/Marta López/
Tras la última cita con las urnas el pasado 26 de mayo, este jueves PSOE y la coalición Unidas Podemos-IU Albacete firmaban el acuerdo de investidura que garantiza la elección como presidente de la Diputación Provincial albaceteña al socialista Santiago Cabañero, actual presidente en funciones de dicha institución. Con este pacto, se alcanzaría la mayoría requerida para gobernar en la Diputación provincial al sumar los diputados obtenidos en las urnas tanto de PSOE como de Unidas Podemos-IU, 12 y uno respectivamente.
Un acuerdo que espera Santiago Cabañero “de estabilidad los próximos cuatro años” en esta institución. De este modo, agradecía “la buena predisposición al diálogo” de los equipos negociadores de ambas formaciones políticas que han hecho que este acuerdo vea la luz.
Por tanto, destacaba Cabañero que este pacto de investidura “es un acuerdo de las cosas que nos unen y que queremos poner en marcha en esta legislatura”, añadiendo que han tenido “muchas coincidencias” y que supondrá la “continuidad a las políticas” llevadas a cabo en la institución durante la pasada legislatura.
Así, este acuerdo logra la estabilidad institucional necesaria para los próximos cuatro años, y recoge un total de seis puntos de diversa índole, fundamentales para el impulso y el desarrollo de políticas comunes.
Por su parte, José Ignacio Díaz, único representante de Unidas Podemos-IU en la Diputación de Albacete, destacaba de este acuerdo que supone la continuación de estas políticas progresistas que son “seña de identidad de la provincia de Albacete y que anteponen por encima de todo a las personas”. Además, agradecía Díaz “la mano tendida del PSOE a pesar de la gran superioridad con la que cuentan” en la institución provincial.
La primera de las conformidades supone dar continuidad a los compromisos, tanto políticos como de carácter presupuestarios alcanzados entre los grupos PSOE y Ganemos-IU, recogidos en el acuerdo presupuestario alcanzado para el ejercicio 2019. Además, para garantizar el cumplimiento de este acuerdo se establecerá una Comisión integrada por las personas que designen ambos partidos políticos. Así, el cumplimiento de este pacto podrá servir de base para el inicio de la negociación para un pacto de gobierno.
El diputado socialista, Francisco Valera, manifestaba que tenían “muy claro que había que mirar a la izquierda para tener un gobierno progresista”. Así, destacaba que este acuerdo supone “atender a todos los municipios de la provincia, así como atender la realidad de la misma”. Además, añadía que “no es un acuerdo nuevo, fruto de un día para otro, sino que se viene fraguando durante cuatro años”, indicaba Valera, incidiendo en que “es la continuación y culminación del acuerdo de presupuestos de 2019”, constituyendo un gobierno de progreso y que impulse políticas de izquierdas”.
La despoblación, seguir apostando por políticas sociales, la transparencia, la defensa de la gestión pública de los servicios, promover la igualdad y la defensa del medio natural, son los pilares sobre los que se asienta el acuerdo alcanzado por ambas formaciones políticas en la Diputación de Albacete.
Despoblación, políticas sociales y gestión transparente
“Vamos a seguir luchando con medidas muy concretas”, exponía Francisco Valera, admitiendo que la despoblación en la provincia de Albacete es “un problema” al que hay que continuar enfrentándose. Así, este acuerdo propone medidas que pasan por “la creación de empleo, la prestación de unos servicios que dignifiquen vivir en un pueblo y la mejora de las infraestructuras”, destacaba el socialista.
Respecto a la creación de empleo incidía, en la necesidad de fomentarlo especialmente entre “los jóvenes y las mujeres”. También declaraba que están “pendientes de mejorar el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, el servicio de telepresencia y la promoción de la cultura como servicio público” en estos núcleos rurales.
Así, en relación a los problemas surgidos durante la anterior legislatura con el servicio de recogida de residuos sólidos, Santiago Cabañero destacaba que “se está elaborando un nuevo pliego”, reconociendo que “ha habido disfunciones” en este servicio prestado por la Diputación Provincial. De este modo, declaraba que en “han hablado y mucho” con la empresa adjudicataria encargada de prestar este servicio, quien alegaba “problemas internos”.
En relación a las infraestructuras, Francisco Valera mostraba el compromiso de este pacto con la “mejora de las instalaciones del SEPEI, así como el mantenimiento y accesibilidad a los municipios de la provincia, la búsqueda de la eficiencia energética en los edificios y vehículos del parque móvil de la Diputación, lograr la conectividad a internet en toda la provincia y apostar por el Plan Estratégico de Carreteras”.
Además, contemplan la consecución de políticas sociales comprometidas con el empleo, la exclusión social y la pobreza. Para ello, Valera destacaba la importancia del “mantenimiento de la Mesa Social, de la colaboración con la Junta de Comunidades con los Planes de Empleo Extraordinarios, el mantenimiento de ayudas al transporte escolar” o el fomento de la cultura y el turismo en la provincia”. Así, dejaba claro que para la consecución de estas acciones concretas de concreto es necesario hacerlo “con transparencia y participación”.
Gestión pública de los servicios, defensa del medio natural e igualdad
El diputado de la coalición Unidas Podemos-IU, José Ignacio Díaz, apuntaba que “es fundamental que sea la propia Diputación quien gestione directamente los servicios públicos”. De este modo, el acuerdo firmado por ambas formaciones políticas considera “establecer un mecanismo de control de los servicios privatizados una vez concluya el periodo de licitación”, apuntaba Díaz.
Además, estiman conveniente generar nuevos recursos para inversión y desarrollo en competencias propias de la Diputación y especialmente a los municipios, mediante el traspaso de servicios cuya titularidad competencias recae en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Respecto a la defensa del medio natural, José Ignacio Díaz, apuntaba cuatro puntos necesarios para “fijar población”, especialmente en el medio rural. Así, el acuerdo contempla la defensa de las cuencas hidrográficas a través de una gestión sostenible de sus recursos, la apuesta por la ganadería tradicional frente a los modelos de explotación industriales, el fomento de la agricultura ecológica y el consumo de proximidad, y finalmente el apoyo a los Ayuntamientos para el cumplimiento de la normativa europea en materia de depuración de aguas residuales.
Por último, Nieves Navarro se encargaba de desglosar las políticas que recoge este acuerdo en materia de igualdad. Así, incidía en la necesidad de promover desde los ayuntamientos “la educación para la igualdad, el respeto a la diversidad y la lucha contra las violencias machistas”.
Como medidas concretas, apuntaba Navarro el compromiso de la ejecución de la partida presupuestaria de 60.000 euros para “el apoyo de la itineraria de los profesionales del Centro de la Mujer”, además, de los recursos de acogida en municipios de la provincia “sin atención directa en la comarca de Higueruela-Chinchilla-Pozo Cañada”.
