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Los dos hombres juzgados desde este lunes como supuestos autores de clonar tarjetas de crédito, con las que obtuvieron un total de 3.500 euros de varios cajeros automáticos en Salamanca, Madrid, Valladolid y Toledo y que se enfrentan a siete años de cárcel cada uno, han negado que cometieran los hechos.
“No soy culpable”, ha manifestado uno de los acusados, y “no reconozco” ser autor de los hechos, ha expresado el segundo de los acusados, ambos de nacionalidad búlgara, durante el juicio que se ha abierto en la Audiencia Provincial de Valladolid, donde está programado que continúe mañana.
Los hechos por los que se desarrolla la vista oral ocurrieron en febrero de 2017, cuando los dos procesados supuestamente instalaron un instrumento para captar las bandas magnéticas y los códigos pin en un cajero automático de una entidad bancaria de la Avenida de Juan Carlos I de Medina de Rioseco (Valladolid).
Con este sistema, según sostiene el fiscal, obtuvieron los datos de determinadas tarjetas y, con el fin de obtener un beneficio patrimonial, efectuaron operaciones no autorizadas ni conocidas por los titulares de las tarjetas en las provincias de Salamanca, Madrid, Valladolid y Toledo.
A preguntas del acusador público, los dos procesados han sostenido que el material empleado para clonar tarjetas localizado por la Policía en la casa en la que residía uno de ellos no era suyo y pertenecía a un amigo llamado Iván que residía en una habitación alquilada en la misma vivienda.
En Medina de Rioseco “nunca he estado ni de paso”, ha sostenido el acusado, quien ha sugerido la posibilidad de que su compañero de piso pudiera haber pasado por allí con un vehículo de su propiedad que le dejaba de vez en cuando, sin saber donde se dirigiría con el coche.
Sí ha admitido que a veces han pasado por Salamanca y han parado a comprar comida y ha detallado que un día durmieron en Medina del Campo (Valladolid), donde acudieron a un club y después se alojaron en un hostal.
“Nunca he usado tarjetas clonadas”, ha subrayado en respuesta a preguntas de su letrado.
Provisionalmente el fiscal demanda siete años de prisión para cada acusado, además del pago de forma conjunta y solidaria de una indemnización de 2.700 euros al Banco Popular y ochocientos euros al Banco de Santander, por un delito de continuado de estafa en concurso ideal con un delito continuado de falsificación de tarjeta de crédito.
