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La Guardia Civil inmoviliza 30 toneladas de patas de pollo en una empresa de Castilla-La Mancha

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El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha inmovilizado treinta toneladas de patas de pollo para consumo humano y exportación a países asiáticos, en una nave de Ciudad Real dedicada al procesado de este producto, en el marco de una macrooperación contra el fraude alimentario.

La Guardia Civil inmovilizó ese producto por carecer de registro sanitario y de autorizaciones administrativas autonómicas y municipales, por lo que fue detenida una persona.

La última macrooperación contra el fraude alimentario en más de 60 países ha puesto el foco en los productos ecológicos. En España, con más 2.500 inspecciones, la Guardia Civil ha destapado las trampas de una empresa en Granada que vendía como «bio» y al doble de su precio cientos de toneladas de pepino convencional.

Más de 470 toneladas de esta hortaliza han sido requisadas por la Guardia Civil a una empresa de distribución de hortalizas y vegetales a Europa, porque el 80 por ciento de los alimentos iban a parar al mercado exterior, explica a Efe Julio Moyano, responsable del grupo de inteligencia medioambiental del Seprona.

Esta unidad ha participado en una nueva edición de la Operación Opson, coordinada por Interpol y Europol con la participación de diferentes cuerpos policiales de 60 países de la que hoy se han dado a conocer los resultados de las inspecciones practicadas entre el 4 y el 17 de marzo y cuyo objetivo prioritario fijado por la Comisión Europea ha sido la detección del fraude en los productos ecológicos.

Un total de 2.534 exámenes ha realizado la Guardia Civil a diferentes establecimientos del sector de la alimentación, donde se han abierto 1.525 sanciones administrativas y detenido o imputado a 35 personas, nueve de ellas por fraude en los productos ecológicos.

De todos esos controles, la Guardia Civil se incautó alrededor cientos de toneladas de alimentos y 39.000 litros de bebidas, según explica Moyano que destaca en el territorio dos operaciones contra el engaño en lo ecológico: una redada en una empresa de Granada y otra en Madrid, concretamente en el mercado Mercamadrid.

La primera empresa trabaja la distribución del pepino, pimiento, calabacín y algo menos el tomate. Todo supuestamente ecológico, porque la sociedad tenía certificado como tal y, de hecho, aseguraba que no disponía de línea de distribución de hortalizas y verduras convencionales.

Sin embargo, las sospechas se levantaron cuando en el marco de las investigaciones de la Operación Opson los agentes detectaron la entrada y salida de agricultores de la zona con hortalizas, algunos sin cultivar ecológico.

«La empresa solo se suministraba de proveedores locales y movía una cantidad de alimentos muy superior a la producción ecológica de la zona», zanja Moyano.

El engaño fue, por tanto, rápidamente constatado. Los tres responsables fueron detenidos e investigados por un delito contra los consumidores, a los que claramente engañaban. Si el precio del kilo de pepino «normal» estaba entonces a 0,55 euros, el que distribuían con la etiqueta «bio» sin serlo lo vendían a 0,97 euros, casi el doble.

Lo mismo pasaba con el pimiento rojo de California. De un precio de 0,76 euros el kilo del convencional a 1,07 el kilo del ecológico.

De la provincia de Granada al gran mercado de mayoristas de Madrid, Mercamadrid, donde la Guardia Civil destapó en esta macrorredada internacional otra estafa de lo ecológico, la del huevo.

Los agentes descubrieron que en la numeración obligatoria que cada huevo debe llevar marcado en su cáscara, había algunas en blanco.

Durante una inspección el Seprona detectó dos partidas de huevos procedentes de Cuenca y Cáceres que habían sido comercializados como ecológicos pero eran de categoría inferior y no cumplían con las especificaciones que marca la normativa vigente.

Se intervinieron 45.360 huevos y resultaron detenidas seis personas por los supuestos delitos de falsificación de documentos, estafa y relativos al mercado y los consumidores.

En Alicante la Guardia Civil aprehendió 87 kilos de azafrán cuyo precio podía superar los 800.000 euros en un laboratorio clandestino por el que fueron investigadas dos personas.

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