”, es decir, un presupuesto aproximado de lo que podrían costar unas obras similares, previamente a la existencia física del proyecto.
Sobre su presencia en monterías junto a Joaquín Hermoso, ha reconocido que “coincidió” en algunas junto al exalcalde, aunque ha enfatizado que esa circunstancia no implica que fueran amigos, ya que en este tipo de actos “coincidían muchos cazadores de la comarca”.
Ha cerrado la ronda de testimonios Ángel Morales, quien fuera adjunto al jefe de Servicio de Urbanismo. Morales ha argumentado que “desconoce” las circunstancias en que se formalizaron los expedientes administrativos, y que se limitó a informar favorablemente sobre un informe previo de Eugenio Ángel Manso sobre la necesidad de fraccionar materialmente las obras, no los expedientes administrativos, dada la premura con que se planteaban las actuaciones en el otoño de 2007 para que la plaza estuviera lista en mayo de 2008.
