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El jefe de la Policía Local de Albacete, Pascual Martínez, ha sido citado a declarar, en calidad de investigado, el próximo lunes, en el juzgado de Instrucción número dos de esta ciudad, por las irregularidades detectadas en el contrato de adquisición de la Policía Local de Albacete, que habían denunciado en los últimos años tanto el Sindicato de Policías Locales de la región como otros sindicatos.
En un comunicado, el gabinete jurídico Suárez-Valdés ha recordado que la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 2 de Albacete tiene su inicio en las denuncias presentadas por un exconcejal del Ayuntamiento de Albacete, Pedro Soriano, actualmente en el partido político ‘Contigo Somos Democracia’, el Sindicato de Policías Locales de Castilla-La Mancha, así como la Fiscalía Provincial, en base a la investigación que llevó a cabo tras el traslado de los hechos por el Ayuntamiento de Albacete en junio de 2017.
Así, en el mismo comunicado, indican que la propia fiscalía remitió las diligencias al juzgado de instrucción por si los hechos denunciados fueran constitutivos de un presunto delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal.
A raíz de los informes de los técnicos municipales y sus servicios jurídicos, el Ayuntamiento de Albacete dictó resolución el pasado mes de marzo de 2019, disponiendo la incoación del oportuno expediente disciplinario al intendente jefe, Pascual Martínez, “por la presunta comisión de una falta disciplinaria muy grave o grave, cuya sanción está prevista incluso con la separación del servicio”.
El expediente se encuentra en suspensión en tanto no recaiga resolución firme del proceso penal y también existen otros dos expedientes administrativos abiertos, uno contra la empresa suministradora y otro contra el Intendente Jefe por posibles daños patrimoniales a la administración.
A la empresa se le reclama una cantidad de más de 200.000 euros, resultantes de un estudio pericial encargado por el propio Ayuntamiento el año pasado.
El gabinete jurídico ha recordado que el proceso de contratación de la uniformidad se inició en 2014 y ha subrayado que, “tras la auditoria del propio Ayuntamiento, se detectaron numerosas irregularidades”, pero se adjudicó por un valor de 494.999,98 euros, cuando el precio máximo posible estaba determinado en 495.000, es decir, dos céntimos de euro de baja en la oferta.
Y esto, “al haber quedado sólo validada por la Mesa de Contratación tras los Informes de valoración del Intendente Jefe, que excluyó a dos empresas por algunas de las mismas deficiencias que luego durante la auditoría, se detectaron en muestras de las prendas de la empresa adjudicataria”, han concluido las mismas fuentes.
