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La batalla de una castellano-manchega contra Vodafone tras una solicitud de portabilidad

TOyota

/Redacción/

Tras la reclamación de FACUA Castilla-La Mancha, Vodafone ha devuelto a una usuaria 128 euros de unas facturas tras «negarse a cancelar una portabilidad alegando que ya había enviado la tarjeta SIM a la usuaria y que primero debía activarla para luego hacer efectivo el desistimiento».

Mónica V.S., residente en el municipio toledano de Fuensalida, decidió en septiembre de 2018 «hacer una portabilidad de su compañía telefónica, Jazztel, a Vodafone para dos líneas de teléfono». La primera compañía, sin embargo, le realizó una contraoferta que «la usuaria decidió aceptar, ya que las condiciones le resultaban más interesantes».

Como consecuencia, Jazztel inició el procedimiento para anular la portabilidad. Vodafone, sin embargo, «se negó a aceptar la cancelación de una de las líneas telefónicas con la excusa de que la tarjeta SIM ya había sido enviada a un establecimiento para que la usuaria la recogiera, y que primero debía activarla para poder anularla». Además, le «cobró varias facturas, de septiembre de 2018 a enero de 2019, en concepto del servicio de telefonía, que realmente nunca llegó a prestarle ya que Mónica no recogió dicha tarjeta», según asegura FACUA.

La usuaria decidió entonces acudir a FACUA Castilla-La Mancha para que ejerciera acciones en defensa de sus derechos. El equipo jurídico de la asociación se dirigió a Vodafone para que hiciera efectiva la cancelación total de la portabilidad, anulara las facturas y devolviera a Mónica los cargos cobrados indebidamente.

FACUA Castilla-La Mancha alegó que «las cantidades no se sustentan en ninguna prestación realizada por la mercantil, toda vez que nuestra asociada ejerció su derecho al desistimiento del contrato en los plazos previstos» y se refirió «al Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumisores y Usuarios, que establece que el usuario dispondrá de un plazo mínimo de catorce días naturales para ejercer el derecho de desistimiento».

Finalmente, tras la reclamación de la asociación, Vodafone comunicó que «le confirmamos que hemos realizado un abono de 128,48 euros, impuestos indirectos incluidos, en concepto de la anulación de la facturación emitida desde el 15 de septiembre de 2018 hasta el 15 de enero de 2919 […] Asimismo, le confirmamos la desactivación total de los servicios», concluyen desde al Asociación de Consumidores.

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