La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a cuatro años y medio de prisión al último de los acusados de traficar con drogas en fiestas de la región, para el que la Fiscalía solicitaba seis años de prisión por un delito contra la salud pública.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se han considerado probados los términos de una investigación que comenzó en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), donde la Guardia Civil tuvo conocimiento de que un grupo de personas vendía drogas, especialmente cocaína, pero también MDMA, en festivales de música de Castilla-La Mancha. A través de la escucha telefónica, los investigadores descubrieron una organización que presuntamente se dedicaba a introducir cocaína desde Colombia que llegaba a Barajas impregnada en papel.
Así, consideran demostrado que el procesado era una de las personas con las que contactaba otro de los acusados, ya juzgado en abril del pasado año, a través del teléfono para proveerle de droga y la sentencia recoge las tres conversaciones reproducidas por el escrito de acusación que fueron interceptadas por los agentes encargados del caso con fechas de 22 y 23 de mayo y 16 de julio de 2015, además de alguna conversación en la que el acusado contactaba con compradores de las sustancias ilegales.
Asimismo, las conversaciones del acusado con otros dos componentes de la trama, uno de ellos un repartidor de paquetería de la Universidad Carlos III, puso a los investigadores en la pista de dos paquetes que fueron interceptados en Barajas y que contenían cocaína impregnada en diversos folios.
A consecuencia de lo anterior, se autorizó por el Juzgado la entrega vigilada de dos paquetes postales remitidos, respectivamente, por Universidad Santo Tomás y Universidad del Rosario (ambas en Colombia), figurando como destinataria la citada Universidad Carlos III, autorizándose la extracción y sustitución de la cocaína contenida en los paquetes. A las 09.00 horas del día siguiente se inició la referida entrega vigilada, siendo el repartidor de paquetería empleado en dicha universidad implicado en los hechos el que se hizo cargo de los envíos, introduciéndolos en la furgoneta para ser detenido pocos minutos después, siendo llamado constantemente por teléfono durante la detención por el acusado que será juzgado el próximo jueves.
Por estos hechos, la magistrada considera lo considera responsable de un delito contra la salud pública.
El resto de implicados en estos hechos ya fueron juzgados en abril del pasado año en un juicio en el que ocho de ellos, hombres y mujeres de entre 26 y 48 años, aceptaron penas de entre tres y cuatro años y medio.
Sólo uno, residente en Madrid y para el que la Fiscalía pedía cinco años, quiso ir a juicio alegando que el solo vivía en uno de los pisos investigados por ser frecuentados por personas que estaban vinculados a la trama.
